El giro discursivo del presidente Alberto Fernández en relación con los tomadores de créditos UVA (que pasó de hablar en campaña de una situación escandalosa y una estafa, a plantear ahora que es un contrato entre privados donde poco puede hacer el Estado) fue un golpe a las expectativas de miles de familias. Son las que esperaban una intervención concreta para aliviar las cargas de quienes tomaron créditos que indexan por UVA y que, en un contexto de fuerte inflación y de devaluación del tipo de cambio como se verificó en los últimos tres años, ven seriamente comprometidas sus chances de seguir pagando el crédito. Por inflación y devaluación los precios de los inmuebles escalaron considerablemente, a la vez que se encarecen mes a mes las cuotas, en muchos casos por encima de las actualizaciones salariales, elevando la relación cuota/ ingreso. Así, según los distintos colectivos que nuclean a los UVA, ya hay casos de tomadores de créditos que comenzaron destinando el 27% de sus ingresos a la cuota de su casa y hoy están llegando al 50%.
A nivel país hay más de 116 mil tomadores de créditos UVA, en Córdoba son 10.780. La evolución de los reclamos podría cambiar a partir de un dictamen de la fiscal Ferreyra de Reyna, de la ciudad de Córdoba, que para un caso individual determinó que este tipo de contratos son consumeriles y que el conflicto de intereses está dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. “Es el caso de una familia que sacó un crédito por $3 millones y que ahora deben $8,5 millones con una relación cuota ingreso que ya es del 50%. Pagan $63 mil de cuota. Tuvimos mediación, demanda, contestación de demanda del banco y dictamen del fiscal. Entonces, la posición del gobierno, que salió a decir que esto es un contrato entre privados se pone en cuestión con este dictamen. Acá se está diciendo que estamos ante contratos consumeriles, que debe aplicarse la Ley de Defensa del Consumidor”, apuntó la abogada Julia Irazoqui, patrocinante de los demandantes y quien también colabora con El Club del Derecho para demandas colectivas de unos 1.500 tomadores de crédito.
El impacto. Según Irazoqui, a partir de este dictamen -y si efectivamente aplica la Ley de Defensa del Consumidorel juez tendría que declarar nulas las cláusulas que él interprete que son abusivas y reformularlas. “Nosotros ya tenemos este dictamen y tras eso vamos a presentar una medida cautelar dentro de este juicio y demostrar cómo evolucionó la relación cuota ingreso que empezó en 30% y ahora es del 50%. Creemos que puede tener impacto a nivel nacional, somos los únicos que hemos llegado a esta instancia”, afirmó.
Para el resto. La expectativa de los abogados que trabajan para este caso puntual y que alcanzaron el dictamen de la fiscalía aduciendo que debe involucrarse en el conflicto a la Ley de Defensa del Consumidor, es lograr una sentencia en primera instancia antes de fin de año, con una medida cautelar y que este caso pueda tomarse como precedente para las miles de demandas similares en la provincia y en el resto del país. “La situación de los tomadores de crédito UVA es muy delicada. Nosotros tenemos un modelo de simulación donde se ve la evolución del capital y también cómo va creciendo la relación cuota ingreso en un contexto de inflación del 45%. Gente que tenía, hace 5 años, una relación de cuota-ingreso de menos del 30% hoy está cerca del 40%, en el 2025 será del 55% y en el 2031 del 98%. Todos sus ingresos se irían a la cuota. Este paso puede ser muy importante para el resto de los hipotecarios UVA”, señalaron los abogados.
