No hay registros recientes de la situación que se da en el juicio contra el exintendente de Pilar, Diego Bechis, y otras siete personas. Después de dos audiencias preliminares donde los abogados defensores presentaron numerosos pedidos, finalmente el martes pasado se abrió el debate.
Según pudo saber PERFIL CORDOBA, causó gran sorpresa a los integrantes de la Cámara 10° del Crimen conocer que la mitad de los acusados son, actualmente, funcionarios en ejercicio del municipio. El detalle no era conocido en Tribunales. Se sabía que habían ocupado bancas en el Concejo Deliberante pero no que frente a ellos tenían al actual titular del ejecutivo municipal de la localidad, Rodolfo Rodríguez Zamudio.
El intendente actual era concejal en el momento de los hechos analizados y asumió en reemplazo de Bechis cuando este presentó su renuncia tras ser detenido.
Los jueces tomaron conocimiento de esa situación cuando cada uno de los ocho acusados brindó sus datos personales al ser interrogados en la apertura del juicio. Además de Rodríguez Zamudio, están en funciones los acusados Pedro Pablo Botta, Ana Marina Canalis y Carla Paola Inaudi. Son concejales con mandato vigente hasta el próximo mes, cuando asumirán los ediles electos en abril de este año.
Se da incluso la particularidad de que Bechis fue candidato a intendente desde la cárcel de Bouwer donde permanece detenido y que Botta también se postuló para una banca en el cuerpo legislativo municipal pero ninguno de los dos obtuvo los votos para lograr sus objetivos.
Consultado el presidente del tribunal, Juan José Rojas Moresi, sobre esta situación admitió su sorpresa y dijo que no recuerda juicios anteriores con funcionarios que estén ejerciendo en el momento en que están siendo juzgados.
La Cámara está integrada por Rojas Moresi y los vocales Susana Blanc y Guillermo Lucero Offredi, ambos de la Cámara 5° del Crimen. Para juzgar a los funcionarios por el delito de abuso de autoridad están también los ocho jurados populares.
La causa. El nudo a desentrañar en el juicio es si un contrato de cesión de derechos posesorios del municipio sobre 11 hectáreas en la costanera del río significó una defraudación al Estado. La Municipalidad de Pilar tenía más de 20 años de posesión pública, pacífica, ininterrumpida y continua de la costa fluvial. Sin embargo, por decisión de Bechis y participación del asesor letrado del municipio, Cristian Moyano, los terrenos fueron cedidos a un particular sospechado de haber actuado como testaferro de Pablo Iván Ghío.
La venta se produjo en 2016. En ese momento Ghio era director de Juventud y Deportes del municipio por lo cual no podía participar de la transacción. A la vez era un reconocido empresario de boliches y por esa razón la fiscal instructora, Patricia Baulies, consideró que la maniobra se perpetró en su beneficio porque entre los trabajos que estableció el contrato figuraban levantar infraestructura para locales bailables. Según la acusación, por las 11 hectáreas de tierra se pactó el pago de $1 millón, con financiación a tres años. La tasación oficial estimó su valuación real, en el momento de la transacción, en $50,7 millones, lo que significó una venta a precio vil.
CUESTIONAN LA INVESTIGACION DE BAULIES
Después de tres postergaciones por incidentes que presentaron las defensas, el debate finalmente se abrió. Pero no cesaron los pedidos de apartamiento de la fiscal, Patricia Baulíes, quien instruyó la investigación y fue convocada como coadyuvante del fiscal de Cámara, Pablo Sironi.
Los cuestionamientos se basaron, entre otras cosas, en una supuesta reunión que habría mantenido la funcionaria con un perito que actuó en el expediente. La Cámara 10° rechazó el planteo pero llegó al Tribunal Superior de Justicia para que revea esa resolución.
Pero el martes pasado, el abogado Pablo Olmos –junto a Carlos Hairabedián, defensor de Bechis– volvió a la carga con un dato llamativo. Dijo sentirse intimidado por la presencia de dos policías de civil que estaban en la sala de audiencias y que responden a las órdenes de Baulies, quien no asiste al juicio hasta tanto se expida el TSJ.
A partir de ahí volvieron a recusarla y ese planteo debe ser resuelto por el tribunal. Hay que aclarar que los incidentes no solo cuestionan la convocatoria de la fiscal instructora al juicio sino, en particular, su investigación preliminar.
Intentan derribar la acusación con argumentos como los que esbozó el defensor de Ghio, Alejandro Zeverín. El letrado señaló que en el curso de su tarea, la funcionaria denunció amenazas en su contra que “son falaces” y que ella misma ordenó detener a personas por haber atentado contra su familia, algo que a otros fiscales les mereció la destitución.
