La Provincia incorpora al exintendente “verde” y desafía a Nación: “Que ambiente sea un ministerio es un hecho político”

Mientras en el Congreso comienza a debatirse el paquete de reforma del Estado enviado por el presidente Javier Milei, que incluye afectaciones a la conservación y protección del medio ambiente, Córdoba procura diferenciarse incluyendo la agenda ambiental en las políticas del gobierno de Martín Llaryora.

Antes de asumir, cuando Llaryora decidió reducir el organigrama de su gobierno para ajustarse a los nuevos tiempos de achicamiento del Estado que propone Milei, no barajó borrar del mapa las políticas ambientales.

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Por el contrario, le otorgó rango ministerial a la vieja secretaría de Ambiente y designó ministra a Victoria Flores, la funcionaria que le dio vuelo al ente municipal Córdoba Obras y Servicios (Coys), desde donde se promovió, ejecutó y coordinó el plan de economía circular como modelo de recuperación y reciclaje.

Como ministra de Ambiente, Flores pretende extender ese modelo a toda la provincia y profundizar en políticas ambientales que parecieron olvidadas en las últimas gestiones. Es por eso que el gobernador creó por decreto dentro de esa cartera la “Dirección General de Ordenamiento Territorial”, tarea para la cual eligió a Pablo Riveros, un nuevo extrapartidario que se incorpora a la gestión.

De esta manera, Córdoba reperfila su política ambiental con la incorporación del exintendente “verde”, al que muchos etiquetan como hippie por su condición de artesano y su look de peinado rastas.

Riveros tiene 45 años, es orfebre en plata y trabaja con todos los metales. Nació en el barrio porteño de Caballito y hace más de dos décadas se instaló en el valle de Calamuchita. Tiene una hija que también es artesana por herencia, contó a PERFIL CÓRDOBA.

- ¿Cuál es el rol de la flamante dirección de Ordenamiento Territorial dentro de Ambiente?

Corresponde con una tarea bastante amplia. Es, básicamente, un trabajo interdisciplinario con técnicos especialistas en modificación de códigos de edificación, en zonificación, en ordenamientos en términos ambientales del territorio, en espacios públicos, en áreas naturales protegidas y en cuencas hídricas.

Para mí, las problemáticas socioambientales de la provincia, fundamentalmente en las zonas de valles serranos y el norte cordobés, es la falta de ordenamiento territorial.

El negocio inmobiliario y el agronegocio se erigieron como ordenadores del territorio a falta del Estado y eso trajo conflictos. Hay todo un trabajo que hacer al respecto con jefes comunales, intendentes y con las organizaciones.

- ¿Se trata de un redireccionamiento de las políticas provinciales ambientales?

Córdoba es de las provincias más fumigadas del país, junto con Entre Ríos y Santa Fe. Esta provincia tiene un proceso de desmonte muy fuerte por el agronegocio y el negocio inmobiliario.

La constitución de un ministerio por encima de una secretaría ya es un hecho político. El gobernador Martín Llaryora tiene claro que el cambio climático es consecuencia de todo lo dicho.

En tanto, la ministra Victoria Flores viene haciendo un trabajo innovador en Córdoba. Agarró el Coys en la municipalidad, que se dedicaba al barrido y limpieza, y terminó siendo una empresa estatal de economía circular. Esa tremenda tarea le significó la posibilidad de guiar el ministerio de Ambiente.

Ella y el gobernador saben quién soy, cuál es mi recorrido político y social en el mundo del ambiente. Saben que tengo una relación muy estrecha con las organizaciones porque soy parte de las luchas socioambientales de Córdoba, pero también fui intendente y entiendo perfectamente cuál es el rol del Estado en todo esto.

- ¿También será mediador con organizaciones de luchas ambientales en la provincia?

Eso se está dando naturalmente. En estos pocos días como funcionario ya tomé relación con el movimiento campesino, con un montón de movimientos socioambientales de la provincia, que han visto en esto una oportunidad para tener diálogo y construir una agenda en común.

Yo creo en la comunidad organizada, creo en la construcción de comunidad, en el Estado presente. Y, para mí, la gestión mata relato. Entonces, tengo que sentarme con todos los actores y resolver los problemas. Lo mejor que nos puede pasar es que estemos en el Estado para resolverlos y no desde el lugar de la crítica sin soluciones.

- ¿Su incorporación representa el desembarco del Movimiento Verde en la política provincial?

Sí, creo que nosotros con el Movimiento Verde, que está por obtener personería jurídica, decidimos hace unos años dar una disputa institucional en la provincia y obtuvimos un triunfo electoral en Villa Ciudad Parque. Actualmente ya tenemos cuatros concejales en distintas localidades, dos jefes comunales, un intendente y ahora este lugar en el ministerio.

A nosotros nos parece que la política tiene que tomar al ambiente como una agenda transversal del modelo de desarrollo. Esa es nuestra línea política y en ese camino vamos andando y encontrándonos con estos desafíos.

Ahora soy un funcionario hippie con experiencia de cuatro años de gestión comunal de un pueblo que cobró identidad propia. Es un punto en toda la provincia con gestión de modelos de desarrollo y pudimos poner en valor la función del Estado como ordenador del territorio, a la comunidad como protagonista y al ambiente y la naturaleza como nuestra casa común.

Antes de eso fuimos parte de luchas socioambientales que lograron la expulsión de Monsanto de Córdoba, que lograron el primer juicio de fumigaciones en la provincia con las madres de barrio Ituzaingó y que lograron la movilización más grande en la Argentina en defensa del monte nativo.