Desde el viernes último Alicia Chirino, fiscal especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, tiene en sus manos la investigación por la presunta violación y posterior asesinato de la pequeña de 4 años Abril Sosa, ocurridos el pasado fin de semana en barrio General Bustos de nuestra ciudad. Daniel Alberto Ludueña, vecino de la familia de Abril, de 35 años, está imputado por homicidio agravado por alevosía. Lo defiende Esteban Rafael Ortiz.
Mientras tanto, los padres de la pequeña pidieron ser querellantes y la derivación del expediente a la fiscalía de Chirino ofrece fuertes sospechas del abuso sexual cometido a pesar de que el informe completo de la autopsia recién podrá conocerse en los próximos días. Todavía no se proporcionó información básica como data de la muerte, mecánica del asesinato, si hubo sobrevida y sufrimiento y si hubo abuso. De hecho se solicitó un informe al Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética (Copramesab) del Poder Judicial.
¿Por qué razón el expediente fue derivado a la fiscalía especializada si nada de eso fue confirmado? Porque según directivas vigentes de Fiscalía General, con la sola sospecha de la existencia de un delito vinculado a la integridad sexual, procede derivar el caso a la competencia. El abogado de la familia de la pequeña, Carlos Nayi, solicitó que se modifique la imputación a homicidio criminis causae, con la hipótesis de que Ludueña la mató para ocultar el abuso previo ya que ella lo conocía y habría podido delatarlo. En ambos casos, de haber condena, sería prisión perpetua.
Lo cierto es que el hecho conmovió a Córdoba y el país y volvió a poner en foco el análisis de los abusos sexuales, el perfil de los autores de este tipo de crímenes y la posibilidad de reeducarlos para evitar su reincidencia. PERFIL Córdoba consultó a dos especialistas en la materia: a los psicólogos Oscar Santini, docente de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNC con numerosas publicaciones sobre la temática; y a Javier Francisco Chilo, docente de la Universidad Siglo 21, uno de los creadores del Gabinete de Análisis del Comportamiento Criminal de la Policía Judicial de Córdoba.
Ambos coincidieron en que la reinserción, tras el cumplimiento de la condena, es una “materia difícil”. En que hay una multicausalidad en el origen de este tipo crímenes. Y que el abusador no busca satisfacción orgásmica sinoque focaliza en lo sexual un acto de violencia y poder. Este aspecto se observa con gran claridad cuando las víctimas son menores de edad.
De hecho, según las últimas estadísticas disponibles del Ministerio Público de Córdoba referidas a denuncias formuladas en 2016, de un total de 1.417 presentaciones, en 817 las víctimas fueron menores de 17 años. Es decir, más de la mitad precisamente el 57 por ciento- fueron niña, niños o adolescentes.
Detalles y menos beneficios. A tal punto es tema de debate que en nuestro país hubieron dos reformas legales recientes, aprobadas el año pasado. El artículo 119 del Código Penal que especificó en detalle qué se considera abuso sexual con acceso carnal, estableciendo en la figura la introducción de partes del cuerpo u objetos por vía vaginal, anal u oral. Las condenas, en estos casos, pueden llegar a los 15 años y con agravantes hasta los 20 años de cárcel. La otra fue la limitación a los regímenes atenuados en caso de condenas por delitos graves, entre ellos la violación. Ello implica que en los casos demostrados en juicio, las condenas a violadores deben cumplirse en forma efectiva durante todo el tiempo estipulado por los jueces, sin posibilidad de excarcelaciones o salidas transitorias.
