La madre presentó una denuncia penal contra su propia hija por apropiarse del dinero de su pensión por discapacidad durante un período prolongado. La acusada ya fue imputada por la Justicia, que avanza en la investigación para establecer el alcance de la maniobra y si existieron otras víctimas.
Según la reconstrucción del hecho, el engaño fue gradual y sostenido en el tiempo. En una primera etapa, la imputada le informaba a su madre que solo cobraba una parte del beneficio. Con el paso de los meses, el argumento cambió: le aseguró que la pensión había sido suspendida por el Gobierno nacional. Mientras construía ese relato, continuaba percibiendo el dinero sin que la beneficiaria lo supiera.
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Las consecuencias materiales para la víctima fueron severas. Al quedar sin ingresos propios, debió desprenderse de muebles y pertenencias personales para sostener sus gastos cotidianos. También recurrió a préstamos de familiares y conocidos para cubrir necesidades básicas, entre ellas la compra de medicamentos. La situación se prolongó al menos durante los últimos cinco meses, período en el que la acusada habría mantenido activo el cobro y el engaño de manera simultánea.
El caso expone una forma de vulneración que combina el vínculo de confianza más estrecho -el familiar directo- con la apropiación de un beneficio específicamente destinado a personas con discapacidad, un segmento de la población que ya enfrenta condiciones de vida estructuralmente más frágiles.
La situación procesal de la imputada podría agravarse en los próximos días. Fuentes cercanas a la causa señalaron a El Doce que la sospechosa también podría haber cometido estafas contra otras personas, lo que abriría una investigación más amplia sobre su conducta. La Justicia trabaja en la determinación de responsabilidades y en el relevamiento de eventuales damnificados adicionales.
