El todopoderoso Oscar González, otrora dirigente de peso del cordobesismo, cumple hace cinco meses la detención domiciliaria con tobillera electrónica. Ahora, solicitó a través de sus abogados ampliar el radio de sus movimientos en la vivienda de Villa Dolores, donde tiene fijado domicilio ante la justicia federal.
En declaraciones al programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba, fiscal federal Maximiliano Hairabedian reveló que González, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, solicitó formalmente una ampliación del perímetro de la tobillera electrónica debido a las dimensiones de la propiedad donde se encuentra.
"Esa medida depende del juez federal porque el imputado se encuentra detenido con domiciliaria a disposición del juez federal (Miguel Hugo Vaca Narvaja)”, indicó el fiscal.
Desde la defensa de González indicaron que el pedido se realizó porque el ex legislador “no podía abrir el portón” de la locación donde cumple con la domiciliaria.
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Pericia contable define el rumbo del caso
Respecto a la fecha del juicio, el fiscal federal fue categórico al señalar que aún no puede establecerse una fecha definitiva. "Estamos en plena realización de una pericia contable y de tasación para determinar el valor real del patrimonio y comprobar contablemente si con los ingresos legales del exfuncionario podía tener el patrimonio que detectó la fiscalía", afirmó.
Esta pericia resulta crucial para el avance de la causa, ya que busca establecer si existe una desproporción entre los ingresos declarados por González durante su carrera como funcionario público y el patrimonio que habría acumulado. "Esta pericia se está realizando y hasta que no se termine no podemos hablar que la investigación esté concluida", agregó Hairabedian.
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González, el único apuntado
Ante la consulta sobre si la investigación podría extenderse a otros dirigentes políticos, el fiscal fue claro en descartar esta posibilidad por el momento. "La investigación que llevamos se dirige contra esta persona y no tenemos otros imputados", aseguró.
Según la acusación del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, el exlegislador no podría justificar su patrimonio con los ingresos declarados como funcionario nacional y provincial desde la década de 1990.
