Pese a la “pausa electoral”, en la Unicameral la prórroga al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Fabián López, para explicar los aumentos por encima de la inflación en la tarifa del agua en la ciudad de Córdoba, sigue dando que hablar. En el choque de fuerzas, los halcones cambiemistas insisten en que hay un “incumplimiento”. Espadas oficialistas lo niegan. El núcleo duro opositor volvió a ir a la Justicia.
El legislador Gregorio Hernández Maqueda, del interbloque Juntos por el Cambio (JxC), amplió a mediados de la semana pasada la denuncia penal contra el ministro. La presentación a la cual accedió Perfil Córdoba está dirigida al fiscal de Instrucción Ernesto de Aragón y el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado.
El liberal mileista acusó al funcionario de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y agravamiento de la gravedad institucional derivada de su negativa a comparecer ante la Legislatura provincial”, cuando el cuerpo aprobó por unanimidad su interpelación “para dar explicaciones sobre los aumentos irrisorios de la tarifa de Aguas Cordobesas”.
La ampliación a la denuncia original de Hernández Maqueda y los juecistas comandados por Walter Nostrala, se fundamenta en la reciente resolución 4.143/25, aprobada por la mayoría oficialista “una vez vencido el plazo legal de citación”, que dispone prorrogar la comparecencia del ministro para “cuando se produzca el tratamiento de las Leyes Económicas del ejercicio 2026”.
Según el halcón mileista de JxC, esta maniobra “busca convalidar un incumplimiento y encubrir un delito institucional”, ya que la prórroga carece de validez jurídica una vez vencido el plazo original fijado por la resolución 4.130/25 (aprobada en el plenario del 3 de septiembre), que exigía la presencia del ministro en un plazo máximo de 14 días.
“No puede prorrogarse un plazo ya vencido. Es un intento burdo de legitimar el incumplimiento de un ministro que se negó a rendir cuentas. Y lo más grave es que esta vez el oficialismo lo hizo por mayoría simple, dejando en evidencia una maniobra política para proteger a López”, cuestionó el legislador.
En su denuncia penal reitera que “el ministro violó el artículo 249 del Código Penal”, que sanciona a los funcionarios públicos que “ilegalmente omiten, rehúsan o retardan algún acto de su oficio”. “Estamos ante un artilugio para evitar la rendición de cuentas, justo cuando los cordobeses enfrentan tarifas desproporcionadas y una inflación anual del 17,3%. Esto no es un problema partidario, es un ataque a la institucionalidad y a los derechos de los ciudadanos”, remarcó Maqueda.
Mala praxis
Por su parte, el oficialismo —sumergido en la campaña que hace unos días llegó a su fin— prefirió no hacer olas con la nueva denuncia opositora. La réplica fue la misma que cuando el mileista fue por primera vez a Tribunales II.
La contraofensiva se centró en “las mentiras y la mala praxis política de estos personajes” de la oposición. Esas palabras habían sido pronunciadas en su momento por el jefe de la bancada oficialista, Miguel Siciliano, quien había renovado su crítica contra los halcones de JxC por oponerse a todo. “Ponen palos en la rueda”, dijo.
El bloque del PJ volvió a desestimar el “incumplimiento” de López ante lo resuelto por el pleno. En su oportunidad, el funcionario sostuvo —mediante una nota— su voluntad de asistir a la Legislatura, pero no hubo una citación formal de comisión. En ese plano, los radicales apuntan contra la vicegobernadora Myrian Prunotto por no activar los resortes legislativos a tal fin.
Luego vino la jugada peronista desplegada en el recinto, por la cual aprobó junto a sus aliados un dictamen de comisión (avalado en soledad por el oficialismo) en la sesión del 1 de octubre que prorroga la comparecencia de López para cuando se trate el Presupuesto 2026. Esto encendió la crítica de los opositores duros que terminó en Tribunales.
Roce con Prunotto
La oposición halcón se quejó por “la falta de consideración al seguir sistemáticamente ignorando los pedidos” de sesiones especiales, por parte de la titular de la Cámara ante temas candentes que, según los cambiemistas, deberían abordarse en el recinto. En su contragolpe, el oficialismo aseveró que es “puro circo” de los opositores “en su juego electoralista”.
Cerca de la vicegobernadora declaran que es un tema de instancia legislativa–administrativa, pese a que las notas formales sean dirigidas a su persona. “Nosotros no manejamos eso”, dijo una voz de su entorno. “El silencio implica una negativa tácita en el derecho administrativo”, sumó un interlocutor válido. Pero, también, advirtió que “no hay un mandato de contestar” y recordó que la primera negativa a una sesión especial fue al propio oficialismo.
El reclamo opositor marca el pulso del áspero roce de la bancada UCR con Prunotto. El interbloque, junto a otros bloques, solicitó seis pedidos de sesiones especiales por Apross, educación, retenciones, el “impuestazo” y, las dos últimas, por la interpelación del ministro Fabián López y los gastos en el exterior de la Defensora de Niñez, Amelia López.
“De los cinco (con impronta radical) solo dos respondieron —vía sendos decretos que fijan antecedente— sin poder fundamentar la denegatoria y en los tres restantes el oficialismo ignoró la solicitud y, obviamente, no concedieron ninguna sesión especial”, cuestionó Alejandra Ferrero, titular del espacio cambiemista que la UCR articula con los juecistas y el mileista Maqueda.
En su embate, la deloredista afirmó que “es tal la discrecionalidad y la impunidad con que se manejan, que piensan que es un capricho de la oposición y no entienden que tienen que rendir cuentas y explicarles a los cordobeses el manejo de los recursos públicos. Detrás está el pueblo de Córdoba que pide explicaciones”, y fustigó al PJ por haber “cerrado” la Legislatura por la campaña.
El tema de sesiones especiales fue motivo de cruces en Labor Parlamentaria, en donde el oficialismo rechazó el accionar opositor de “gambetear” el Reglamento Interno (RI) para fogonear el “sobre tablas” de iniciativas que pueden seguir la ruta ordinaria legislativa. En la oposición salen al cruce denunciando el “cajoneo” permanente.
Ante el pedido de acceso a los dos o tres decretos de la presidencia de la Cámara sobre la denegatoria a las sesiones especiales, desde el área correspondiente se dijo que “la información requerida deberá solicitarse vía Cidi”. De todos modos, se infiere —a la luz del artículo 203 (RI)—, de Legislatura Abierta, que podrían ser publicados en el sitio web oficial como sí ocurre en el caso de proyectos, leyes, resoluciones y declaraciones aprobadas.
