Desde que asumieron las nuevas autoridades municipales de Córdoba, continúan saliendo a la luz deudas y facturas por servicios no pagadas que, en algunos casos, suman cifras millonarias.
En un bar céntrico, uno de esos acreedores confesó a PERFIL CORDOBA que en su caso “daba por perdido el monto que le adeudaba la administración Mestre”, ya que desde la Municipalidad le manifestaron que “estaba todo en revisión” y que por ahora “no hay un peso”.
“Eso y que te digan que esa deuda es incobrable, es lo mismo”, comentó amargamente el damnificado. Y deslizó un comentario que sonó a advertencia: “Hay empresas a las que les quedaron debiendo cifras importantes, de más de tres millones de pesos, y se las van a cobrar”. ¿A quiénes? fue la pregunta y en la respuesta apuntó a Ramón Mestre y al exsecretario de Modernización Marcelo Cossar.
“Hacemos por Río Cuarto”
El cierre del plazo para la inscripción de las alianzas electorales, el miércoles pasado, confirmó que serán siete las fuerzas que pelearán por la intendencia en los comicios del próximo 29 de marzo en el Imperio del Sur.
La confluencia de todos los sectores del peronismo en el armado de “Hacemos por Río Cuarto” y la división de la UCR parecen allanarle el camino a un segundo mandato de Juan Manuel Llamosas.
Gabriel Abrile será el candidato de Cambiemos (al sello del centenario partido se suman el PRO, el Frente Cívico y la Coalición Cívica), mientras que los radicales díscolos estrecharon filas en torno a Eduardo Scoppa, que encabezará la lista de “Riocuartenses por la igualdad, por la innovación, por la inversión y la integración”. La nómina de postulantes se completa con Lucia De Carlos (Respeto), Pablo Carrizo (Nuevo Respeto), Guadalupe Fantín (FIT) y Mario Lamberghini (Frente Nos).
Las discusiones siguieron a la orden del día en los últimos días, ya que esta semana deben cerrarse las listas y en la coalición oficialista afirman que “hay muchos pretendientes para pocos cargos”. “Hay que tener en cuenta que, en el mejor de los casos, la fuerza ganadora metería 10 de 19 concejales”, apuntó un operador que sigue de cerca los vaivenes del primer gran test electoral del país en 2020.
De la Central al Palacio
El comisario Gustavo Folli firmó su salida como segundo de la Policía de la Provincia en diciembre pasado y, casi sin tiempo para hacer el duelo por su retiro, estampó su rúbrica en el equipo municipal de Martín Llaryora, donde ocupa el puesto de director de Defensa Civil.
En el Palacio 6 de Julio afirman que no será el último exuniformado que pasará a revistar en la tropa municipal. De hecho, se comenta que el excomisario general Ramón Frías estuvo “ahí” de sumarse en algún cargo.
Frías fue la máxima autoridad policial entre diciembre de 2012 y setiembre de 2013, y luego de su polémica salida se dedicó, como muchos de sus colegas, al asesoramiento privado en materia de seguridad. En ese nuevo rol se vinculó a los clubes Talleres e Instituto.
El informante que relató esta jugada -a esta altura del partido ya casi un experto en el libro de pases de la política local- también mencionó al pasar el nombre de otro ex jefe policial que habría sido barajado como posible refuerzo: Julio César Suárez.
Una devolución de favores
El reacomodamiento de los exfuncionarios nacionales continúa. Los despachos cordobeses que habían quedado vacantes, de a poco empiezan a llenarse con los dirigentes del kirchnerismo -o albertismo, según la línea interna- y aquellos integrantes de Cambiemos que quedaron bollando, en el mejor de los casos empiezan a encontrar su lugar.
Por ejemplo, el caso del ahora extitular de Anses en Córdoba, el macrista Henry Leis, que dejó el despacho principal de la delegación cordobesa en diciembre y encontró trabajo rápidamente: desde hace unas semanas integra el equipo de asesores de Adriana Ruarte, la sexta diputada de Juntos por el Cambio que entró por Córdoba en las elecciones de octubre.
Ahora bien, ¿de dónde viene el vínculo entre ambos? Ruarte encabezaba la delegación de Anses en Deán Funes, dependencia que estaba en la órbita de Leis. Por eso, ahora hubo una devolución de favores en el Congreso.
