El martes último, durante un masivo acto realizado en la intersección de Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de esta ciudad, se lanzó el Frente Democrático por la Ley de Víctimas en Córdoba.
A pesar de que la norma nacional, que lleva el número 27.372, fue sancionada en 2017, a la fecha la Provincia de Córdoba no adhirió.
“Buscamos justicia y reparación” señaló Alejandra Coffi, referente del movimiento que se manifestó con ese objetivo.
Durante el discurso que pronunció durante el acto, Coffi ratificó la confianza en la Justicia, el respeto por las leyes y el deseo de una Argentina donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Relató que esta causa, que motiva a numerosas víctimas, se inició con “las estafas y engaños de la Edilicia Suez, encabezada por Roberto Suez, a más de 400 damnificados que confiaron en un proyecto de vivienda y hoy se ven despojados y con la esperanza lastimada”.
Se refirió a nueve emprendimientos frenados en diferentes sectores de la ciudad de Córdoba. “Representan un peligro físico para sus vecinos por posibles desmoronamientos o derrumbes”, destacó.
La movilización, en representación de las personas defraudadas por los desarrollos inmobiliarios de Suez, desembocó en un reclamo mayor como es la adhesión provincial a la ley nacional de víctimas. Coffi explicó que el Frente Democrático para reclamar la aplicación de la ley nacional, está integrado por empresarios y dirigentes sociales que le reclaman esa actitud y decisión al Gobierno provincial.
También interpelan al Poder Legislativo: “Que los legisladores no hagan oídos sordos y escuchen nuestra voz”, reclamó. Desde la perspectiva de la entidad, como están planteadas las normas y procedimientos en la Justicia, “un delincuente, estafador, abusador, violento, tiene asistencia gratuita inmediata”, como una garantía consagrada por la Constitución Nacional, “mientras que las víctimas, con sus derechos vulnerados, tienen que acudir a un abogado privado, abonar sus honorarios y todos los gastos para poder impulsar sus causas”.
En el análisis de la problemática, la dirigente también destacó el hecho de que hay “violencia institucional cuando quienes tienen que dar las respuestas no las dan”. Puso como ejemplo las causas que se archivan “por tráfico de influencias” de las personas que son investigadas.
En numerosas ocasiones, Coffi subrayó la necesidad de que Córdoba adhiera a la ley nacional de víctimas para ampliar los derechos y las garantías de todas aquellas personas que son vulneradas de diferentes modos, citando expedientes judiciales por tragedias viales, violencia de género y otros delitos.
Anunció la habilitación, en los próximos días, de una línea telefónica de atención gratuita. “Pondremos un 0800 para asesoramiento gratuito con un staff de profesionales compuesto por abogados, psicólogos y acompañantes terapéuticos que brindarán atención y contención las 24 horas durante los 365 días del año”, explicó. Agregó, para tranquilidad de quienes se comuniquen, que “la información será totalmente anónima para preservar su integridad”.
