A medio siglo del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la reconstrucción de lo ocurrido durante la última dictadura argentina continúa apoyándose en un vasto corpus documental que permite comprender la lógica y el alcance del terrorismo de Estado. Entre esos materiales, los memorandos reservados de la Policía Federal, delegación Córdoba (PF-DC), ofrecen una mirada precisa sobre el funcionamiento planificado de la represión en ámbitos clave como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Estos documentos, preservados en el Archivo Provincial de la Memoria, han sido estudiados durante años por Ana Carol Solís, docente de la Escuela de Historia e investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Su análisis pone en evidencia la articulación sistemática entre distintas fuerzas represivas que operaban en la provincia.
“La memoria siempre ha sido, y seguirá siendo, un territorio de disputa”
Según explica Solís, los memorandos reflejan una coordinación estrecha entre la Policía Federal, el Tercer Cuerpo del Ejército, el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba y otros organismos que integraban la denominada “comunidad informativa”. Esta estructura funcionó con especial intensidad entre 1975 y 1978, período en el que se consolidaron prácticas represivas orientadas a controlar distintos espacios sociales.
En ese esquema, la universidad ocupaba un lugar central. “El interés principal eran las fábricas y, en segundo lugar, la universidad”, señala la investigadora. La UNC era considerada un posible “foco de surgimiento del enemigo subversivo”, lo que derivó en un seguimiento permanente de su vida institucional.
Los documentos revelan que la Policía Federal informaba sistemáticamente sobre cambios de autoridades, como la designación de nuevos decanos en 1976 y la llegada de un rector civil en 1977. También se monitoreaba a los estudiantes ingresantes, en un intento por anticipar posibles focos de organización política.
El plan de infiltrados en las facultades
Uno de los aspectos más relevantes que surge de los memorandos es la planificación de tareas de inteligencia dentro de las facultades. Según los registros, se preveía la infiltración mediante soldados conscriptos que serían dados de baja anticipadamente para desempeñarse como informantes. “Se destinó a soldados conscriptos (...) a razón de dos por cada facultad, con el objetivo de evitar la captación de estudiantes por parte de las organizaciones”, detalla Solís, aunque aclara que no hay constancia documental de su implementación efectiva.
El control sobre la universidad también incluyó medidas concretas como el cierre de carreras, la elaboración de listas negras y cesantías masivas. En total, los documentos registran al menos 267 despidos en la UNC, entre docentes y no docentes, considerados como una “novedad” en el ámbito educativo de la época.
Otro elemento que aparece en los memorandos es la preocupación inicial por el “comunismo”, incluso por encima de la “subversión”, lo que da cuenta de las prioridades ideológicas del aparato represivo. En ese marco, se menciona que el entonces jefe del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez, evaluaba impulsar la ilegalización del Partido Comunista.
Sin embargo, esa preocupación fue perdiendo centralidad con el tiempo, a medida que la “lucha antisubversiva” se reorganizaba y distribuía tareas específicas entre los distintos organismos de inteligencia.
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El Manuel Belgrano y Ciencias de la Información
Dentro del entramado represivo, algunas unidades académicas recibieron una atención particular. La Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y la entonces Escuela de Ciencias de la Información fueron objeto de intervenciones directas.
En el caso del Belgrano, la Policía Federal ya actuaba antes del golpe, citando a estudiantes y padres para aplicar “amedrentamientos explícitos” y ejercer un control disciplinario. También participaba en la elaboración de listados de estudiantes, algunos de los cuales luego serían víctimas del terrorismo de Estado.
Por su parte, la Escuela de Ciencias de la Información fue directamente cerrada tras el golpe. Los memorandos revelan una fuerte preocupación por la orientación política de sus estudiantes, considerados mayoritariamente “marxistas”, y por su posible inserción en los medios de comunicación locales. No quería que surja una primera camada de egresados.
“Se definió el control de la radio y la televisión y la situación de la Escuela de Ciencias de la Información”, explica Solís. Según los documentos, se buscó impedir que sus egresados accedieran a puestos laborales en el ámbito periodístico, al tiempo que se avanzaba en el cierre de la institución.
Una institución controlada
Más allá de las acciones represivas directas, los memorandos permiten reconstruir el modelo de universidad que impulsaba la dictadura. Se trataba de una institución más pequeña, controlada y políticamente neutralizada.
Este objetivo se materializó a través de distintas estrategias: la imposición de exámenes de ingreso con cupos, la reducción de la matrícula, el cierre de carreras y la modificación de planes de estudio. “Había muchísimos aspirantes y muy pocos estudiantes”, resume Solís.
A este proceso se suma lo que la investigadora define como una “autodepuración” interna, que comenzó incluso antes del golpe de 1976, con cesantías en facultades como Filosofía y Humanidades.
El impacto humano de estas políticas fue devastador. Hasta el momento, se registran 518 personas desaparecidas o asesinadas vinculadas a la UNC, entre estudiantes, docentes y trabajadores.
