La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia rechazó un planteo de competencia de cuatro defensores en la causa por presunta asociación ilícita y defraudaciones inmobiliarias de Estancia Santa Lucía -barrio ubicado sobre Ruta 5 camino a Alta Gracia- que involucra, entre otros, al empresario Alejandro ´Jano´ Pedrosa.
Quienes fueron al máximo tribunal son los abogados de los imputados Rodrigo Maximiliano Hoyos Gijón, Orlando Conti, Luis Raúl Bizzocchi, Ricardo Gustavo Bizzocchi y Marcelo Nasif.
El meollo del caso gira en torno a si la Justicia provincial es competente para seguir entendiendo en la causa principal o todo debe ser agregado a otro expediente que se tramita en la Justicia Federal.
La Sala Penal rechazó los recursos. No obstante, la resolución se emite sabiendo que el conflicto de competencia positivo ha sido elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los defensores señalan que la justicia provincial es incompetente porque existe una doble persecución penal por el mismo hecho que también se investiga en el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba.
Qué investiga la Justicia provincial
El expediente radicado en la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Enrique Gavier, se centra en el presunto funcionamiento de una asociación ilícita vinculada al desarrollo inmobiliario fraudulento “Estancia Santa Lucía”. El derrotero arranca cuando las tierras pertenecían al loteo “Mi Valle Country Club”.
La investigación apunta a la subdivisión de los lotes, a partir de ahí la multiplicación incluyendo lotes inexistentes, prometiendo títulos de dominio imposibles de otorgar. Todo habría sido posible porque ocultaron la verdadera situación registral y catastral de los supuestos terrenos, utilizando poderes de forma fraudulenta.
Los imputados son: el escribano Gonzalo Argarate; el empresario agropecuario Omar Llamil Badrán; Gustavo Ricardo y Luis Raúl Bizzocchi; Orlando Conti, Rodrigo Hoyos Gijón, Marcelo Nasif, y Alejandro Pedrosa, presidente de Prodismo SRL.
Qué investiga la Justicia federal
La causa está radicada en el Juzgado Federal 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes. Se trata de una presunta asociación delictiva organizada con el propósito de obtener recursos económicos para el desarrollo del emprendimiento inmobiliario “Estancia Santa Lucía”, simular solvencia y posibilitar su venta al grupo Edisur SA. El período de actuación se fija entre 2015 y 2022. Incluye libramiento de cheques de pago diferido sin respaldo, intermediación financiera no autorizada e infracciones al régimen penal tributario y cambiario; además de lavado de activos.
La defensa sostiene que la naturaleza de los delitos federales (contra el orden económico y financiero) hace que deba prevalecer la competencia de excepción para investigar la conducta global de la asociación ilícita.
Qué resolvió el TSJ
Por unanimidad, con los votos de Aída Tarditti, Marta Cáceres de Bollati y Luis Enrique Rubio, rechazó los recursos de casación de los defensores y mantuvo la competencia de la Justicia provincial en la causa principal.
No hay dos juicios por hechos idénticos (Ne Bis in Idem), no se evidencia la identidad de sujeto, objeto y causa para que opere dicha garantía, fueron los argumentos centrales..
La Sala Penal respaldó el análisis del Fiscal de Instrucción, quien había postulado que se está en presencia de dos grupos criminales que son distintos, compuestos por personas distintas, en diferentes lapsos temporales y con fines criminales diversos.
