“Los proveedores están empezando a sacarse de encima los cheques que son más allá de los 45 días y los trabajadores de la empresa están en vilo. No se sabe qué puede pasar después de mayo con Ersa”. La frase corresponde a una persona que sigue de cerca los pasos de la firma que arribó a Córdoba durante la primera gestión de Ramón Mestre.
A la misma conclusión llegaron concejales de la oposición, algunos referentes del oficialismo y también los choferes que estuvieron esta semana en el Ministerio de Trabajo reclamando por la deuda de aportes jubilatorios y obra social, además del pago durante la licencia por enfermedad.
Con más del 70% del sistema de transporte urbano de pasajeros de la Ciudad, la empresa que llegó desde Corrientes atraviesa una situación compleja en otros distritos en los que presta servicio por lo que la continuidad en Córdoba también se puso en duda. Sobre todo con miras a los comicios del 12 de mayo y con una transición larga por delante, fuentes que recorren los pasillos del Palacio 6 de Julio se animaron a reconocer que cualquiera sea el candidato que se quede con la intendencia, el futuro pende de un hilo.
Además, concejales que tienen diálogo con los apoderados de Ersa que estuvieron el miércoles en la reunión llevada a cabo en la cartera de Trabajo sostienen que les reconocieron que “hay presupuesto hasta mayo”.
Deuda. Desde finales del 2018 la situación financiera de Ersa en Córdoba se puso bajo la lupa. Los primeros en quedar en situación de alerta fueron los choferes por deudas que iban desde los aportes hasta los pagos por cuotas alimentarias. Estas últimas, como así también deudas que adquieren los choferes a partir de la toma de un crédito, no están siendo pagadas a sus respectivos acreedores y la duda es si la empresa se está quedando con ese dinero o si directamente no lo tiene.
A partir de situaciones como esta, o incluso más complejas como la de choferes que necesitaban de su obra social y fueron dejados sin atención por la deuda de la empresa, las bases en el gremio entraron en estado de alerta. La salvedad de que fueron primero las bases del sindicato se hace porque están los que creen que la relación entre Juan Carlos Romero, el dueño de la firma, y la cúpula nacional de UTA que comanda Roberto Fernández es tan fluida que también tiene su correlato en Córdoba.
Desde finales del año pasado y hasta los primeros meses de este 2019 las asambleas se convirtieron en un recurso asiduo. Las últimas se produjeron esta semana, el miércoles entre las 18 y las 22 horas en el corredor 7 y en las líneas 70, 71, 72, 73, 74 y 75. El sindicato que lidera Carla Esteban señaló en ese momento que se debía “a los incumplimientos convencionales y legales de las empresas Ersa Aucor y la falta de compromiso en los distintos acuerdos celebrados en la Secretaría de Trabajo”.
Previo a Semana Santa se llevó adelante la audiencia en Trabajo y quedó todo en pausa hasta el próximo jueves cuando vuelvan a verse por los reclamos de aportes jubilatorios, obra social, carpeta médica y uniforme. Casi como una señal de cómo se dará la negociación hasta que lleguemos a la instancia electoral.
La posibilidad del cambio de nombre. Romero, el zar del transporte público en casi toda la Argentina, es el hombre apuntado permanentemente. En febrero pasado la Justicia correntina decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores y en el mismo fallo le prohibió la salida del país al empresario, tras conocerse que la firma dejaba de prestar el servicio en Santiago del Estero.
La situación de Romero no solo es compleja ante la imposibilidad de salir del país, sino también porque el ministerio de Transporte de la Nación que encabeza Guillermo Dietrich incluyó a Ersa en un listado de más de 60 firmas que deben devolver alrededor de 500 millones de pesos que recibieron en concepto de subsidios en el último tiempo.
Cabe recordar que, en plena disputa por la quita de los subsidios nacionales, la firma de capitales correntinos militó la continuidad con carteles que exhibieron en sus propias unidades, donde expresaban a cuánto se podría ir el boleto en Córdoba. El impacto no se sintió: sobre la hora apareció el subsidio provincial y el precio del pasaje de mantuvo.
Ahora, ante la posibilidad de complicaciones en el futuro de Ersa, los caminos son dos: que deje de prestar el servicio como ocurrió en otras provincias o que pueda cambiar de nombre. “Romero no va a dejar un negocio del que tiene el 75% del mercado. No sería nada raro que tengamos colectivos pintados de otro color pero tributando para una misma persona”, señaló un conocedor de la interna del gremio.
Los candidatos, al tanto. En medio de la pulseada y ante este panorama, en las últimas semanas hubo reuniones entre algunos representantes de los candidatos a intendente con referentes del sector.
Pero la preocupación no alcanza únicamente a lo que sucede con la firma en el transporte, sino también incluye a Lusa, la firma del Grupo Ersa que en Córdoba tiene uno de los tres tercios de la recolección de los residuos.
El contexto lo terminó definiendo un concejal de la oposición a este medio el pasado jueves por la tarde: “cuando las empresas que prestan servicios en la ciudad hacen una apuesta desde lo político y eso no garantiza victoria, todas estas situaciones de deudas que deberían ser del ámbito de lo económico, se trasladan a lo político”.
