La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, se refirió al régimen penal juvenil y consideró que “una ley que no tiene previsto impacto presupuestario”, es “una ley que cae en saco roto”.
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Régimen penal juvenil
La funcionaria destacó la urgencia de actualizar la normativa vigente en el país, subrayando que el marco legal actual es anacrónico.
“La ley que tenemos en vigencia es una ley de la dictadura. Por lo tanto, nadie en la Argentina puede decir que no es necesario un cambio en el régimen penal juvenil. Eso me parece que es lo primero”, sostuvo en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.
Sin embargo Montero manifestó su disconformidad con el tratamiento legislativo que se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación. “Probablemente hubiese sido deseable y esperable un debate mucho más profundo con esta nueva conformación de la Cámara, porque los diputados y los senadores que la integran no son los mismos que la integraron el año pasado. Por lo tanto, el debate ha sido escaso en términos de la nueva conformación del Congreso de la Nación”, señaló en diálogo con Andy Ferreyra.
En relación con la implementación efectiva de la norma, la funcionaria hizo especial hincapié en la inviabilidad financiera del proyecto nacional para las jurisdicciones del interior.
“Claramente una ley que no tiene previsto impacto presupuestario, es una ley que cae en saco roto. La ley nacional prevé para toda la Argentina, pero solo para la jurisdicción nacional, es decir, que no va a ser girado un solo centavo a las provincias, 23.000 millones de pesos. Entonces, está clarito que no hay ninguna posibilidad de que la Nación gire un solo centavo para instrumentar una ley de esta envergadura a las provincias”, afirmó Montero.
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Críticas
“En el marco de decir, bueno, ´vamos a sancionar una ley y que las provincias se las arreglen´. Y esto es lo que viene haciendo el gobierno nacional y hay que decirlo con todas las letras, no solamente en esta materia, en todas las materias, que es una depositación masiva, masiva de las responsabilidades del Estado, del gobierno en los gobiernos locales y en los gobiernos provinciales y que se las arreglen”, cuestionó la funcionaria provincial.
Por otra parte, al referirse al enfoque de la pena y su impacto en la seguridad ciudadana, Montero subrayó la importancia de mirar el contexto social de manera integral. “El objetivo de la pena siempre tiene que ser evitar nuevas víctimas. Nosotros siempre nos tenemos que parar en el lugar de las víctimas. Por eso cuando uno habla de resocialización habla en el sentido de evitar nuevos delitos”, puntualizó.
“Me parece que pensar que una ley sola va a modificar la situación de la seguridad es desconocer que tenemos la cantidad de personas adultas que tenemos en situación de privación de la libertad en la Argentina”, finalizó Montero.
