Entre los juicios pendientes que tiene la Justicia para este año se destaca la causa madre de barrio Ituzaingó, el acuartelamiento policial de diciembre 2013 y el enjuiciamiento al exjefe de la Policía, Julio César Suárez. El TSJ entró en el debate final de la constitucionalidad de la ley previsional provincial. También quedó pendiente la habilitación de la asociación ASoMA como querellante en el expediente del Hotel Ansenuza. Cormecor espera decisión de fondo: ¿puede o no ser habilitada para funcionar? Aquí, un repaso por las principales causas pendientes.
Causa madre barrio Ituzaingó. Desde hace más de dos años la Cámara Séptima del Crimen tiene pendiente la realización del juicio donde por primera vez se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos provocó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de "contaminación dolosa ambiental continuada". Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier Amuchástegui y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
Cormecor, si o no. Los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación tienen en sus escritorios los expedientes que permitirán habilitar o no la instalación de la planta de residuos en el predio ubicado entre rutas 5 y 36. Será la decisión de fondo de una serie de amparos que se presentaron contra la Corporación para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba S.A. (Cormecor). Hasta ahora rige una medida cautelar que impide toda obra en el predio y que fue confirmada por el TSJ.
Querellantes en causa Ansenuza. El TSJ tiene en sus manos la definición sobre si la causa por presuntos sobreprecios en la construcción del Hotel Ansenuza en Miramar tendrá o no querellante, tras la clausura de la investigación por parte del fiscal Gustavo Dalma. Después de que un juez de Control admitiera como parte a la asociación civil “Acción Solidaria para una Mejor Argentina” (A.So.M.A.), la Cámara de Acusación sepultó esa posibilidad. Sus integrantes, los legisladores de la oposición Liliana Montero , Juan Pablo Quinteros y Aurelio García Elorrio, presentaron un recurso que está a consideración del más alto tribunal provincial
Odebrecht y los gasoductos. En la fiscalía Anticorrupción que encabeza Hugo Amayusco esperan la respuesta del juez federal de Curitiba, Sergio Moro, al exhorto librado para que informe sobre las menciones de las licitaciones de gasoductos troncales de los años 2008/2009 en la lista con nombres y montos que confeccionó el cambista arrepentido Alberto Youssef y en la que figura un supuesto pago asignado a Córdoba de más de 60 millones de reales (36 millones de dólares a la cotización de 2014 cuando la nómina fue secuestrada).
Acuartelamiento policial. La Cámara 12º del Crimen prepara el inicio del juicio contra 58 policías acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, uso indebido de caudales públicos e instigación al delito. Son todos de bajo rango. Se determinó durante la instrucción, a través del sistema de rastreo satelital de móviles, quiénes dejaron de trabajar durante las jornadas de protesta salarial de los policías entre el 3 y 4 de diciembre de 2013. El por entonces gobernador, José Manuel de la Sota, fue fotografiado en un aeropuerto de Panamá mientras en Córdoba se sucedían hechos de saqueos causados por la inactividad de gran parte de la tropa policial.
Juicio a ex jefe de Policía. Entre el 19 y 23 de febrero se juzgará en la Cámara 4º del Crimen al exjefe de Policía, Julio César Suárez, por amenazas al periodista Dante Leguizamón. Los hechos ocurrieron en agosto de 2014, cuando Suárez, en forma intempestiva, advirtió al periodista: “Me voy a encargar de vos”, tras informes que había realizado en los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba sobre violencia policial en barrio Los Cortaderos, donde el joven Fernando “Güere” Pellico murió como consecuencia del accionar policial, según determinó la Justicia, que inclusive condenó a dos uniformados.
Ley 10.333. Ya está a fallo en el TSJ el primer expediente contra la ley provincial aprobada el 23 de diciembre de 2015 que modificó la fórmula para calcular los haberes previsionales en Córdoba. Se trata de una acción de inconstitucionalidad formulada por un jubilado de apellido Gómez. Luego presentaron acciones otros grupos de jubilados y numerosos gremios. La resolución de fondo se aplicará al caso del amparista mencionado, aunque su importancia consiste en que el máximo tribunal fijará un criterio sobre la controversia.
Fiscal adjunto Gómez Demmel. Finalizó el año y el juez de Control Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, no resolvió sobre la acción penal por abuso de autoridad que promovió el fiscal Hugo Amayusco por denuncias de dos ayudantes fiscales. Como se recordará, la denuncia surgió a partir de la supuesta intervención indebida de Gómez Demmel en dos sumarios por hechos relacionados con el Có digo de Convivencia. Uno de ellos tiene que ver con la detención de tres naranjitas tras un partido que disputó Belgrano en Alberdi. José Gómez Demmel respiró tranquilo después de una resolución del Tribunal de Ética que desestimó sanciones por la acusación de la fiscal civil Alicia García de Solavagione sobre presunta interferencia en una causa judicial. Pero la suerte de la causa penal puede derivar en un pedido de jury.
TRIBUNALES FEDERALES: JUBILADOS, DROGAS Y MEGACAUSA PENAL ECONÓMICA
CBI. El 2018 podría ser el año en que se eleve a juicio el núcleo central de una megacausa por el funcionamiento de la financiera ilegal que selló su debacle a inicios de 2013 y que incluyó la muerte, aún no esclarecida, de su vicepresidente, Jorge Suau. Continúa detenido quien fuera su presidente, Eduardo Rodrigo. En diciembre, la Cámara Federal confirmó su prisión preventiva y la existencia de una asociación ilícita. Mientras tanto se continúan investigando empresas ligadas a la financiera.
Causas previsionales. En diciembre, incluso antes de que se publicara en el Boletín Oficial la ley nacional que modificó la fórmula para aplicar los incrementos a los jubilados a partir de marzo próximo, llegaron a los tribunales federales de Córdoba recursos de inconstitucionalidad. Un párrafo aparte merece la cantidad de expedientes pendientes de resolución de pasivos contra Anses por el recálculo de haberes. El año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió 2.037 juicios, pero aún quedan otros 7 mil en trámite.
Drogas. Dos tipos de causas generan atención. Por un lado, el importante crecimiento de procedimientos de secuestro de drogas de diseño, en especial pastillas de éxtasis, que fueron secuestradas el último año de a miles en el aeropuerto Taravella y en menor cantidad a través de envíos postales desde Europa. Y por otro, las causas por cultivo de marihuana para producir aceite de cannabis medicinal. Mientras en el país se legalizó la aplicación de este tipo de sustancias para tratamientos médicos, no se autorizó a particulares el cultivo de la marihuana, lo que provocó la continuidad de procesos penales contra los cultivadores que esperan definición para este año.
Apátridas. Sigue sin resolverse la situación de cientos de inmigrantes que tramitaron su nacionalización pero que fueron estafados por una empleada del Juzgado Federal 1, Olga Liliana Borneo Santillán, quien durante cuatro años estuvo a cargo de las cartas de ciudadanía del tribunal, y que fue condenada a una exigua pena. La situación más grave es la que presentan hombres y mujeres nacidos en China, quienes renunciaron a su nacionalidad para tomar la argentina y se encuentran en situación de apátrida, condición condenada por organismos internacionales. El Juzgado Federal 1 se negó a otorgarles la ciudadanía y ordenó la realización de nuevos trámites.
