El fiscal general adjunto, José Gómez Demmel, enfrenta tres procesos en la Justicia provincial; dos de ellos ya abiertos y el tercero aún en etapa preliminar. El Tribunal de Ética, presidido por Armando Andruet, analiza si los diálogos que mantuvo el funcionario con la fiscal civil, comercial y laboral, Alicia García de Solavagione, por una causa sobre ART y con dos ayudantes fiscales por causas contravencionales, encuadran en una infracción al código que rige la actuación de funcionarios y magistrados. Y también si los diálogos y testimonios brindados por los denunciantes pueden configurar interferencia en sus respectivas actuaciones.
En la Oficina de Sumarios Administrativos, que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aún no se abrió el sumario por la presentación de García de Solavagione, la primera en exponer el caso- que el fiscal general, Alejandro Moyano, elevó al TSJ para que le dé trámite. Actualmente, hay una investigación administrativa preliminar. De prosperar, derivará en su apertura.
Y en tercer lugar, Gómez Demmel enfrenta una acción penal que se tramita en el Juzgado de Control Anticorrupción, a cargo de Gustavo Hidalgo. Acá se investigan, únicamente, las denuncias de dos ayudantes fiscales, Carlos Vera y Jaime Corominas. El primero, por un procedimiento contravencional contra tres naranjitas y el segundo, por su intervención para levantar la protesta de una mujer frente a Tribunales I. El 3 de noviembre, el juez, resolvió citar a declaración indagatoria a José Gómez Demmel y a Lucas Crisafulli “por los delitos de Abuso de Autoridad, artículos 45 y 248 del Código Penal a tenor de lo dispuesto por el art. 306 in fine del Código Procesal Penal”. Así reza la decisión del magistrado. El artículo 306 establece que en un plazo de 10 días después de la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado si encuentra elementos convincentes del hecho y de la participación del denunciado.
El miércoles último, al mediodía, Gómez Demmel y Crisafulli fueron indagados por el juez Hidalgo. Asistidos por el abogado Justiniano Martínez, ambos negaron los hechos y se abstuvieron de declarar con el compromiso de formular su descargo por escrito y aportar las pruebas necesarias. Los diálogos de WhatsApp y una carpa molesta En la denuncia formulada por el ayudante fiscal Carlos Vera, una de las pruebas incorporadas es una secuencia de diálogos por WhatsApp. Se iniciaron el 22 de septiembre entre el teléfono de Vera y el de Crisafulli, el empleado judicial denunciado.
A continuación se reproducen textualmente, sin corrección alguna.
- Lucas Crisafulli: Hola Carlos, como va. Vos tenés el procedimiento de los tres naranjita?
- Carlos Vera: Si
- LC: Dos femenino y un masculino. Solo por el artículo 60 no? No hay delito ni pedido de captura?
- CV: Si. Son por 60
- LC: Están presos o ya le diste la libertad?
- CV: Recién están entregando los esta por ver el médico. Tipo 23 se van
- LC: oka. Gracias. Le aviso a Gomez Demmel
- CV: (dedo pulgar arriba de aprobación) 26 de septiembre
- LC: Hola carlos. Ahí me dijo verónica que las causas de los naranjitas están citados para este jueves y viernes la audiencia. Me pidió el Dr Gomez Demmel que me mandes copia de la resolución. Muchas gracias
- CV: Yo le estoy por hacer un art.25 porque todos hicieron el pago voluntario
Cabe aclarar que el artículo 60 del Código de Convivencia es el referido al cuidado de vehículos sin autorización. Y el artículo 25 prevé el pago voluntario de las multas en las contravenciones. Carlos Vera formuló la denuncia el 10 de octubre, un día después de que se hiciera pública la presentación de García Solavagione a la Fiscalía General. En su declaración testimonial ante la fiscalía Anticorrupción de Hugo Amayusco, Vera también se refirió a una comunicación telefónica el día 26 de septiembre, por la tarde. Según su versión, Crisafulli lo llamó y le dijo que Gomez Demmel quería “una resolución de las causas urgente porque estaba toda la prensa preguntando por los naranjitas”. Relató que le respondió que no había pruebas para condenarlos porque no había denuncia de las víctimas, por lo que iban directo a una absolución. Vera señaló que Crisafulli cambió el tono de voz y ofuscado le dijo que hablaría sobre el tema con el doctor Gómez Demmel. Y al día siguiente, prosiguió, Crisafulli se apersonó en la unidad contravencional y pidió los sumarios, los vio y solicitó que citaran a la gente damnificada para realizar la audiencia. Una de las presuntas damnificadas se presentó, dijo que había pagado voluntariamente a una de las mujeres cuidacoches, aunque la policía había detenido a dos.
La carpa frente a Tribunales. Javier Corominas es el ayudante fiscal que relató su intervención trunca en un procedimiento por la presencia de una carpa frente a Tribunales I con carteles pegados en la fachada, en la que una mujer protestaba por la pérdida de la tenencia de un hijo, invocando a altos funcionarios de la Justicia. Contó que, una vez iniciado el procedimiento contravencional, por el artículo 267 del Código de Convivencia, referido a empapelar monumentos públicos, recibió una llamada de Gómez Demmel quien le dijo que ”mantuviera la causa en ese estado por ahora”, por lo que la causa quedó sin resolución. Según la defensa del fiscal general adjunto, mientras se sustanciaba el procedimiento contravencional se había generado una mesa de negociaciones con el objetivo de evitar una intervención conflictiva.
Abuso de autoridad, el delito a investigar. En la causa penal, el abogado Justiniano Martínez planteó esta semana una “excepción de previo y especial pronunciamiento” que debe resolver el juez Hidalgo. El recurso cuestiona la falta de tipicidad de las conductas investigadas. La defensa considera que de la valoración de las pruebas y los testimonios no es posible concluir que se configura el delito de abuso de autoridad, ya que implicaría describir hechos en que existió una orden dada por el funcionario contraria a las normas jurídicas. Cuestiona, precisamente, que los mensajes y el relato del contenido de llamadas telefónicas no permiten deducir que Gómez Demmel haya pretendido torcer la decisión de los ayudantes fiscales. En el caso de Vera, las comunicaciones fueron protagonizadas exclusivamente por él y el empleado de tribunales Lucas Crisafulli; y en el de Corominas, el defensor pretende probar que la sugerencia de no continuar con el procedimiento se debió exclusivamente a la mesa de negociaciones que ya funcionaba para desalentar la continuidad de la protesta que realizaba la mujer frente al edificio central de Tribunales.
