El fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger imputó a Santino Hormaeche (23) por proferir amenazas a través de una red social al periodista Lázaro Llorens. Le impuso, además, una orden de restricción de acercamiento y contacto “por cualquier vía”, sea directa o digital.
La gravedad del caso reside en que el imputado trabaja en la Guardia Urbana municipal y es hijo del jefe del Ente Municipal de Fiscalización y Control de la ciudad de Córdoba, Pablo Ezequiel Hormaeche.
Una advertencia preocupante
Llorens denunció a la justicia haber recibido un mensaje a través de una red social. La cuenta era anónima y a los minutos de ser creada fue eliminada. Decía: “Tu nena debe ser lo único que te salió bien”. “Yo te recomiendo no andar inventando de más, porque lo podes pagar muy caro, te estamos avisando”.
En diálogo con Perfil CÓRDOBA el periodista de investigación relató que el episodio ocurrió después de que publicó en Streaptease del poder un informe sobre los “vicios” que perviven en el ente a cargo de las habilitaciones y controles de la Municipalidad de Córdoba. Hay que recordar que el fiscal de Instrucción, Guillermo González, instruyó una megacausa por presuntas corruptelas en las ventanillas que autorizan trámites municipales donde continúa detenido Gustavo Folli, exjefe de Bomberos.
En esa nota periodística, titulada “El nuevo Ente de Fiscalización y Control de Cba sigue con sus vicios con los mismos individuos y Siciliano”, publicada el 25 de octubre pasado, es mencionado Hormaeche padre.
Cómo se identificó el origen del mensaje
A partir de la denuncia, la actuación de la Fiscalía fue inmediata. Lograron obtener datos para identificar quien la abrió y así llegaron a Santino Hormaeche, quien fue imputado por el delito de amenazas calificadas por ser anónimas. Se allanó el domicilio y se secuestraron los teléfonos donde se encontraron los mensajes que le habían llegado a Llorens.
En la indagatoria se abstuvo de declarar.
El Ente, en el ojo de un polémico alquiler inmobiliario
Pablo Ezequiel Hormaeche también fue denunciado por el concejal Sergio Piguillem por el contrato de alquiler del inmueble ubicado en calle Sucre 400, esquina La Rioja, que debía convertirse en la nueva sede del Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC). A pesar de que se paga un canon mensual de $13 millones desde mayo de este año, el edificio sigue desocupado.
El gasto total por 48 meses de alquiler se estipuló en $624 millones
