La Cámara Federal de Córdoba confirmó procesamientos de docentes e investigadores por presunta malversación de caudales públicos en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Se los acusa de generar una empresa privada que utilizaba la infraestructura, insumos y tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales para brindar servicios privados a terceros, compitiendo con la institución.
El esquema de la "empresa de fantasía"
La investigación determinó que los imputados operaban bajo el nombre “A&B Agrobiotech Diagnóstica”, ofreciendo servicios de laboratorio que eran idénticos a los prestados oficialmente por la UNRC. Sin embargo, los cobros se realizaban de forma paralela: una parte se facturaba a nombre de la universidad y otra a título personal de los involucrados, utilizando para ello los Laboratorios N° 5 y 6 de la Facultad de Ciencias Exactas.
La prueba fundamental que valoraron los vocales de la Cámara, Graciela Montesi, Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, incluyó escuchas telefónicas donde el principal imputado, Oscar Alberto Masciarelli, admitía la existencia de "curritos" dentro de la institución. En una de las conversaciones captadas, los acusados planeaban reemplazar informes de su empresa privada para eludir la responsabilidad ante la investigación en curso.
¿Sabes la cantidad de curritos que hay ahí adentro? Es la frase captada en una de los chat donde admitía que se facturaba en paralelo para que pudieran cobrar por fuera de la burocracia de la universidad.
La mamá de Agostina Vega apuntó contra el único detenido: “No entiendo por qué está haciendo esto”
Quiénes son los investigados
El tribunal resolvió confirmar el procesamiento sin prisión preventiva por los delitos de peculado, administración infiel y defraudación contra la administración pública para: Oscar Alberto Masciarelli, Lucas Antonio Gallarato y Roxana Judith Reynaga. Esta última era la encargada de las pruebas de laboratorio de la firma paralela. Y también fue confirmado el procesamiento de Gabriel Aguilar Mansilla, por el delito de encubrimiento.
Según la sentencia, Aguilar Mansilla ocultó en su domicilio la computadora y el celular de Reynaga durante los allanamientos, tras un pedido "urgente y nocturno" de la imputada cuando la causa ya era pública.
La Cámara dispuso además morigerar los embargos, fijándolos en $3.000.000 para Reynaga y $2.000.000 para Aguilar Mansilla.
Tragedia de las Altas Cumbres: el juicio a Oscar González comenzará el próximo 3 de agosto
Falta de mérito para dos científicas
En un giro respecto a la primera instancia, la Cámara decidió revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito para Analía Susana Llanes y Julia Iparraguirre.
En el caso de Llanes, el juez de primera instancia le atribuyó una "posición de garante" como responsable del Laboratorio N° 5, argumentando que debía conocer las maniobras de sus colegas. Sin embargo, el tribunal de alzada sostuvo que la responsabilidad penal no puede ser automática por el solo hecho de ocupar un cargo jerárquico.
Respecto a Iparraguirre, se consideró que no había evidencia suficiente de que la computadora donde se hallaron informes de la empresa privada fuera de su uso exclusivo, ya que el laboratorio era de acceso compartido.
Dura crítica a la falta de controles
El fallo destaca que las actividades ilícitas se desarrollaron con un "notorio hermetismo", lo que permitió a los implicados sustraerse de los controles ordinarios de la universidad durante años. Se detectó que las facturas emitidas por la empresa de fantasía coincidían con clientes reales de la universidad (como Ceres Demeter S.A. o Rizobacter), pero los fondos terminaban en cuentas personales en lugar de ingresar al patrimonio estatal.
