Uno de los juicios más importantes en la historia de Córdoba se lleva adelante en estos días, con declaraciones de los principales protagonistas del acuartelamiento policial del 3 y 4 diciembre de 2013. Esa protesta derivó en cruentos saqueos en la capital provincial que dejaron un muerto, varios heridos, y graves pérdidas económicas. El megajuicio tiene en el banquillo de los acusados a 56 policías señalados por autoconvocarse y autoacuartelarse y se les imputan los delitos de desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de caudales públicos, incitación a cometer delitos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Esta semana declaró Oscar González, exjefe de gabinete de la provincia, quien apuntó hacia integrantes del Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: entre ellos, destacó a Sergio Berni, a quien calificó como “un Rambo del tercer mundo”; al exjefe de Gabinete nacional Jorge Capitanich; y al exministro del Interior Florencio Randazzo. Luego de las declaraciones de González, el fiscal Mariano Antuña adelantó que pedirá que se investigue el rol de los funcionarios kirchneristas en ese momento.
En su declaración, el exfuncionario cordobés enfatizó que intentó comunicarse con autoridades nacionales, “pensando que Gendarmería podía ayudar porque ya habían empezado haber situaciones de inseguridad”. “En paralelo intenté comunicarme con las autoridades nacionales, no logré comunicarme con nadie, solo logré hablar con secretarios, con Capitanich también fue imposible hablar, y todo el mundo sabía que el dueño de la política de seguridad era (Sergio) Berni, a quien todos veíamos como un Rambo del tercer mundo en los operativos filmados, era el hombre clave para comunicarnos”, afirmó.
González agregó: “Intenté hablar con el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, tampoco fue posible, con los únicos que conseguimos hablar fue con la casa militar de la Rosada, le transmitimos la situación y nos dijo que se iban a comunicar, el conflicto terminó y no pudimos mediar palabra con nadie".
Antuña aseguró que, por el tipo de delito que se investiga, debería actuar la Justicia Federal. “En principio sería el incumplimiento de los deberes de funcionario público o algún tipo de omisión funcional. Como mínimo hubo comportamiento omisivo que resulta típico de una figura delictiva”, adelantó el fiscal en declaraciones a Cadena 3.
Acuartelamiento y saqueos
El juicio juzga las cruentas jornada del 3 y 4 de diciembre de 2013. Con la policía acuartelada como forma de reclamo por mejoras salariales y laborales, Córdoba se convirtió en zona liberada y hordas de vándalos arrasaron con comercios generando robos y los saqueos en la gran mayoría de los barrios de la ciudad. Los desmanes comenzaron apenas caída la noche y duraron hasta pasado el mediodía del día siguiente.
