La Afip detectó facturas truchas en otros tres municipios de la provincia

En el expediente abierto por la presunta megaevasión fiscal a partir de facturas apócrifas que se tramita en la Fiscalía federal de San Francisco, apareció documentación que involucra a tres municipios. El viernes pasado, el fiscal Luis María Viaut recibió informes de Afip en los que hay constancias de facturación apoc en tres intendencias.

Los datos se mantienen en reserva porque, a partir del análisis de esa documentación, se ordenarán nuevas medidas procesales y más imputaciones.

El domingo último, este medio informó sobre las acusaciones en el expediente que se tramita en nuestra ciudad -a cargo de los fiscales federales, Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedián- al intendente de Saldán, Cayetano Canto, y a su colega de Mendiolaza, Daniel Salibi, por presunta defraudación en perjuicio del municipio de Saldán y de la Comunidad Regional Colón.

Si bien las maniobras de las denominadas ‘usinas’ de facturas truchas tendrían como objetivo la evasión al fisco, en el caso de organismos públicos la sospecha es que con esos documentos de empresas fantasmas se derivaron fondos públicos a otros fines.

Tal como ocurrió con el expediente radicado en el Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba, el de San Francisco también se inició con denuncias de personas damnificadas porque les habían robado sus claves fiscales y con sus datos crearon empresas fantasma y emitieron comprobantes electrónicos. A ellos se sumó, luego, una presentación de Afip que develó una organización de grandes dimensiones.

Números. El informe del ente recaudador que llegó el viernes último al despacho del fiscal Viaut, se refiere a 2.700 usuarios de facturas truchas. Se estiman provisoriamente en $3.000 millones los montos facturados y una evasión cercana a los $600 millones. Hay una lista de 87 prestanombres. Algunos habrían cobrado $10.000 por tres meses para ceder sus datos de Afip.

Los conceptos vertidos en los comprobantes truchos son variados pero en su mayoría están referidos a supuestos productos y servicios agropecuarios: alimentos balanceados, transporte, fumigación, además de asesoramiento a empresas.

Nexo. Si bien los expedientes de Córdoba y San Francisco refieren a la misma actividad, maniobras casi idénticas, no hay un único cabecilla sino que son ‘empresas’ diferentes. Diego Alberto Vieyra Ferreyra es el principal responsable en la investigación de Córdoba. Mauricio Pizzi, una especie de gestor de trámites, lo es en la de San Francisco. Está detenido, a disposición de los juzgados de ambas jurisdicciones.

Aparentemente, Vieyra Ferreyra y Pizzi compartían información sobre claves fiscales usurpadas o compradas y cada uno actuaba en su propio ámbito.

Los detenidos por orden del juez de San Francisco Pablo Montesi, son: Pablo Barbieris, Omar y Agustín Gianelli (Morteros), Domingo Benso, Diego Manzotti, Mauricio Pizzi y su esposa María Abtt (Devoto) y Miguel Montali y Lucas Zopetto (San Francisco), Mariano Planells y Marlene Von During. Continúan en calidad de prófugos Rodolfo Luis Tapiero y Mario Elías Tapiero.

Cabe aclarar que Barbieris, Zopetto y Pizzi también están a disposición del juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro.

Sociedad de Acciones Simplificada. Si se leen los informes de Afip y los requerimientos fiscales, salta a la vista que la mayoría de las empresas que emitían facturación apócrifa son SAS. La facilidad con que se pudieron armar posibilitó la creación en tiempo récord de empresas que en realidad nunca existieron. Eran una fachada para emitir facturas por servicios inexistentes, con el solo objetivo de dibujar compras y consumar la evasión impositiva.

El negocio era el siguiente: un contribuyente real debería pagar $21 de IVA al fisco por cada $100 vendidos; en vez de abonar, siempre sobre $100, compraba una factura trucha por $10, de los cuales $5 era para la usina que la proporcionaba. Se ‘ahorraba’ los $11 restantes.

CORDOBA: LA CAUSA DE LOS MILLONES

Por la envergadura de la presunta evasión y la cantidad de personas imputadas, el expediente radicado en el Juzgado Federal de la ciudad de Córdoba tiene cauciones multimillonarias. Para mantener su libertad varios imputados depositaron en caución $32 millones. Además, se secuestraron 52 autos. El decomiso de los vehículos tiene un sentido cautelar porque quedan a disposición de la Justicia para resarcir al Estado por la evasión consumada.

Hay un empresario que fue detenido en uno de los countries más exclusivos de Córdoba. En el allanamiento se secuestraron tres autos 0 km, una lancha y dos motos de alta gama. Como tiene cuatro hijos, la esposa pidió que le devolvieran un vehículo. Se lo ´prestaron´ por la situación familiar.

En el otro extremo, el juez otorgó una libertad juratoria. Consiste en una declaración jurada donde la detenida (presunta ‘testaferro’) se comprometió a no fugarse ni entorpecer la investigación. La mujer es del sur provincial. La primera vez que vino a Córdoba fue, ya detenida, para ser alojada en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA).

OPINION

Las SAS y las facturas apócrifas

Por Leopoldo Burghini (Abogado especializado en Derecho Societario)

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) fue gestada en una ley de apoyo al capital emprendedor en 2017. En ese marco, se estructuró un tipo societario con importantes beneficios, que permitieran dar rápido inicio y a bajo costo a la actividad emprendedora –aunque no se requirió el carácter de emprendedor para recurrir a la SAS-: por ejemplo, la inscripción digital en 24 horas y la obtención del CUIT en el mismo término, sin necesidad de presentar una prueba del domicilio, sino dentro de los 12 meses de constituida la SAS.

Por otra parte, se autorizó la SAS unipersonal, se le fijó un capital mínimo de dos salarios mínimo, vital y móvil, de los cuales solo se debía integrar 25% al constituirse y el saldo en dos años, se permitió el objeto amplio y plural, se limitó la facultad del registrador a controlar los requisitos formales, se eximió a la SAS de contar con control interno (sindicatura) o externo (ausencia de control por parte del Estado) y se autorizó a los órganos a sesionar a distancia e impusieron los libros digitales.

Las facilidades eran tantas que, apenas se sancionó la ley, advertimos que este ingenio para luchar contra la recesión económica podría convertirse en un arma para defraudar los derechos de los acreedores débiles y la comunidad en general.

Tres años después, la realidad nos ha dado la razón. Por un lado, el dinamismo impuesto para la inscripción de las SAS benefició a la comunidad en general, porque obligó al Estado a adecuar todos sus procesos para brindar servicios ágiles y eficientes propios del siglo 21. Pero, por otro lado, las distintas facilidades concedidas para dar un impulso rápido a la actividad emprendedora fueron utilizadas, en muchos casos, para delinquir en cuestiones de difícil remediación: delitos que socavan las instituciones democráticas como el narcotráfico, la evasión fiscal y el lavado de activos.

La posibilidad de obtener el CUIT en 24 horas -sin necesidad de acreditar el domicilio sino dentro de 12 meses- es una facilidad demasiado generosa para quienes cometen estos delitos, porque una vez inscriptas estas SAS se utilizaban como usinas de facturas apócrifas.

La Afip estimó, en 2019, que de cada $3 que debían recaudarse por IVA solo lo hacían $2, es decir, se evadía 1/3 mediante el recurso de adquirir crédito fiscal con facturas ‘truchas’ emitidas por sociedades, que luego no pagan el IVA y desaparecen del radar.