La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) —integrada por los vocales Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati— rechazó el recurso de casación interpuesto por el fiscal de Cámara, Sergio Cuello, y confirmó de la absolución de Lucas Adrián Bustos por la tentativa de abuso sexual y el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, ocurrido en abril de 2020 en Capilla del Monte.
El fallo del máximo tribunal convalida la sentencia dictada en agosto de 2022 por la Cámara del Crimen de Villa Dolores con jurados populares, pero va más allá: expone que toda la instrucción preliminar y la acusación sostenida durante el juicio oral estuvieron erradas y carecieron de sustento probatorio objetivo.
En la actualidad una nueva fiscal está a cargo de la investigación que intenta reconstruir lo sucedido entre marzo y abril de 2020, cuando fue encontrado el cuerpo de Cecilia en un baldío, en las afueras de Capilla del Monte.
Una "confesión" policial ilegal y viciada de nulidad
El pilar sobre el cual la fiscalía de instrucción pretendió edificar la responsabilidad penal de Bustos consistió en una supuesta "confesión espontánea" realizada por el joven ante efectivos de la Comisaría de Capilla del Monte. Sin embargo, el TSJ remarcó que dicho procedimiento resultó ilegal y nulo de nulidad absoluta.
Según reconstruyó el tribunal, Bustos no fue abordado como un simple vecino o testigo, sino que la policía ya lo tenía como blanco de sospecha. En ese contexto, fue trasladado a la dependencia policial y sometido a un interrogatorio informal prolongado, sin la presencia de un abogado defensor y sin haber sido informado de su derecho a guardar silencio.
El fallo enfatizó la manifiesta asimetría institucional del procedimiento y la especial vulnerabilidad de Bustos, quien presenta un retraso mental leve y estructuras cognitivas precarias que le impiden afrontar situaciones de alto estrés sin asistencia técnica. Por tal motivo, el TSJ recordó que la Constitución de Córdoba priva de todo valor probatorio a cualquier manifestación de un sospechoso obtenida sin su defensor.
La prueba científica desmintió las sospechas de la fiscalía
Más allá de la invalidez jurídica de la supuesta confesión, el TSJ analizó detalladamente el plexo de "indicios" que el fiscal de Cámara, Sergio Cuello, invocó para solicitar la pena de prisión perpetua (como el conocimiento de la zona, marcas en los brazos o supuestos rasgos de personalidad) y concluyó que ninguno poseía entidad incriminatoria.
Por el contrario, las pericias científicas incorporadas al expediente contradijeron categóricamente la hipótesis del acusador público. Remarcó la ausencia absoluta de rastros y ADN de Bustos en el cuerpo de la víctima ni en la escena del hecho. La falta de evidencia genética sugiere la intervención de una persona distinta.
La pericia del biólogo demostró que los restos de vegetación adheridos a la ropa de la víctima diferían ostensiblemente en estado y frescura de los hallados en la montura del caballo de Bustos.
Las marcas en los brazos de Bustos respondían a sus tareas rurales habituales y no presentaban el patrón desordenado propio de un zarpazo o forcejeo defensivo.
La familia de la víctima contra la Fiscalía
Un elemento singular del proceso es que la propia querella particular —ejercida por los padres de la víctima, Dora y Daniel Basaldúa, con la asistencia de la abogada Daniela Pavón— y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se opusieron al recurso del fiscal y solicitaron que se confirme la absolución de Bustos. Es un hecho poco usual que las querellas particulares disientan diametralmente con la postura del Ministerio Público Fiscal. En este caso ocurrió desde los albores de la instrucción, a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm.
La querella denunció que la investigación de la fiscalía de instrucción estuvo "plagada de irregularidades, omisiones y falta de perspectiva de género", acusando al Ministerio Público Fiscal de haber desviado la investigación hacia un "chivo expiatorio" inocente, lo que entorpeció el descubrimiento de los verdaderos responsables.
Con la confirmación de la absolución dictada por el TSJ, la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa continúa en curso bajo la órbita de una nueva fiscalía de instrucción de Cruz del Eje, debiendo empezar casi desde cero tras años perdidos en una acusación errónea.
