En un escrito de casi cien páginas, los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Nicolás Turano (de la Procuración Nacional) solicitaron formalmente el procesamiento de los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Montesi. El pedido incluye un requerimiento de arresto domiciliario para Sánchez Torres, tras ser considerado responsable de una trama de abuso de autoridad y violencia de género institucional en perjuicio de una funcionaria que era subordinada suya.
En la práctica, el juez Alejandro Sánchez Freytes -a quien están dirigidos los pedidos- no podría ejecutar la detención. Sánchez Torres tiene fueros como juez y sólo sería factible arrestarlo si el plenario del Consejo de la Magistratura aprueba el proceso de destitución.
Actualmente hay cuatro denuncias en el organismo contra Sánchez Torres y Montesi, la última fue presentada por Elisa Carrió, y se tramitan en la Comisión de Disciplina. Como los fiscales Hairabedián y Turano pidieron detener al actual vicepresidente del tribunal de Alzada, el juez podría informar al Consejo e intervendría directamente la Comisión de Acusación.
Lo esperable es que el Consejo de la Magistratura tome algún tipo de intervención por el impacto institucional y en las actividades jurisdiccionales. La Cámara es un tribunal colegiado donde dos de sus miembros están sospechados de comisión de delitos, además de constituir una pareja de hecho.
Fuentes del Consejo consultadas por Perfil CÓRDOBA afirmaron que no existe en el reglamento para magistrados la posibilidad de una suspensión preventiva. Aún imputados y con pedidos de procesamientos, mantienen sus facultades de jueces y continúan firmando resoluciones y emitiendo fallos.
Una causa de gravedad institucional
El requerimiento fiscal describe un presunto acuerdo entre los magistrados —quienes mantienen una relación de pareja— para manipular la integración de las salas de la Cámara Federal. El objetivo habría sido asegurar que ambos intervinieran conjuntamente en un expediente por evasión tributaria para beneficiar a exdirectivos de la cerealera Bunge. Lo habrían hecho desplazando, en uno de los expedientes, a la jueza que debía subrogar, la vocal Liliana Navarro.
Según la fiscalía, esta integración ilegal buscaba garantizar resoluciones favorables a los imputados de la cerealera. En el expediente "Padilla", por ejemplo, el tribunal conformado por la pareja confirmó por unanimidad la falta de mérito del acusado. Los fiscales califican estos hechos como el delito de abuso de autoridad (Art. 248 del Código Penal), imputando a Sánchez Torres y Montesi como coautores por dictar resoluciones contrarias a la ley nacional de subrogancias.
Violencia laboral y "lesiones graves" contra Celina Laje
El segundo eje de la acusación se centra en el hostigamiento sufrido por la secretaria penal Celina Laje Anaya. Los fiscales sostienen que, ante la negativa de la funcionaria a confeccionar un certificado que validara la integración irregular en el caso Bunge, Sánchez Torres inició una campaña de maltrato y hostigamiento sistemático en su contra.
El requerimiento detalla actos de humillación pública y despojo de funciones que habrían provocado un quiebre en la salud física y mental de Laje, manifestándose con crisis de pánico, hipertensión que derivaron en licencias psiquiátricas prolongadas.
Por este motivo, Sánchez Torres ha sido imputado como autor de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género. La fiscalía subraya que el daño a la salud de la víctima fue producto de una "suma de microviolencias" que la inutilizaron para el trabajo por más de un mes.
Por qué piden arresto domiciliario
Debido a la gravedad de los hechos y al riesgo de que el magistrado continúe interfiriendo en la investigación —se denunciaron presiones a testigos y maniobras para "dirigir" el proceso—, los fiscales instaron al juez Sánchez Freytes a ordenar el arresto domiciliario de Sánchez Torres.
No obstante, la fiscalía aclara que, por la ley de fueros , la privación de la libertad no podrá hacerse efectiva mientras el camarista mantenga su inmunidad de arresto.
En relación a Montesi, el pedido de procesamiento se basa en su participación como coautora del delito de abuso de autoridad por la presunta manipulación de las salas.
