La investigación comenzó tras un violento asalto en barrio Urca ocurrido el 20 de abril de este año, cuando una familia fue obligada a transferir $17,3 millones. Había 10 detenidos y hoy se sumaron tres, de los cuales dos son oficiales de la Policía de Córdoba: Juan Pablo Páez y Franco Santiago Herrera Figueroa, integrantes del Comando de Acción Preventiva del Distrito Policial 19 (CAP 19). Se los acusa de integrar una presunta asociación ilícita. El tercero es un civil, identificado como Alan Guerra.
La participación policial es un escándalo. La información privilegiada que obtenían de la frecuencia radial sobre los movimientos policiales, la comunicaban al resto para garantizar el éxito del delito. Hay que destacar que todos los efectivos que integran el CAP tienen acceso, a través de las diferentes frecuencias, a los movimientos de los móviles en toda la ciudad.
De acuerdo con la investigación, la colaboración prestada no se habría limitado a facilitar los robos, sino que también habría contribuido a la posterior impunidad de los integrantes de la organización.
La investigación está radicada en la Fiscalía de Instrucción N° 15, a cargo de Juan Pablo Klinger.
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Preocupante asalto en Urca
El expediente se abrió el 20 de abril de 2026, luego de un violento asalto en una vivienda de la calle Luis Lagos García, en barrio Urca. Delincuentes armados ingresaron al domicilio durante la madrugada, maniataron a la familia, se robaron dos vehículos, otros objetos y la obligaron a transferir a cuentas de terceros $17,3 millones.
A partir del seguimiento de esos movimientos, la Fiscalía logró identificar a parte de los integrantes de la organización y a quienes habrían reclutado a los titulares de las cuentas utilizadas para dispersar los fondos.
Otro hecho durante la madrugada, en el centro
En plena pesquisa, la causa tomó otro cariz. Los investigadores advirtieron que dos semanas antes -el 5 de abril- dos asaltantes treparon por un balcón e ingresaron a un departamento del primer piso en calle Jujuy, casi Avenida Colón. Ese hecho era investigado por otra fiscalía, del Distrito 1. Los ladrones se llevaron joyas y obligaron a la pareja residente en el inmueble a transferir $1,8 millón.
A partir de la identificación de los autores de ambos robos, se tendió un hilo que conectó ambos asaltos.
La pesquisa permitió reconstruir, de acuerdo con la Fiscalía, el circuito que siguió el dinero y establecer quiénes participaron del reparto del botín mediante acuerdos previos.
También fueron identificadas personas que habrían colaborado después del robo para deshacerse de una de las camionetas sustraídas.
Con ambos vehículos recuperados y parte del dinero secuestrado, inicialmente fueron imputadas 11 personas: diez quedaron detenidas y una permanecía prófuga. La acusación fue por robo triplemente calificado por el uso de arma en forma impropia y de operatividad no acreditada, y por ser cometido en poblado y en banda.
A otra persona identificada en el marco de la causa se le atribuyó el delito de encubrimiento agravado en calidad de coautora.
Con las medidas concretadas este jueves 13 de agosto, el número total de detenidos en la causa ascendió a 13 personas.
