Argentina es el país con mayor regulación impositiva del continente. El Banco Mundial estableció el peso fiscal que sufre la producción con un porcentaje de 106% sobre la ganancia neta de una Pyme. Por su parte, los servicios públicos ofrecidos son propios de países subdesarrollados. Lo que muestra claramente la desproporcionalidad existente entre las obligaciones de las partes en el Contrato Social.
Nuestros gobernantes tienen dos vías de escape recurrentes para evitar la rendición de cuentas, es decir para gobernar sin consensos. Por un lado, la obtención de recursos genuinos fuera del régimen impositivo y por otro el clientelismo político.
La obtención de recursos de manera irrestricta fuera del régimen impositivo permite el divorcio entre las necesidades de la población y la política. Argentina obtiene recursos históricamente mediante la toma de deuda externa y el aumento de precios en las commodities.
Sin embargo, la llamada “Paradoja de la ayuda benéfica” establece que cuanto más rica es una comunidad, menos servicios benéficos necesita, pero más puede proporcionar; cuanto más pobre, más ayuda necesitan sus habitantes, pero menos puede dárseles.
En otras palabras, los países son pobres por poseer instituciones que fomentan y favorecen a la pobreza. Mientras más recursos se les asignen a esos países más ineficientes será el destino de los recursos, fomentando círculos viciosos y permitiendo que los gobiernos conserven el poder y redistribuyan creando clientelismo político.
D. Acemoglu y J. A. Robinson en “Por qué fracasan los países”, establecen que: “… Los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. No lo hacen bien no porque se equivoquen o por su ignorancia, sino a propósito” [1].
Por su parte, la obtención de recursos administrados por políticas extractivas fomenta el clientelismo político, generando una nueva “clase del ocio”: cuando más de la mitad de la población está en la nómina del Estado, los partidos políticos se construyen pagando esos votos con los impuestos de los que votan en sentido contrario, mientras que las burocracias se vuelven cada vez menos responsables ante los votantes a medida que crece su presupuesto.
En definitiva, los gobiernos dan asistencia económica a cambio de conservar el poder sin rendir cuentas. Tal es el caso que, según Idesa, en el primer trimestre de 2021 los subsidios crecieron 170% con respecto al mismo período del año anterior; de mantenerse el ritmo de aumentos el 2021 terminará arriba del 5% del PIB, más de lo que se destina por ejemplo a educación o salud históricamente.
Por otro lado, la población aportante de recursos vía tributos cada vez es menor. De una población activa de casi 21 millones de personas, tan solo alrededor de 5,9 millones son dependientes de la actividad privada y el resto empleados públicos. El Ieral de la Fundación Mediterránea expresa que desde el 2018, se perdieron 420.0872 puestos de trabajo privado, siendo Argentina el país de la región que más gasto de personal público tiene en relación con su PBI (11,5%).
No hay crecimiento económico desde el 2010, el déficit fiscal y la pobreza aumenta y el estado se agranda generando una máquina burocrática cuyo objeto es la permanencia en el poder. La obtención de recursos fuera del pacto social, el clientelismo político y la ideología del “Estado presente” ha fomentado la redistribución de recursos ineficiente con fines “extra-contractuales”.
Por su parte, la Justicia es un organismo de equilibrio no dependiente del voto. La legitimidad de control se fundamenta justamente para garantizar la vigencia de la Constitución, independientemente de la opinión política mayoritaria. Como sea, nunca muestra la independencia requerida, ni hace efectiva su tarea de juzgar la corrupción y equilibrar los poderes del Estado. En conclusión, la Justicia es tan responsable de la pobreza como el sistema político. Argentina, en definitiva, es la máquina de la antipolítica.
Maurice Talleyrand, decía: “Nadie sospecha cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero”.
Marcos Alberto Migliazzo es abogado, magíster en Derecho y Argumentación Jurídica. Escribano.
