El discurso del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña, pronunciado el viernes en la apertura del año judicial, fue un golpe certero. Lo pensó y eligió el momento oportuno. Podría haber sido un simple reclamo gremial de la Asociación de Magistrados, pero asumió él la autoría del ‘uppercut’ que asestó a la gestión de Juan Schiaretti.
Lo hizo ante una audiencia calificada, con presencia de jueces provinciales y federales, de un puñado de autoridades provinciales y municipales, y ante Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Para criticar la decisión del gobierno de afectar el salario de los jueces, buscó jurisprudencia y la citó.
El malestar, no solo de los magistrados, sino también de trabajadores judiciales, nació al mediodía del lunes 13 de diciembre del año pasado. Ese día, la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, informó al TSJ que en la Ley de Presupuesto para el 2022 se incluía un artículo que postergaba el pago de los aumentos retroactivos que la Provincia debía liquidar según la ley de equiparación de los magistrados cordobeses con los federales. Horas más tarde, el proyecto ingresó a la Legislatura y fue convertido en ley tres días después.
La decisión inconsulta enfureció a los jueces. Consideraron una afrenta no ser convocados para discutir la reforma y sintieron herida la independencia del Poder Judicial. Cada año, abren una mesa de negociación para definir el presupuesto anual; pero desde 2009 no tienen que golpear las puertas de la Casa de Gobierno para reclamar por salarios.
En aquel año, Luis Angulo era ministro de Justicia; José María Las Heras era director de Administración del Poder Judicial; Domingo Sesín tenía a su cargo el tema en el TSJ, y Víctor Vélez presidía la Asociación de Magistrados. Entre los cuatro redactaron la ley de equiparación salarial que rige desde hace más de una década, con algunos intervalos por las crisis económicas del país.
Se había logrado la autonomía salarial enganchando los haberes de los judiciales provinciales a cada incremento que resolvía la CSJN.
Qué cambió. El 16 de diciembre de 2021 no se modificó esa norma. Lo que se decidió fue posponer el pago de los retroactivos. Pasaron 88 días. Esta semana la CSJN otorgó un aumento del 15% que rige desde enero. En Córdoba, por lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial cobrarán sus próximos salarios con ese incremento, pero no saben cuándo percibirán los correspondientes a enero y febrero. Diferir el pago, en un contexto inflacionario, hace que las subas se licúen. Ahí radica el problema que encendió susceptibilidades.
La diferencia con el resto es insignificante. Hay otro argumento que circula en el TSJ. Analizaron los aumentos salariales de los últimos siete años. Del 2014 al 2021, “la diferencia teórica entre las sumas que recibieron los judiciales con relación al resto de los sectores públicos en la provincia es escasamente del 2,5%”. En esos siete años, se produjeron aumentos por más del 700% sobre los salarios.
Y subrayan algo más. Como a algunos retroactivos el gobierno nunca los pagó y a otros los abonó en cuotas, dicen que a valor nominal han sufrido una depreciación salarial.
En tribunales tienen un cuadro comparativo con datos pormenorizados de salarios que fue ofrecido a Rivero. Al parecer, la ministra nunca quiso conocerlo. Eso también disgustó a los jueces.
El viernes, López Peña puso en palabras todo lo que mascullaron en tribunales desde el 13 de diciembre. Fue un golpe al gobierno. Y llegó desde uno de los vocales del máximo tribunal que no se puede tildar de opositor o díscolo, más bien todo lo contrario.
