“Pusieron el guiño a la derecha y giraron a la izquierda. Nos volvieron a decepcionar”. Con estas palabras una empresaria cordobesa sintetizaba la sensación que invade al sector privado provincial tras la decisión del Gobierno nacional de obligar a las empresas a dar un bono de $5.000 en dos tramos y aplicar un sistema de preaviso ante las autoridades para los despidos sin causa.
Las cámaras integrantes de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) se reunieron en de forma urgente este viernes para evaluar el impacto de la medida y fijar posición. “Se pretende evitar los costos políticos de eventuales acciones sindicales, pero nuevamente a cargo del sector privado y no se aportan soluciones de fondo a las actuales circunstancias que vive el país”, manifestó la entidad en una rueda de prensa. Tras ese encuentro, PERFIL Córdoba tuvo la oportunidad de participar de una ronda de consultas con los empresarios presentes y estas fueron las principales definiciones:
* Con la intermediación de la UIA, los industriales cordobeses propondrán a la Administración Macri que el pago del bono se tome a cuenta de aportes patronales a liquidar en próximos meses.
* Ante el carácter obligatorio de la medida, los empresarios pretenden que “al menos, no termine siendo una incautación”; para ello solicitarán que se habiliten líneas de crédito a “tasa cero o negativa”. Aún con tales condiciones, para la mayoría de los empresarios la opción del endeudamiento no hará más que “agravar la situación financiera” de las empresas.
* No consideran viable integrar el monto del bono en negociaciones paritarias porque “para muchas pequeñas empresas significa entregar aumentos de hasta un 50%”, lo que vuelve inviable su operatoria. Para las compañías que ya habían cerrado paritarias de hasta el 40%, “el decreto abrió un frente de conflicto innecesario”, señalaron los empresarios.
* Un paneo de la situación por sectores arroja que entre un 40% y un 50% de las empresas no está en condiciones de enfrentar el pago del bono, “pero en algunos rubros como la industria gráfica, el porcentaje llega al 76%”, advirtieron.
* Los industriales enfatizaron que aumentarán la presión ante las autoridades “para que se respete la calidad institucional del diálogo intersectorial”. En esta oportunidad, “se limitaron a evitar un paro y a los empresarios no se nos consultó. Dicen que la medida surgió de una mesa de diálogo, pero sólo nos llamaron para informarnos la decisión que ya habían tomado”, sostienen.
* Los industriales cordobeses fueron contundentes al advertir que como consecuencia de esta medida, sumado a la presión impositiva, las altas tasas, la inflación y la caída de la actividad, “están en riesgo las inversiones”. Los empresarios reconocieron que “algunas empresas medianas están evaluando la posibilidad de radicarse en países vecinos”.
Al límite. El clima de tensión y la sensación de impotencia y frustración expuestos públicamente y sin reparos dominaron el encuentro de la UIC, este viernes. Quien observaba el panorama desde afuera podía percibir que quienes hablaban están tocando algunos límites de lo que pueden resistir. “La industria ha caído el 11,5% en octubre y venimos de caídas mensuales de entre un 5% y un 6%. A fin de año hay que pagar aguinaldos, vacaciones y es un momento en el que para la mayoría de las empresas el nivel de actividad cae por cuestiones estacionales”, argumentó Marcelo Uribarren, presidente de la UIC, en diálogo con este medio. “El hecho de justicia que implica recomponer los salarios se contrapone con una suma de debilidades”, agregó. “La solución es ampliar el nivel de actividad no el gasto de las empresas”, sostuvo el empresario y enfatizó el “total desacuerdo” con la decisión de complejizar el mecanismo de los despidos. “Cuando una empresa llega a esa instancia es porque ya intentó con otras herramientas y de lo que se trata es de salvar la empresa y los puestos de trabajo que se pueda”, puntualizó.
Desde la vereda de los economistas, el sorpresivo DNU del Gobierno no logra alinear interpretaciones unívocas. Para el economista Juan Luis Bour, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), “plantea un retorno al pasado del cual la retórica y los hechos parecían mostrarnos que habíamos empezado a escapar. Nos equivocamos, seguimos en el Día de la Marmota”, sostiene.
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En la interpretación del Ieral, el bono “resulta un instrumento adecuado para un escenario como el actual, con deterioro del poder adquisitivo generado por el impacto inflacionario de la devaluación”, según afirma el Informe de Coyuntura publicado este jueves, que suscriben los economistas Marcelo Capello y Gerardo García Oro. “En la medida en que se espere una desaceleración de la inflación de cara a 2019, esta opción es preferible a la reapertura de las paritarias”, sostienen los expertos.
De acuerdo al detalle del DNU conocido en las últimas horas, el bono beneficiará a seis millones de trabajadores del sector privado que compensarán una pérdida del poder adquisitivo de sus salarios del orden del 6% en el año. Sin embargo, dejará afuera a unos 320.000 trabajadores rurales y 500.000 empleadas de casas particulares que deberán discutirlo en función de sus propios regímenes laborales. “La incidencia del bono alcanza al 26% del salario mensual de un trabajador de la construcción, al 9,9% de un bancario y al 14,5% de un camionero”, calcula el Ieral.
También quedaron fuera del alcance de la medida unos tres millones de empleados públicos. Según trascendió, en el caso de los estatales nacionales se negocia un pago adicional que rondaría los $3.000 a $6.000. Para las provincias y los municipios, la situación es más complicada y el bono viene a abrir un frente de conflicto que no esperaban ni necesitan sobre este complicado fin de año.
MANUEL TAGLE (BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA)
“Se debe ir a incrementos por productividad”
“El bono no debería ser compulsivo, no es conveniente endeudar a las empresas para cubrir esta obligación y habría que avanzar en un sistema de incremento salarial por productividad”. Estas fueron las principales definiciones del presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, al evaluar el decreto oficial. El siguiente es el diálogo que el empresario sostuvo con PERFIL CORDOBA.
-¿Cómo evalúan el impacto de la medida?
-Tiene objetivos loables desde el punto de vista social pero es contradictorio desde el punto de vista económico. Estamos transitando un momento delicado y debemos ser consecuentes con el sector privado que está soportando una parte muy importante del ajuste. Considero que el bono no debería ser compulsivo; tiene que ser instrumentado en libertad, en función de que hay sectores que lo podrán pagar y negociar dentro de las paritarias y otros que están pasando una situación muy difícil y no se pueden comprometer.
-¿Consideran endeudarse para enfrentar el pago?
-Cada uno sabe hasta dónde puede asumir estos compromisos; endeudarse no me parece. Hay prioridades dentro de la empresa que deberían estar por delante, como cumplir con la producción y con las entregas a los clientes. Son muchas las dificultades que tenemos que sortear en este momento como para agregar una dificultad de este tipo.
-Hay empresas globales que en el país entregan bonos por productividad. ¿Pueden las empresas nacionales avanzar en esa línea?
-Es el gran desafío a futuro. No sé si el sindicalismo está preparado para esto, pero me parece saludable encontrar sistemas de aumentos salariales por productividad que hacen a la coherencia de los resultados de las empresas. Es un paso que hay que dar.
