El próximo 17 de noviembre, la Asociación Civil La Casita Trans realizará en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) el Segundo Congreso Nacional de Niñeces y Adolescencias Trans, una jornada de formación, actualización y debate orientada a fortalecer los acompañamientos a las niñeces y adolescencias trans en distintos ámbitos educativos, sociales y de salud.
El evento, sin embargo, generó repercusiones políticas luego de que el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro) presentó en la Unicameral un proyecto de declaración de repudio y preocupación por su realización. El dirigente sostuvo que la iniciativa "representa un riesgo para la protección integral de los niños y adolescentes", al promover "ideologías que pueden inducir decisiones de consecuencias irreversibles en etapas de madurez aún incompletas".
"Los niños son niños, no hay que etiquetarlos"
En declaraciones a Perfil Córdoba, Hernández Maqueda afirmó: "Yo creo que es una aberración instalar el concepto de niñeces trans. Eso no quiere decir que no existan niños que decidan vestirse o identificarse de una determinada forma. Pero bajo ningún punto de vista se puede tolerar que se cristalice este concepto. Los niños son niños, no hay que etiquetarlos ni categorizarlos".
El legislador remarcó que su posición "no tiene relación con cuestiones de orientación sexual o identidad de género en adultos", sino con "la defensa de los niños y el control del uso de recursos públicos". "No creemos que se tenga que usar al Estado, que es de todos, para ese tipo de ideas", sostuvo.
Críticas al rol de la Universidad Provincial
Maqueda cuestionó que el Congreso se realice en la Universidad Provincial de Córdoba, una institución que, según dijo, "no es autónoma del poder Ejecutivo provincial y depende directamente del gobernador".
"Una cosa es un evento privado, pero cuando se legitima desde un ámbito público, la discusión es otra. Nosotros somos representantes del pueblo y debemos controlar lo que hace el Ejecutivo en su órbita", señaló.
Las declaraciones del legislador fueron cuestionadas por organizaciones del movimiento LGBTQI+, que publicaron un video en redes sociales en defensa del Congreso y criticaron lo que consideraron una postura discriminatoria.
Hernández Maqueda respondió: "No queremos permitir que se confunda nuestra posición. Es exclusivamente respecto de los niños. No tiene nada que ver con las relaciones y vínculos entre adultos, sean del sexo que sean".
El legislador adelantó además que su espacio político analiza la posibilidad de presentar un proyecto de ley similar al vigente en Texas (EE.UU.), que prohíbe tratamientos hormonales o quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.
"Lo nuestro no es una posición religiosa ni moral, sino científica. Estamos convencidos de que estos tratamientos generan más problemas de salud que beneficios", argumentó.
Finalmente, Hernández Maqueda señaló que “países muy progresistas, que reconocen todos los derechos a los adultos, entienden que este es un problema distinto: el de preservar la salud de los niños”.
"Un ataque a la libertad de expresión"
En medio de la polémica por la realización del Congreso de Niñeces y Adolescencias Trans, el legislador provincial Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal Córdoba) denunció un hecho que calificó como "extremadamente grave". Según sostuvo, una resolución judicial dictada por la jueza de Violencia Familiar y de Género, Zulma Palmero, impuso restricciones de expresión a cuatro ciudadanos que se habían manifestado en contra del Congreso.
"Una jueza de violencia ha violentado la libertad de expresión. Ha impuesto un bozal legal a cuatro ciudadanos por oponerse a la realización de un Congreso de niñeces y de juventudes trans", expresó Agrelo.
"Con una resolución judicial les ha prohibido hablar de este congreso, de las personas que lo realizan y de las instituciones involucradas. Ha violado así dos garantías constitucionales: la libertad de expresión y la libertad de cultos, porque estas cuatro personas pertenecen a distintos cultos evangélicos de la ciudad", agregó.
El legislador informó además que, junto a su par Gregorio Hernández Maqueda, presentaron un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra la magistrada por presunto mal desempeño de sus funciones.
2Hoy vienen por estos cuatro ciudadanos, mañana vendrán por otros. Es hora de que la Legislatura tome medidas sobre esta magistrada que cree poder vulnerar los derechos constitucionales sin ningún tipo de límites", concluyó Agrelo.
