Con el respaldo de la mayoría oficialista y el acompañamiento en general de la UCR —aunque con reparos en la discusión en particular—, la Legislatura de Córdoba se encamina a sancionar este miércoles la reforma del Código de Convivencia que prohíbe la actividad de limpiavidrios en la vía pública y establece un esquema regulado por los municipios para los cuidacoches, con arrestos para quienes operen sin habilitación legal.
En la previa del debate en el recinto, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, defendió con firmeza las herramientas que la ley otorgará a la Policía y lo vinculó con una decisión política del Ejecutivo provincial.
“La decisión del gobernador es clara: poner orden donde durante demasiado tiempo hubo desorden”, sostuvo en declaraciones a PERFIL CÓRDOBA, al tiempo que remarcó que la iniciativa apunta a reforzar la capacidad de intervención en el espacio público.
Quinteros enfatizó que la normativa busca revertir situaciones cotidianas de conflicto en la vía pública. “Esta ley le da a la Policía de Córdoba una herramienta concreta para intervenir y restablecer el orden público en nuestras calles, que en muchos casos se han transformado en espacios de conflicto, presión y caos para los vecinos”, afirmó.
Córdoba endurece el control de la calle: prohíbe limpiavidrios y prevé arrestos para naranjitas ilegales
Según remarcó, el objetivo es garantizar condiciones básicas de circulación y convivencia frente a prácticas que generan intimidación o desorden. “El orden no es negociable. Es la base de la convivencia”, insistió el ministro.
En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad planteó que la reforma apunta a asegurar que los ciudadanos puedan “circular, estacionar y vivir la ciudad con tranquilidad, sin aprietes, sin miedo ni situaciones irregulares”. En esa línea, rechazó que se trate de una política meramente restrictiva y la definió como una recuperación del espacio público bajo reglas claras.
“No se trata de una prohibición, sino de recuperar la calle para la gente, con reglas claras y con una Policía respaldada para hacerlas cumplir”, concluyó Quinteros, en defensa de la ley que se apresta a sancionar la mayoría oficialista, con el acompañamiento de la UCR. Por su parte, la oposición liberal-mileísta, encarnada por Gregorio Hernández Maqueda, reclamará —sin éxito— una prohibición total, sin distinción entre naranjitas legales e ilegales.
Intervención policial
Uno de los puntos centrales de la reforma es el refuerzo de la capacidad de intervención policial. La norma habilita a la fuerza a actuar de manera inmediata ante la infracción, secuestrar dinero, objetos y elementos utilizados en la actividad, adoptar medidas preventivas para hacer cesar la conducta y labrar actuaciones, asegurando pruebas en el lugar.
Si bien la investigación quedará en manos del Ministerio Público Fiscal, la Policía gana margen operativo para intervenir directamente en la calle y frenar en el momento la actividad ilegal.
De acuerdo con lo establecido, se define un esquema más claro de actuación: la Policía constata y actúa en el lugar, pero debe remitir rápidamente las actuaciones a la Justicia contravencional. Además, se impulsa que los municipios informen quiénes están habilitados, con el objetivo de facilitar los controles.
Desde el oficialismo remarcan que “la ley es una gran herramienta para poner orden en la ciudad”, en un contexto donde el epicentro de la problemática se concentra en la capital cordobesa. Se espera que, una vez sancionada la norma provincial, el Palacio 6 de Julio envíe en el corto plazo al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que plasme cómo se implementará la regulación de los naranjitas.
En tanto, algunas voces opositoras advierten sobre los desafíos en la implementación. Señalan que será clave el nivel de articulación entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal (MPF) ante procedimientos vinculados a las sanciones más severas. “Tendrán que prepararse para recibir más detenidos y ser muy diligentes para resolver esas situaciones”, advirtió una fuente con acceso a los principales despachos del Centro Cívico en su respuesta.
