El intendente Daniel Passerini dispuso una reestructuración sin precedentes en la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito del municipio cordobés. Les exigió la renuncia a todos sus funcionarios, desde el subsecretario Eduardo Ramírez hasta los niveles más bajos del escalafón. Las renuncias quedaron firmadas y el Ejecutivo municipal definirá en los próximos días quién continúa en funciones y quién queda fuera de la estructura
La medida alcanza las cuatro direcciones generales de la dependencia -Control y Gestión, Transporte, Tránsito y Educación Vial, y Policía Municipal- más la Dirección de Digitalización y Comunicación.
La decisión llega en el difícil momento político para el Palacio 6 de Julio. Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega, era empleado municipal en la Escuela Municipal de Tránsito desde 2021, donde dictaba capacitaciones para licencias de motos. Tenía antecedentes penales: en mayo de 2025 fue detenido por privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. El municipio argumentó que no recibió notificación formal de ese proceso y lo mantuvo en su nómina hasta que el crimen lo hizo imposible de sostener.
El amor no las mató, sus parejas sí: el 59% de los femicidas eran parejas o exparejas
La misma Escuela Municipal de Tránsito ya arrastraba otro escándalo. Semanas antes del femicidio, la Justicia ordenó allanamientos en el predio de avenida Sabattini -frente al Hiper Libertad- por una presunta maniobra de entrega de carnets de conducir sin cumplir los requisitos obligatorios, a cambio de dinero. Un empleado municipal quedó detenido en el marco de esa causa, mientras la fiscalía evalúa si existen más involucrados. La acumulación de irregularidades en una misma área encendió las alarmas en el gobierno comunal.
A la crisis institucional se sumó una controversia política de alto impacto. El concejal oficialista Ricardo Moreno reconoció públicamente que fue él quien recomendó el ingreso de Barrelier como becario en el municipio, a partir de vínculos compartidos en las 62 Organizaciones Peronistas. Ante la presión opositora, que preparaba un pedido formal de expulsión para la sesión del jueves, Passerini movió sus piezas: dispuso que Raúl La Cava -uno de sus hombres de mayor confianza y ex secretario de Políticas Sociales- retomara su banca en el Concejo Deliberante, lo que desplazó a Moreno sin necesidad de un debate público.
Passerini anunció además una medida de alcance más amplio para reencuadrar el debate político. El intendente extenderá los controles de narcotest y verificación de antecedentes penales a todos los empleados municipales, una práctica que hasta ahora se aplicaba solo a funcionarios políticos. La iniciativa se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza. El reproche que la motiva es directo: el sistema municipal no detectó ni filtró a un empleado con causas penales previas, hoy imputado por femicidio.
