La necesidad de mecanismos provinciales para evitar la tortura en los contextos de encierro

La muerte de César Darío Moreno es la punta de un iceberg de lo que sucede dentro del servicio penitenciario con bastante regularidad. Sin embargo, este caso plantea una alerta. En la imputación aparecen acusaciones que se relacionan con el delito de tortura y que pone en evidencia una mala aplicación de la medida de sujeción, ya sea de manera incorrecta o ilegal. 

¿Por qué es inédito? En términos comparativos, si se llegara a conocer la condena de quienes han sido imputados, sería el tercer caso a nivel nacional en los últimos 20 años. Mucho tienen que ver en ésto los informes que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura viene realizando respecto a la medida de sujeción y nosotros, desde la Red, también habíamos advertido sobre el uso incorrecto de la medida de sujeción. Además junto con el comité se planteó una capacitación a los fiscales acerca de la aplicación del Protocolo de Minnesotta, un protocolo de la ONU donde se plantea cómo tienen que investigarse los casos en que se presuma que previo a la situación de la muerte hubo una práctica de tortura.
 

El año pasado se capacitó a fiscales sobre cómo llevar a cabo estos procedimientos. Evidentemente esto colaboró en la correcta investigación para dar lugar a esta imputación, donde la mirada no sólo está puesta en quien realizó la práctica de tortura –lo que se conoce como autor material–, sino que también se mira a quiénes fueron participes de manera omisiva, que tuvieron participación pero no de manera directa. 

La Red por los Derechos Humanos en contexto de encierro de Córdoba de la que formo parte nació el año pasado; desde entonces, y con el caso de César, lo que planteamos es la necesidad de la creación de un mecanismos local que replique las características que tiene el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que no va a resolver la situación por completo, pero que será un gran impulso.
Ese mecanismo debe hacerse mediante la sanción de una ley provincial y es una obligación que, de una u otra manera, el Gobierno provincial omite hace varios años, y que permita monitorear y registrar lo que sucede dentro de los contextos de encierro, en general, no sólo los establecimientos penitenciarios como el caso de César, sino también en los casos de salud mental (los cuestionados Centros Provinciales de Atención o los establecimientos neuropsiquiátricos).

La posibilidad de registrar y monitorear esas prácticas a nivel local es significativo porque permitirá colaborar con investigaciones judiciales –como este lamentable caso–, pero lo más importante es que permite trabajar en la prevención: cómo podemos actuar para evitar que estos casos sucedan. 

Es necesario un monitoreo provincial para que las personas que trabajan en esos establecimientos se capaciten para observar y estar alertas sobre determinadas situaciones que implican malos tratos y torturas. Los estudios demuestran que en las provincias donde se ha implementado, estas prácticas se han reducido.

En nuestra provincia, al no tener un mecanismo que registre situaciones de tortura, tampoco podemos conocer cuantitativamente la existencia de malos tratos y torturas. 

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Sabemos por el contacto con familiares o por talleres o cursos que se brindan que en establecimientos penitenciarios o en contexto de encierro en general, estas prácticas existen con mayor o menor intensidad, se reproducen de manera sistemática y se profundizan de la mano del hacinamiento actual. A mayor cantidad de personas privadas de libertad, mayores situaciones de malos tratos y torturas. En este punto confluyen dos factores. Uno es la cantidad de conflictos como consecuencia de la cantidad de personas. Pero el segundo es el que refleja la imposibilidad –tal vez por falta de formación– del servicio penitenciario de manejar o controlar estas situaciones para evitar que terminen en malos tratos o posibles torturas.

Por este motivo, es central y urgente que desde el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba se pueda plantear esta primera acción que es la creación de un mecanismo local que permita –de manera urgente– trabajar para la prevención al brindar herramientas de capacitación y formación que permitan detectar y resolver estas situaciones antes de que escalen a otras, trágicas, como la muerte de César Darío Moreno. 

* Abogada, Red por los Derechos Humanos en Contexto de Encierro Córdoba, docente universitaria e investigadora de Conicet