La Legislatura de Córdoba avanzó este miércoles con el pliego de Guillermo Arias para ocupar el cargo de juez electoral de la provincia, una designación de fuerte sensibilidad institucional por la cercanía del proceso electoral de 2027. El oficialismo consiguió un amplio respaldo político, con el acompañamiento del grueso del arco legislativo -incluyendo el voto de la UCR-, mientras que el juecismo fue el único espacio que se desmarcó y votó en contra, con duras críticas por lo que considera una falta de garantías sobre la independencia del futuro magistrado.
El pliego enviado por el Poder Ejecutivo atravesó previamente la instancia de la entrevista de rigor en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Arias respondió durante más de dos horas las consultas y cuestionamientos de los legisladores. El candidato llegó a esta etapa luego de haber quedado primero en el orden de mérito del concurso a cargo del Consejo de la Magistratura, en el marco del proceso establecido por la ley para la selección del próximo juez electoral.
Durante el debate en el recinto, los distintos bloques que acompañaron la postulación coincidieron en destacar la trayectoria y la solvencia profesional de Arias, aunque el Frente Cívico decidió llevar la discusión hacia un terreno mucho más político: la autonomía que deberá tener quien conduzca uno de los fueros más sensibles de la provincia en vísperas de las elecciones de 2027.
El respaldo mayoritario
Desde el PJ, el jefe de bloque Facundo Torres destacó el reconocimiento que la propia Legislatura tiene sobre el desempeño profesional de Arias y agradeció el acompañamiento mayoritario al pliego. La expectativa, señalaron desde el oficialismo, es que el futuro magistrado desempeñe la función con la misma “responsabilidad, seriedad y ecuanimidad” que caracterizó su trayectoria en la Unicameral.
En la misma línea, el radical Dante Rossi consideró que Arias cuenta con un “sobrado currículum” para el lugar al que fue propuesto y remarcó que fue el ganador del concurso.
También desde otros sectores de la oposición hubo respaldo. El radical Alfredo Nigro adelantó el acompañamiento de su bancada y destacó las particularidades del proceso de selección del reemplazante de Marta Vidal.
Subrayó que se trata del primer juez electoral seleccionado bajo el mecanismo previsto por la ley que creó el Consejo de la Magistratura, y puso el foco en la sensibilidad política e institucional del fuero.
“Estamos en la antesala de un proceso electoral de gran importancia”, planteó, al valorar la trayectoria del postulante y expresar su confianza en que sabrá honrar la magistratura "con la templanza necesaria para resistir cualquier presión".
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Al salir al cruce de las criticas del juecismo, Torres defendió la validez del procedimiento y cuestionó las especulaciones políticas alrededor de la designación.
Destacó que Arias atravesó las distintas instancias del concurso y fue seleccionado por sus méritos, al tiempo que sostuvo que las dudas planteadas en el debate pueden terminar afectando la credibilidad de las instituciones ante la sociedad.
Para el oficialismo, el proceso fue “virtuoso” y la trayectoria legislativa de Arias representa un plus para una función que, por su naturaleza, deberá intervenir en conflictos donde suelen cruzarse intereses partidarios, políticos e institucionales.
Voto en contra rumbo a 2007
El tono más duro llegó desde el Frente Cívico. El legislador Walter Nostrala convirtió el tratamiento del pliego en una advertencia política sobre el próximo proceso electoral y vinculó el debate con uno de los antecedentes más traumáticos de la política cordobesa.
“Qué paradoja”, planteó, al recordar que mientras la Legislatura trataba la designación de un nuevo juez electoral se cumplía un nuevo aniversario de las controvertidas elecciones provinciales de 2007.
Para el juecismo, aquel antecedente debería funcionar como una advertencia sobre la necesidad de reforzar la independencia y la transparencia de la Justicia Electoral.
Nostrala cuestionó especialmente que la última etapa del proceso de selección —la entrevista personal— no haya sido transmitida en vivo.
La bancada opositora había acompañado un planteo impulsado por el senador Luis Juez para que esa instancia fuera pública y transmitida, siguiendo mecanismos similares a los utilizados por el Consejo de la Magistratura de la Nación. “Se perdió una gran oportunidad de transparencia”, fue, en síntesis, el cuestionamiento del halcón juecista.
Nostrala aclaró que la posición no estaba dirigida contra la trayectoria personal de Arias, a quien reconoció por su desempeño y su apego al trabajo. Sin embargo, marcó un dato que para el juecismo resulta políticamente determinante: su extensa trayectoria de 24 años como secretario legislativo y su militancia en el peronismo provincial.
Y allí ubicó el centro de la objeción. “El juez electoral no es un juez común”, sostuvo el opositor duro, al advertir que el futuro magistrado tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo del proceso electoral de 2027.
Según el juecismo, la pertenencia y militancia política previa de Arias no ofrece garantías suficientes de independencia respecto del partido que gobierna la provincia.
El cuestionamiento fue directo: “Va a estar en manos de alguien que milita en el partido peronista”, planteó Nostrala, para fundamentar el rechazo del Frente Cívico al pliego.
También vinculó esa discusión con una crítica más amplia al oficialismo por lo que consideró una falta de voluntad para transparentar los procesos institucionales.
Un juez electoral rumbo a 2027
El debate dejó así una postal política que excedió largamente la discusión sobre los antecedentes profesionales del candidato.
El PJ consiguió un respaldo masivo y logró que la designación de Arias atravesara el recinto con el acompañamiento de casi todos los bloques. Solo el juecismo se desmarcó y decidió confrontar abiertamente con el pliego, mientras que también se registró la abstención de Agüero.
El resultado consolidó una amplia mayoría detrás del candidato surgido en primer lugar del orden de mérito del Consejo de la Magistratura, pero dejó instalada una discusión que probablemente vuelva a aparecer durante la campaña hacia 2027: quién controlará y administrará el proceso electoral y qué garantías de independencia ofrecerá la Justicia Electoral frente al poder político.
Con la designación encaminada y el respaldo mayoritario de la Legislatura, Arias llega al fuero electoral con un amplio aval institucional. Sin embargo, el juecismo ya dejó planteada su posición: para Luis Juez y sus legisladores, el debate sobre el próximo juez electoral no termina con la aprobación del pliego, sino que lo enmarca en una disputa política camino hacia 2027.
