Los directivos de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, CIMCC, entregaron a las autoridades provinciales y nacionales un documento de trabajo con una propuesta de compensación fiscal para evitar el impacto que generarán los derechos de exportación de manufacturas de origen industrial, en caso que se sostengan tal como lo propone el proyecto de Ley que se encuentra en análisis de Comisiones en el Congreso de la Nación.
Según se comunicó, se trata de un trabajo que en primera instancia inició la Cámara de manera interna, analizando la situación para luego presentar su implicancia a las autoridades de la cartera económica nacional y provincial, siguiendo la discusión de la problemática con legisladores, el Ministro de producción de Córdoba y con el gobernador, Martín Llaryora.
Además, con su exposición a través del asesor económico de CIMCC, Gastón Utrera, el trabajo llegó también al Plenario de Comisiones del Congreso de la Nación donde se están discutiendo las diversas medidas que alcanza el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” impulsada en este inicio de año, por el Gobierno nacional.
La entidad remarcó que el documento elaborado y presentado a cada una de las autoridades pertinentes pretende brindar una alternativa al esquema de derechos de exportación e impuesto PAIS planteado por el Poder Ejecutivo nacional, con el fin de evitar la paralización de la producción y la pérdida de puestos de trabajo que la medida producirá si no se revisa en los puntos allí expuestos por la entidad empresaria.
En los puntos centrales del trabajo que realizó la consultora Economic Trends se plantea:
-La alícuota del 15% implicaría un incremento de alrededor de 11.5 puntos porcentuales sobre las alícuotas vigentes (3.5% en promedio, con 0% para exportaciones incrementales). Con un promedio de US$ 20,000 de exportaciones de MOI durante los últimos 10 años, se trata de US$ 2,300 millones de recaudación anual.
-No se trata de un monto perdido por no incrementar la alícuota, ya que el argumento es que dicha recaudación es inviable si las exportaciones MOI lo son, pero es el monto que debería obtenerse por otras vías para lograr neutralidad con relación a las previsiones originales del plan económico.
-Dicho monto podría obtenerse mediante una modificación de la Ley 23.966 en lo referido al destino de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. La distribución actual es (a) Tesoro Nacional 10.40%, (b) Fondo Nacional de la Vivienda 15.07%, (c) provincias 10.40%, (d) Sistema Único de Seguridad Social 28.69%, (e) Fideicomiso de Infraestructura Hídrica 4.31%, (f) Fideicomiso de Infraestructura de Transporte 28.58%, (g) Compensación Transporte Publico 2.55%.
-Preservando los porcentajes de provincias (10.40%) y Seguridad Social (28.69%), el resto (60.91%) podría direccionarse hacia el Tesoro Nacional, en detrimento de fideicomisos y fondos cuyos propósitos (financiación de obras públicas y subsidios al transporte) están fuera de la agenda del Gobierno nacional.
-La reasignación propuesta equivale a US$2,399.5 millones. Surge de considerar la recaudación por $ 526,431.7 millones registrada durante 2023, equivalente a US$ 888.1 millones (aplicando promedio de dólar oficial durante 2023), aplicar la actualización por inflación pendiente de montos de ambos impuestos, que debería realizarse este año y aplicar el porcentaje adicional de asignación al Tesoro Nacional (50.51%).
“Incluso con una caída de volúmenes del 4.2% en 2023 en comparación con 2022, el monto obtenido es suficiente para la compensación fiscal buscada”, plantea el documento.
