El trámite de la investigación por el presunto perjuicio multimillonario de la empresa Cotreco SA a la Afip se ha convertido en una hoguera de denuncias cruzadas y planteos de recusaciones. El resultado dirá quién ha logrado salir ileso para encauzar el expediente que en el último día hábil de 2019 no tuvo novedades procesales de importancia.
Las noticias, en cambio, se produjeron en otros despachos de los tribunales federales. El lunes 30 de enero, la fiscal federal 3, Graciela López de Filoñuk, recibió una denuncia penal de parte de su par, Enrique Senestrari, contra el juez Ricardo Bustos Fierro por el presunto delito de prevaricato.
Horas más tardes, Manuel De Allende –defensor del principal accionista de Cotreco SA, Horacio Busso– anunciaba a este medio que había formulado una denuncia penal por presunta “violación de secretos” a raíz del contenido de la publicación de PERFIL CORDOBA el domingo pasado.
En aquella nota periodística se mencionan las escuchas telefónicas obtenidas a partir de la intervención de los teléfonos de los socios de la firma, Horacio Busso, Elvio Debernardo y Flavio Cavallieri y de David Druetta, presidente del directorio de Cotreco SA.
Las intervenciones ocurrieron en septiembre, cuando fueron allanadas las oficinas de Cotreco y el estudio contable de Debernardo y Cavallieri. En esas conversaciones los mencionados habrían expresado reproches. “¿Cómo puede ser que nos allanen y no hayamos sabido nada antes?”, fue la expresión aproximada que habrían utilizado, según relataron fuentes calificadas; lo que generó la sospecha de una posible protección política a los empresarios.
Este medio intentó chequear que efectivamente la denuncia de De Allende se había presentado. Lo que pudo corroborar es que, en caso de haberse formalizado, la presentación no fue realizada en la sede de la fiscalía federal de turno en Córdoba.
Objeciones al fiscal. Semanas antes de que estallaron las denuncias cruzadas, en el expediente propiamente dicho de Cotreco, cuatro defensores habían elevado recusaciones contra el fiscal, Enrique Senestrari, para apartarlo de la investigación. Alegaron “falta de objetividad” y “adelanto de opinión”, entre otras razones.
En el caso del abogado De Allende, explicó que lo hizo por enemistad manifiesta a partir de que no solo él presentó denuncias en contra del fiscal, sino que Senestrari también pidió que lo investigaran a él. Otro de los defensores que recusó al titular de la fiscalía es Benjamín Sonzini Astudillo quien se enfrentó a Senestrari en otra causa resonante donde el dirigente del ARI, Gregorio Fernández Maqueda había denunciado al exviceintendente, Felipe Lábaque.
Precisamente, por la decisión adoptada por Bustos Fierro en aquel caso, Senestrari lo denunció penalmente el lunes pasado. Consideró que, en su resolución, el juez tergiversó sus expresiones en una audiencia endilgándole haberse declarado enemigo del abogado Sonzini Astudillo, algo que rechazó de plano. Y que basándose en la deformación de sus dichos resolvió.
¿Por qué Senestrari trajo a colación ahora aquel episodio? Porque es uno de los fundamentos señalados por Sonzini Astudillo para pedir que lo aparten del expediente de Cotreco.
También los abogados Germán Gianotti y Facundo Cortés Olmedo presentaron objeciones a la continuidad del fiscal. Además de enemistad manifiesta argumentaron que Senestrari anticipó opinión al pronunciarse en contra del mantenimiento de libertad solicitado por los defensores, antes incluso de firmar las imputaciones de los tres socios y 13 directivos de empresas y fideicomisos vinculados a la concesionaria.
Bustos Fierro dio trámite a todos estos planteos y convocó a una audiencia para el 4 de febrero venidero. Senestrari objetó esa decisión al señalar que eran incidentes que debieron ser rechazados de inmediato.
DOCENTE SUSPENDIDO
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Córdoba suspendió a David Emanuel Druetta como docente de esa unidad académica. La decisión se basó en la imputación que pesa sobre él en el marco de este expediente. Druetta se desempeñó como presidente del directorio de Cotreco SA, fue director de Vanesin SA y socio de Futuro Sustentable SA.
Su abogado, Manuel de Allende, cuestionó la medida por apresurada y dijo que presentaron un recurso para que sea revisada por la casa de altos estudios.
