El presidente del TOF2 de Córdoba, José Fabián Asís, explicó las razones del conflicto actual y recalcó la falta de consenso político que bloqueó históricamente el normal funcionamiento del organismo, durante la entrevista en el programa ‘Con el diario del lunes’, que coproducen PERFIL CÓRDOBA y Canal 10.
Asís es consejero suplente por el estamento de los magistrados. Ingresó detrás de Alberto Lugones, quien fue presidente del Consejo hasta el viernes 13 de abril cuando se cumplió el plazo de 120 días que impuso la Corte, al declarar la inconstitucionalidad de la integración que tuvo el organismo desde el 2006.
—¿Cómo se puede interpretar el avance de la Corte Suprema hacia el Consejo de la Magistratura, con la asunción de la presidencia en la persona de Horacio Rosatti?
—Lo que hizo la Corte fue aplicar el Derecho, su propio fallo dictado en diciembre del año pasado. Allí estableció el retorno a los 20 miembros conforme a la integración que hubo hasta 2006.
—Aumentar el número, ¿facilitará su funcionamiento?
—Todos los organismos colegiados constitucionales funcionan con mayorías. El número establecido para el quórum es de 12 miembros.
—¿Cómo se pudo llegar a este punto de conflicto?
—El origen se remonta a la Convención Constituyente de 1994. Por un consenso político se modifica la Constitución y se incorpora en el artículo 114 el Consejo de la Magistratura. Se deja al Congreso el dictado de la ley en cuanto al número y funcionamiento. En ese momento, por un consenso se establece que los estamentos deben ser equilibrados. Se fijaron 20 miembros: la parte técnica, integrada por abogados, jueces y académicos, y la parte política, por el representante del Poder Ejecutivo y de diputados y senadores. Y se decidió que sea encabezado por el presidente de la Corte Suprema. Funcionó así desde 1998 hasta 2006, durante ocho años.
—En 2006, fue el Congreso el que aprobó una nueva integración.
—Sí, pero la Cámara Contencioso Administrativa consideró que la modificación fue inconstitucional porque alteró el equilibrio. Los jueces pasamos de tener cuatro a tres representantes, los abogados, de cuatro pasaron a dos. El estamento político pasó a tener siete miembros contra seis de los estamentos técnicos. Pasaron muchos años sin que el Congreso resolviera el tema. En su fallo del 16 de diciembre pasado, la Corte retrotrajo el esquema al inicial de 20 miembros porque no se aprobó una nueva ley. Lo que faltó fue un acuerdo político.
—Sin embargo, hay otras lecturas. Justicia Legítima sacó un pronunciamiento donde define la situación como una crisis judicial…
—Creo que todo el mundo jurídico y los judiciales entendíamos que el equilibrio no se estaba respetando porque, al disminuir la representación del estamento judicial, nos faltaba más inserción en el Consejo de la Magistratura. Cuando se modificó la ley en 2006, pasando de 20 a 13 miembros, por un proyecto de la actual vicepresidenta, se planteaba una cuestión lógica y objetiva. Que con 20 miembros era difícil llegar a acuerdos. Se decidió reducir para ganar en agilidad. Pero, desde entonces a la fecha, el Consejo siguió con las mismas demoras y conflictos en acuerdos para la designación y remoción de los magistrados que tenía en aquella época. La cantidad de miembros no es determinante para que el Consejo se mueva más o menos rápido. Eso depende de acuerdos y consensos de las fuerzas políticas. Hoy tenemos un récord de 28% de vacantes en todo el poder judicial.
