El Juzgado Civil y Comercial de 51° Nominación de la ciudad de Córdoba rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por un motociclista en contra del conductor de un Toyota Corolla, tras un siniestro vial ocurrido el 18 de agosto de 2018 en la Avenida Bodereau. Le reclamó más de $2.6 millones por lesiones graves, daño en su motocicleta e incapacidad laboral permanente del 45% pero el juez concluyó todo fue culpa del responsable de la moto.
Se trata de Jesús Romero quien alegó que el auto Toyota lo había encerrado al intentar estacionar de forma sorpresiva. La pericia accidentológica a cargo del ingeniero Jorge Morera determinó lo opuesto: la motocicleta realizó una maniobra de sobrepaso por la derecha del automóvil, dentro del mismo carril, e impactó en el lateral derecho del vehículo. Las fotografías incorporadas a la causa mostraron marcas de arrasamiento en ese costado que culminaban con el descuaje del espejo retrovisor delantero derecho, lo que ratificó la trayectoria de la moto en el momento previo al impacto.
Las lesiones y lo que reclamaba el actor
El siniestro le provocó a Romero fracturas de maxilar, pómulos, tabla frontal, ambos pisos orbitarios y quinto metacarpiano, pérdida de piezas dentarias con indicación de seis implantes y coronas, cicatrices quirúrgicas y estrés postraumático. Estuvo internado en el Hospital de Urgencias en varias oportunidades y fue sometido a múltiples intervenciones. Su médico legista estimó una incapacidad laboral parcial y permanente del 45% de la Total Obrera.
El monto reclamado incluía $2.414.515 por incapacidad sobreviniente, $167.000 por tratamiento odontológico, $31.830 por daños en la motocicleta y otros rubros menores por farmacia, flete y desvalorización venal del rodado. La aseguradora Mercantil Andina Seguros S.A., citada en garantía, acompañó al demandado en el rechazo de la acción.
Sobrepaso por la derecha: prohibido
El fallo analiza en detalle las normas de tránsito aplicables. El artículo 71 de la Ordenanza Municipal 9981 establece que el sobrepaso de todo vehículo que circule en el mismo sentido debe realizarse por la izquierda. El artículo 72 admite excepciones sólo cuando el vehículo que precede indica intención de girar a su izquierda, o cuando existe congestión en el carril izquierdo. Ninguna de esas circunstancias estaba presente en el caso.
El juez Massano precisó además que la propia ordenanza define al carril como la parte de la calzada destinada al tránsito de una sola hilera de vehículos. Por lo tanto, si el Toyota Corolla ya ocupaba el carril adyacente al cordón derecho, no existía posibilidad legalmente permitida para que la moto intentara circular entre ese vehículo y la vereda. La maniobra, concluyó el magistrado, era imprudente, ilícita e imprevisible para el conductor del automóvil, quien solo tenía el deber de vigilar su frente y su lateral izquierdo.
El testigo que dijo que llevaba casco, pero el hospital dijo otra cosa
Un testigo indicó de forma determinante que el conductor de la motocicleta llevaba casco, pero el acta de atención del Hospital de Urgencias del mismo día del siniestro dejó asentado que el motociclista ingresó sin casco.
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La defensa presentó como testigo a Laura Andrea Micelli, quien viajaba en el asiento delantero derecho del Toyota al momento del impacto. Micelli declaró que fue ella quien sintió el golpe primero, que la moto no llevaba casco, que venía a alta velocidad y que los sobrepasó por la derecha. Aclaró también que en ese momento estaba embarazada de casi siete meses.
Su vínculo con el demandado —fue su cónyuge y tiene dos hijas con él— generaba, en principio, dudas sobre su imparcialidad. El juez Massano las despejó apoyándose en doctrina del jurista Jordi Nieva Fenoll: lo correcto es valorar primero el contenido de la declaración y recién después ponderar el interés del testigo, no al revés.
Un fallo clave para la seguridad vial
El fallo consolida criterios sobre dos cuestiones recurrentes en los tribunales cordobeses: las reglas de adelantamiento para motocicletas en zona urbana y la metodología para valorar testimonios de personas vinculadas a alguna de las partes en litigio.
