La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete abrió un nuevo capítulo en la crisis política más profunda que atravesó hasta el momento el gobierno de Javier Milei. En diálogo con Radio Mitre, la expresidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, cuestionó la estrategia del presidente para defenderlo y aseguró que la Argentina necesita elevar sus estándares éticos tanto en la política como en la sociedad.
Para la especialista, el caso expuso no sólo las debilidades del oficialismo frente a las denuncias de corrupción, sino también un problema estructural que atraviesa a toda la dirigencia política: la naturalización de prácticas incompatibles con la ética pública.
-Milei insistió en que no debe juzgarse a una persona antes de una condena judicial.
-Es cierto que no existe una sentencia judicial, pero estamos hablando de un funcionario sospechado de enriquecimiento ilícito con una enorme cantidad de evidencias conocidas públicamente. Además, Adorni confesó haber cometido, por lo menos, dos delitos: evasión fiscal y omisión maliciosa de información en sus declaraciones juradas.
-¿Considera que el presidente está confundiendo planos distintos?
-Sí. Estoy esperando leer el libro del presidente sobre moral y ética pública porque, sinceramente, creo que el diccionario moral que utiliza no es el mismo que utilizamos muchos ciudadanos. Una persona puede no haber sido condenada y, aun así, haber actuado de manera incompatible con la ética pública.
-Este gobierno llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción, pero acumula distintos escándalos.
-Ese es justamente el problema. Cuando un gobierno hace de la lucha contra la corrupción una bandera no puede permitirse proteger a funcionarios cuestionados. Ya ocurrió con otros casos y volvió a repetirse ahora. El presidente tiene derecho a ser leal con sus amigos en el plano personal, pero cuando ejerce la Presidencia su lealtad principal debe ser hacia los ciudadanos y las instituciones.
-¿Existe una naturalización social de la corrupción?
-Sin dudas. La corrupción se ha normalizado en la política argentina. Durante muchos años se consolidó un sistema que atravesó a distintos partidos y gobiernos. Esto no es patrimonio de un solo espacio político. Es un problema sistémico que debemos corregir.
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-¿Qué responsabilidad tienen los ciudadanos?
-Muchísima. Los ciudadanos debemos ser más exigentes al momento de votar. Tenemos que recordar quiénes son los corruptos, quiénes mienten y quiénes utilizan la función pública en beneficio propio.
-¿Qué cambios institucionales son necesarios para revertir este escenario?
-Lo primero es terminar con la impunidad. Necesitamos una Justicia independiente que actúe en tiempo oportuno. También debemos revisar algunos códigos procesales porque muchas veces se convierten en verdaderos catálogos de trampas que permiten eternizar las causas y evitar sanciones.
-¿La solución pasa solamente por la Justicia?
-No. También hay un enorme desafío cultural y educativo. La ética pública no se construye con discursos. Se construye con coherencia, integridad, dignidad y ejemplo. Eso debe enseñarse desde la infancia.
