La asociación en formación "Voces por la Cultura, por la Paz y por la Justicia", con el patrocinio letrado de Elisa Carrió y la abogada Maria Pace, denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a los vocales de la Cámara Federal de Apelaciones, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi.
Es la cuarta presentación ante el organismo encargado del control disciplinario de los jueces federales, que menciona a Sánchez Torres y Montesi. Ingresó al Consejo el 16 de julio último y está dirigida a su presidente, Horacio Rosatti. Solicita la apertura del procedimiento de remoción, la suspensión de los magistrados y su eventual enjuiciamiento por las causales de mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
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La “ingeniería de la impunidad” en el caso Bunge
El eje central gira en torno a lo que la denuncia califica como una "ingeniería de la impunidad" vinculada a la cerealera Bunge. Según el documento, los magistrados habrían manipulado la integración de las salas para intervenir de manera conjunta en expedientes de evasión tributaria agravada. En varios tramos de la denuncia se subraya la existencia de una pareja de hecho entre ambos, que podría atentar contra la objetividad e imparcialidad en las decisiones judiciales.
Este tipo de irregularidades ya habían sido advertidas en 2019 por otros colegas de la misma Cámara, quienes señalaron la incompatibilidad ética y funcional de que una pareja integre el mismo tribunal de alzada y con poder de superintendencia en la jurisdicción.
Violencia institucional y de género
Otro de los tramos graves del escrito describe un patrón de violencia laboral y de género contra la secretaria de Cámara, Celina Laje Anaya. De acuerdo con la denuncia, tras negarse a avalar las certificaciones de integración que consideraba ilegales, la funcionaria sufrió actos sistemáticos de maltrato, humillaciones y hostigamiento por parte de Sánchez Torres.
Este disciplinamiento incluyó desde el desalojo de su despacho hasta presiones para aceptar un intercambio de cargo (permuta) que implicó un descenso jerárquico y salarial. El cuadro de violencia le habría provocado a la funcionaria severas afecciones físicas y psíquicas, incluyendo crisis de pánico y depresión.
Los hechos denunciados merecieron una imputación a Sánchez Torres y Montesi por parte de los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Nicolás Turano. Incluso, el juez Alejandro Sánchez Torres impuso a Sánchez Torres la prohibición de tomar contacto con la denunciante.
Signos de riqueza y un polémico vuelco
La presentación también solicita una investigación sobre el patrimonio de Sánchez Torres, señalando una evolución de sus bienes que resultaría incompatible con sus ingresos -de por sí abultados- como magistrado. Se menciona la propiedad de una vivienda de 700 metros cuadrados en el exclusivo country El Terrón (Mendiolaza), cuya valuación se calcula en 1,3 millones de dólares y otra vivienda en Altos del Chateau.
Para agravar la situación, se incorporó un hecho ocurrido el pasado 23 de junio, cuando el camarista protagonizó un incidente vial. Según el relato, Sánchez Torres habría volcado su camioneta Ford Ranger Raptor en la Avenida Circunvalación. La denuncia sostiene que el juez habría huido del lugar con ayuda de un amigo para eludir el control policial y el test de alcoholemia, contando con la presunta colaboración de la policía provincial para ocultar el hecho, que no informó el suceso.
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Pedido de suspensión urgente
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de que los magistrados utilicen su poder para entorpecer las investigaciones o amedrentar a testigos —como habría ocurrido con el secretario Francisco Juárez Rouviere—, Carrió solicitó al Consejo de la Magistratura la suspensión inmediata de ambos en sus funciones.
La denuncia destaca que “los hechos denunciados, considerados en forma conjunta y no son episodios aislados, revelarían un posible patrón de utilización irregular de la función judicial, desconocimiento deliberado de las normas, afectación de la imparcialidad, abuso de las relaciones jerárquicas y entorpecimiento de las investigaciones”.
Concluye que Sánchez Torres y Montesi han dejado de ser aptos técnica y moralmente para ejercer la magistratura, representando un perjuicio grave al servicio público de justicia y una deshonra a la investidura que ostentan.
