Con el apoyo de sus pares radicales y del interbloque Juntos por el Cambio, la legisladora Brenda Austin apuntó contra el ‘techo de cristal’ en la Justicia cordobesa. A través de un proyecto de ley, la radical demandó paridad de género en el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura.
Si bien Córdoba ha mostrado avances en cuanto a la integración de mujeres en el Poder Judicial, la parlamentaria afirmó que la justicia cordobesa “se encuentra en el puesto 17 si nos comparamos con otras provincias en cuanto a la participación femenina en puestos jerárquicos, de toma de decisiones”.
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Al afirmar que es necesario revertir “esta deuda histórica con las mujeres de nuestra provincia”, Austin basó su iniciativa en “la modificación de las normas del Poder Judicial para que nuestra provincia dé el ejemplo cumpliendo allí con la paridad de género”.
“Vemos en Córdoba la misma lógica de subrepresentación de mujeres en cargos de ministras, magistradas y fiscales, en contraposición a las categorías de funcionariado y personal administrativo, donde su participación en promedio supera el 70%”, advirtió.
Ante esa lógica, a la que se busca poner fin, la legisladora sostuvo que “la reducida presencia de mujeres en cargos superiores del Poder Judicial de Córdoba no obedece a cuestiones de idoneidad sino a barreras del ‘techo de cristal’”.En ese sentido, Austin cuestionó “esos mecanismos discriminatorios e invisibles que marcan un límite en el ascenso profesional de las mujeres a los espacios de decisión”. Es por ello que defendió este tipo de “normas de acción positiva” que promuevan la participación de mujeres “en los órganos de toma de decisiones”, en este caso: la Justicia.
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Vacante TSJ. En medio de la discusión que se abre a nivel nacional sobre la presencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia, la radical promovió “cambios” en la legislación de Córdoba para que este principio que se reclama a nivel federal también se cumpla al interior de la provincia.
“Nos preocupa especialmente, en el mismo sentido que lo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba”, aportó la opositora, al tiempo que demandó que “en la cobertura de las vacantes que se generen en los próximos meses sean cubiertas por mujeres juristas, para garantizar la paridad de género”.
El proyecto que impulsa la oposición modifica una treintena de artículos de las siguientes normas: Ley Orgánica del Poder Judicial 8.435, Ley del Consejo de la Magistratura 8.802, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal 7.826 y Ley del Ministerio Público de la Defensa 10.915. A su vez, fija una sanción: “Todo nombramiento efectuado en violación de lo previsto en esta ley (en caso de aprobarse) serán considerados nulo de nulidad absoluta en los términos del artículo 104 de la Ley de Procedimiento administrativo 5.350”.