¿Se puede recuperar un abusador? Para Santini es “bajo el porcentaje de abusadores que se recupera”, aunque “ese índice es mayor cuanto más jóvenes son los victimarios”, porque son más proclives a reconocer el daño producido y pueden enrolarse en nuevos proyectos de vida. Esto explica los motivos del alto nivel de reincidencia, en términos generales, en relación al abuso. Si bien hay datos sobre las denuncias presentadas, hay una cifra negra “muy grande”, a decir del especialista, por la cantidad de víctimas que no se animan a formalizar la presentación. Para entender el fenómeno, Santini explicó que en la mayoría de los casos -hay excepciones- los agresores “antes sufrieron o fueron testigos de abusos”. Ponderó que la falta de límites en la familia y la sociedad son manifestaciones de desamparo y esa ausencia de protección puede generar disfunciones como el abuso o la violación.
De todos modos, explicó que el fenómeno también está arraigado al patriarcado, un aspecto constitutivo del psiquismo que se expresa en el poder del hombre y el sometimiento del género femenino y de las y los más débiles.
PROPUESTAS PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO CLÍNICO CRIMINOLÓGICO
El psicólogo y criminólogo Javier Chilo advierte que “el sistema post-penitenciario tampoco trabaja con los agresores sexuales para garantizar que no reincidan una vez recuperada la libertad. El resultado es una alta tasa de reincidencia por parte de los abusadores y homicidas sexuales condenados”. Por esa razón propone explorar experiencias en otros países sobre tratamientos clínicos criminológicos post-penitenciarios a los victimarios sexuales.
Explicó a este medio que se trata de “tratamientos voluntarios o involuntarios, con una etapa intramuros y otra posterior extramuros. Lo cual significa que al cumplir su pena el sujeto no vuelve a la sociedad directamente, sino que el Estado acompaña y supervisa su reinserción a la sociedad. En estos lugares, las tasas de reincidencia de los sujetos disminuyeron drásticamente y en consecuencia se logró evitar la existencia de nuevas víctimas”.
Citó la experiencia, en este sentido, del estado norteamericano de Massachusetts. La propuesta consiste en que una vez cumplida la condena, el agresor pase a un centro asistencial sanitario para recibir tratamiento específico y una vez afuera un seguimiento que garantice la recuperación.
¿Esto requiere de más presupuesto y personal altamente capacitado? le consultó PERFIL Córdoba, a lo que respondió en forma contundente: “Ahorraríamos presupuesto en realidad, porque evitaríamos o disminuiríamos la reincidencia, nuevas víctimas y nuevos procesos judiciales”. Estas ideas no son ajenas en Argentina. Además de exponerlas en círculos académicos, Chilo ya mantuvo contactos con autoridades de las provincias de Salta, Río Negro y Tucumán donde encontró interés en plasmar la iniciativa en proyectos de ley que viabilicen clínicas criminológicas para casos de abusadores y violadores.
Fiscales contactados por este medio admitieron que si bien en Córdoba existe el Patronato de Presos y Liberados, no ejerce una efectiva y eficaz tarea de contención y control de la actividad de las personas que recuperan su libertad después de cumplir condenas.
DENUNCIA CONTRA POLICIA POR GOLPES
Cristian Sosa, papá de Abril, declaró el viernes último ante el fiscal de Instrucción Rubén Caro que fue golpeado por un policía el domingo pasado en la Comisaría 13. Su abogado, Carlos Nayi, solicitó una urgente rueda de reconocimiento para identificar al oficial porque si bien no cuenta con los datos de su nombre y apellido puede indicar con precisión quién fue.
Según el relato, mientras Abril era buscada intensamente lo llevaron compulsivamente en horas de la tarde a la sede policial. Un efectivo lo golpeó en distintas partes del cuerpo de modo tal de no dejar rastros. El objetivo, en ese momento, era que admitiera algún tipo de participación, directa o indirecta, en la desaparición de su hija.
La hipótesis -reconocida incluso por la segunda fiscal que investigó la desaparición, Claudia Palacios- estaba centrada en un ajuste de cuentas narco; lo que fue desacreditado a las pocas horas.
En la actualidad, la sospecha es que el autor del asesinato fue Daniel Alberto Ludueña quien la habría asesinado luego de someterla sexualmente.
