En la jurisdicción federal de Córdoba hay nueve magistrados que tienen acordado el beneficio jubilatorio y siguen en funciones. Son los jueces de primera instancia Ricardo Bustos Fierro, Alejandro Sánchez Freytes, Roque Rebak (Villa María) y Daniel Herrera Piedrabuena (La Rioja); los camaristas Ignacio Vélez Funes y Luis Rueda, y los jueces de Tribunales Orales Carlos Lascano y Jaime Díaz Gavier. Entre los fiscales, el único es Alberto Lozada. Hasta el viernes último ninguno había sido intimado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para presentar la renuncia o desistir del haber acordado por el organismo previsional, según lo establece una resolución fechada el 8 de febrero último, que saltó a la luz la semana pasada.
PERFIL CÓRDOBA consultó al grupo de jueces federales de Córdoba. Todos están “analizando” las más de 40 páginas de la resolución de Anses, perplejos y con la expectativa de una avanzada colectiva de los que resulten afectados en todo el país. Nadie tiene bien en claro el alcance de la decisión administrativa y mencionan que los derechos jubilatorios ya fueron acordados y, por lo tanto, eso no se puede modificar. El camarista Rueda dijo que esperan las notificaciones y que la semana próxima se reunirán para analizar la situación planteada.
La resolución PREV-11-46 tiene como objetivo “establecer un procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajustes de beneficios solicitados por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Nación”. Y advierte que, en los casos de magistrados que no presentaron su renuncia, Anses revisará el expediente y se reservará la potestad de archivarlo o de tomar las medidas previstas en la ley 24.241, que regula las jubilaciones de jueces y fiscales.
Las notificaciones no fueron cursadas a todos pero “es una decisión tomada”, publicó la agencia Télam citando fuentes del organismo estatal. Agregó que en cada caso los intimados tendrán 30 días para dimitir en el cargo que ocupan o retirar la carpeta de la jubilación que dejaron stand by. Los magistrados tienen la obligación de iniciar sus trámites para jubilarse a partir de los 60 años, de modo de que el trámite se haga efectivo apenas presentan su renuncia.
En marzo del año pasado se aprobó en el Congreso y un mes más tarde se promulgó un nuevo régimen previsional para jueces, fiscales y defensores oficiales que elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento y también modificó el organismo ante el cual deben iniciar los trámites. Hasta entonces lo hacían en el Consejo de la Magistratura y ahora deben realizarlo en Anses. Esa ley fue judicializada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (A ffun). Ambos planteos de inconstitucionalidad se encuentran aún en primera instancia.
LA REFORMA PROCESAL PENAL, OTRO CAMPO DE BATALLA
El 3 de febrero último, vía Zoom, se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal para recibir el informe de los avances en Salta y Jujuy donde se implementó ya el nuevo código procedimental. Santiago French, vocal subrogante de la Cámara Federal de Salta, informó que en esa jurisdicción, a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal el 84% de los expedientes se resolvieron en la etapa previa al juicio y en Jujuy el porcentaje llegó al 98%. “El sistema funciona bien, es eficaz para arribar a soluciones de conflictos”, sostuvo French. En promedio, las causas se resuelven en 100 días mientras antes duraban años, lo que se traduce en eficiencia.
Lo que resulta la panacea de todos los males de la Justicia, terminó increíblemente en una guerra sin cuartel. En su exposición, French dijo que eso provocaba que los vocales de tribunales de juicio estuvieran “subocupados” por la estrepitosa caída en la cantidad de juicios y propuso analizar la posibilidad de asignar a esos jueces al “eslabón más débil” que son los “juzgados de Garantía”.
En palabras simples, es más o menos como bajarlos de categoría. Como no es juez titular y participa de un concurso, otros magistrados propusieron anular su participación en el concurso. Él terminó pidiendo disculpas por las alternativas propuestas y los términos en los que se expresó.
La discusión, no obstante, pone al desnudo los cotos de poder que no están dispuestos a resignar algunos jueces resistentes al mínimo cambio.
La Comisión Bicameral -encabezada por Anabel Fernández Sagasti- se comprometió a analizar los datos aportados. El tema fue tratado, además, en la reunión de la Junta de Tribunales Orales Federales que aglutina a vocales de juicio de todo el país.
