El fiscal del fuero Penal Económico de Córdoba, Franco Mondino, resolvió archivar la denuncia vinculada al manejo de subsidios del transporte urbano durante la salida de la empresa Ersa, al considerar que no existen pruebas suficientes para configurar un delito.
La crisis del transporte y la intervención municipal
El conflicto proviene del período en que la empresa Ersa entró en crisis y abandonó distintos corredores en Córdoba. Ante el riesgo de interrupción del servicio, la Municipalidad intervino a través de Tamse, que absorbió las líneas 600, 601, 53, 54 y el servicio Aerobús.
En ese contexto, el senador Luis Juez presentó una denuncia por presunta defraudación. Según su planteo, durante aproximadamente 35 días Ersa habría continuado percibiendo subsidios nacionales correspondientes a esas líneas, aun cuando los recorridos ya eran operados por Tamse.
Para el dirigente del Frente Cívico, esa “ventana de tiempo” abría la posibilidad de maniobras financieras irregulares con fondos públicos, lo que motivó el inicio de la investigación judicial.
La fiscalía descartó delito
Sin embargo, tras analizar la documentación y el proceso administrativo de transición entre las empresas, la fiscalía determinó que no hubo irregularidades con relevancia penal. De acuerdo con la resolución, no se encontraron elementos suficientes que acrediten una defraudación o un uso indebido de los subsidios.
El expediente, además, tuvo un recorrido judicial previo. En primera instancia, la causa fue analizada por la Justicia Federal, bajo la órbita del fiscal Enrique Senestrari, quien ya había advertido una “debilidad probatoria” en la denuncia. Posteriormente, Mondino dispuso su archivo definitivo.
Juez cuestionó el cierre de la causa
Tras conocerse la resolución, Luis Juez manifestó su desacuerdo y cuestionó el accionar de la Justicia cordobesa. A través de redes sociales, el senador sostuvo: "Hace más de un año denunciamos ante la Justicia Federal el desvío de subsidios nacionales del transporte público de pasajeros que debían ir a la empresa municipal TAMSE y habían sido desviados a ERSA. Esta última, con unidades y choferes de la empresa municipal y realizando recorridos que eran de TAMSE, cobraba los subsidios y, mediante una maniobra financiera —aprovechando los altísimos intereses bancarios que se pagaban—, se llevaba una suma que habíamos estimado cercana a los $2.000 millones (hablamos del año 2024)".
Para el dirigente opositor, más allá de la inexistencia de responsabilidades penales, la discusión sobre la transparencia en el uso de fondos públicos sigue vigente: "Le presentamos el contrato firmado por las máximas autoridades de la empresa municipal, la identificación de los coches, los recorridos, los horarios y el giro bancario que la Nación había realizado en concepto de subsidios al transporte municipal. Con desidia y fastidio, nos respondió que la competencia era provincial, porque el dinero había ingresado a las arcas de la provincia y ésta lo había girado al municipio".
Con la investigación cerrada en el ámbito judicial, la controversia se traslada ahora al terreno político, donde el debate por el control y la asignación de subsidios al transporte urbano en Córdoba continúa abierto.
