Por lo que mostró hasta ahora la causa en contra de Hugo Moyano por presunto lavado de activos a partir de la compra de terrenos en La Falda, el líder sindical puede respirar tranquilo. Las últimas tasaciones de los lotes por los que Camioneros pagó $6 millones a fines de 2013 le están dando la razón.
Investigadores consultados por PERFIL CORDOBA reconocieron que, para procesar a Moyano por ese delito, antes habría que comprobar que la operación inmobiliaria implicó un negocio ruinoso para el gremio. Pero las pruebas incorporadas hasta el momento están lejos de producir esa conclusión.
Si bien la última pericia oficial encargada al Tribunal de Tasación de la Nación consideró que el conjunto de terrenos tiene un valor de $4,1 millones, los investigadores comentaron que “cuando el bien tiene particular interés para el adquirente se puede considerar procedente el pago de un 20% por encima de su valor real”. En este caso, los lotes son colindantes al hotel que el gremio de Camioneros posee en la ciudad de La Falda y adquirirlos significa alejar la posibilidad de que se construyan allí emprendimientos que puedan alterar el descanso de los huéspedes.
Las tasaciones efectuadas no abonan momentáneamente la hipótesis de perjuicio al sindicato. Y tampoco la comisión del delito de lavado. Si finalmente se sostiene que la operación inmobiliaria fue legítima no se puede sospechar que en ella se haya blanqueado dinero de origen espúreo.
Nuevos testimonios. Frente a ese panorama, el juez Alejandro Sánchez Freytes convocó a tres nuevos testigos. Se trata de dos funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) que promovieron la investigación y la enviaron a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); y una funcionaria del Registro de la Propiedad de Córdoba, quien fue la primera en informar como operación sospechosa la transacción inmobiliaria. Es decir que volvió al momento inicial de la causa.
El propósito de las tres convocatorias es que expliquen cómo comenzó el recorrido que desembocó en la Justicia. En primer término, el informe del Registro provincial como Reporte de Operación Sospechosa (ROS) fue elevado a la UIF en el marco de la normativa que rige en el país para evitar o interceptar movimientos que pudieran constituir lavado de dinero. De allí, la unidad especializada en el tema informó a la Procelac que determinó la sospecha y la remitió a la fiscalía de Vidal Lascano. Finalmente, éste último resolvió las imputaciones el último día hábil de 2017.
La funcionaria del Registro de la Propiedad declaró el miércoles pasado. Se trata de una oficial de cumplimiento que actuó en ese momento, quien en su testimonial explicó que generó el reporte en base a “criterios de la UIF”. Quedarán para más adelante los testimonios de los dos abogados de esa unidad.
Un interesado especial. Desde la Casa Rosada el caso se sigue de cerca. Así lo hicieron saber a este medio operadores judiciales que observan el devenir de la investigación. Y explicaron: “Son expedientes que se hamacan con el péndulo de la política”.
Qué se investiga. En diciembre de 2013, Camioneros pagó seis millones de pesos por cinco terrenos (1.490 metros cuadrados en total) colindantes al Hotel Primero de Mayo que el gremio posee en la ciudad de La Falda. Las sospechas surgieron porque pocos meses antes, en dos oportunidades diferentes, particulares habían abonado $300 mil y $500 mil por los mismos terrenos. En efecto, cuando el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano dictaminó sobre la causa imputó no solo a Moyano y al tesorero de Camioneros, Paulo Villegas; sino también a los empresarios Jorge Capucchio, Enrique Mariñasky y Carlos Mesías.
UIF se expidió primero la Dirección de Asuntos Jurídicos, el 28 de agosto de 2014, y el 15 de septiembre del mismo año, el Consejo de la UIF emitió la resolución que dio participación a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) El 2 de febrero de 2015 la Procelac envió a la Fiscalía Federal Nº 2 la denuncia para que investigue las maniobras con la hipótesis de la comisión de dos delitos, administración fraudulenta y lavado de activos.
DANZA DE NUMEROS
El informe solicitado del Tribunal de Tasación de la Nación presidido por el ingeniero Darío Guiltelman estimó la valuación de las tierras en su conjunto en $4,1 millones, cifra superior a la que arrojó la primera pericia oficial, que lo había fijado en $3 millones. El gremio, por su parte, había declarado que pagó $6 millones y la pericia de parte valuó los lotes en poco más de $7 millones. Ambas cifras contrastan con la valuación fiscal de $964.553.
