Después de seis años en que gran parte de las causas por delitos de lesa humanidad estuvieron paralizadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó intervención y resolvió un conflicto suscitado por la planta de personal que integra la Secretaría de Derechos Humanos. Se espera que la disponibilidad de una mayor dotación de personal reactive las instrucciones en los casos asignados al juez federal 1, Ricardo Bustos Fierro.
En 2014, el juez federal 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, fue recusado y apartado en causas por Derechos Humanos por haber sido él, su padre y su abuelo, víctimas durante la última dictadura cívico militar argentina. Desde ese momento, el trámite de esas investigaciones quedó a cargo de Bustos Fierro. Con el tiempo, el magistrado reclamó por falta de personal para encarar la delicada tarea de investigar la represión en Córdoba.
En 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó la solicitud del traspaso de la Secretaría de Derechos Humanos que actúa en jurisdicción del Juzgado Federal 3 por considerar que excedía la potestad de superintendencia. Le recomendó al juez Bustos Fierro que, si consideraba que tenía escaso personal, debía gestionar el incremento de la planta de agentes de su tribunal.
Bustos Fierro insistió y solicitó que el tema sea analizado y resuelto por la Corte Suprema de Justicia. El 22 de diciembre último, con la firma de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar al pedido y dispuso que siete empleados de la Secretaría de Derechos Humanos pasen a integrar la planta permanente del Juzgado Federal 1. Encomendó la tarea de las designaciones a la Cámara Federal de Córdoba y el 28 de diciembre, este tribunal resolvió quiénes debían trasladarse al Juzgado encabezado por Bustos Fierro.
Por el momento, la secretaria, la prosecretaria y cinco empleados han sido reubicados en espacios que ocupa la Secretaría Electoral, también bajo jurisdicción del Juzgado Federal 1. La consecuencia esperable es la reactivación de las investigaciones.
Claudio Orosz, abogado querellante en numerosos expedientes por delitos de lesa humanidad, advirtió que la causa ‘Gómez, Miguel Ángel’ posee casi un centenar de imputados y más de 500 víctimas. Deben producirse las indagatorias y testimoniales “y decidir si corresponde elevar a juicio, que esto no sea nulo y podamos tener juicios orales porque es una causa tan grande como La Perla”.
Previo a la decisión de la Corte, la discrepancia entre los dos jueces cordobeses fue analizada por la Comisión Interpoderes dedicada exclusivamente al seguimiento del trámite de las causas de Derechos Humanos en todo el país. Está encabezada por el presidente de la Corte, Rosenkrantz, representantes de la Procuración General, la Defensoría General, Consejo de la Magistratura, Cámara Federal de Casación Penal y de la Junta de tribunales orales, presidida actualmente por el juez José Fabián Asís.
