En su maratón legislativa de fin de año, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a una iniciativa que el gobierno de Mauricio Macri considera fundamental para dar combate a la inflación: una nueva Ley de Defensa de la Competencia. El proyecto, que pasó ahora al Senado, incluye tres aspectos centrales:
1-Multas para los casos de monopolio y cartelización. Podrán ser de hasta el doble del monto del beneficio ilícito; hasta el 30% del volumen de negocios del grupo económico en el mercado afectado y de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes a $20 pesos cada una y ajustables por inflación).
2- Programa de Clemencia. Permitirá que integrantes de cárteles que se arrepientan de sus maniobras aporten pruebas para sancionar a sus socios. El denunciante podrá acceder a una reducción en la multa de entre el 20% y el 50%.
3- Crea la Autoridad Nacional de la Competencia. Estará conformada por un Tribunal y dos secretarías.
“En la medida en que no se desarme la posición dominante de los productores, no pasará nada; la competencia nace allí”, advierte el presidente de la Cámara de Supermercados de Córdoba, Benjamín Blanch.
Un estudio que fundamentó el proyecto elaborado por los diputados Mario Negri y Elisa Carrió, reconoce que la economía nacional presenta más de diez sectores de gran importancia donde existe una muy alta concentración. No se trata sólo del retail; se da fundamentalmente en la industria productora de alimentos, pero también en el cemento, la petroquímica, las telecomunicaciones y hasta en los servicios financieros.
“Antes, marcas como Bagley, Lía y Campagnola eran de diferentes dueños, ahora todas están bajo el mismo productor. Del mismo modo, La Patrona, Patito y Cocinero eran competencia; ya, no”, ejemplifica Blanch. Y agrega: “Si nos vamos al caso de los jabones para lavar, Lever con Skip, Drive y Alá barre todo el segmento”.
Sin dudas, la economía argentina está atrapada en un modelo de producción altamente concentrado que produce fuerte impacto social. Por caso: en panificación industrial, Bimbo y Fargo concentran el 79%; en el caso de galletitas saladas, dos compañías manejan el 77% (Kraft, el 41% y Danone-Arcor, el 36%); en bebidas gaseosas, Coca Cola y Pepsi se reparte el 84% del mercado, y las cervezas son producidas en un 82% por solo dos empresas (Quilmes
y Brahma).
La nueva ley ¿permitirá desamar esos nudos de concentración, como lo reclama el supermercadismo cordobés?
Dudas. En el proyecto inicial que elaboró Carrió se definía con claridad cuándo existe posición dominante en un mercado. Sin embargo, en el texto de la ley que tuvo media sanción se deja a consideración del Tribunal, que integrará la Autoridad Nacional de la Competencia, la definición de ese tema que es crítico para neutralizar el poder concentrador.
“Nuestra experiencia de años nos muestra que las autoridades no responden a los reclamos. Cuando Disco compró Americanos, la posición dominante era clara; viajamos decenas de veces a Buenos Aires a fundamentar el caso, nunca nos tuvieron en cuenta. Ojalá esto cambie”, señala Blanch, quien asegura que para la elaboración de esta nueva iniciativa no recibieron consultas de parte de los legisladores ni de autoridades de Defensa de la Competencia.
Más allá de la subjetividad con que pueda obrar el Tribunal, lo cierto es que si se ajusta a la ley, los líneas de acción trazadas en ella son claras: “Deberá actuar en casos en los que se compruebe la existencia de posición dominante por parte de una empresa, cartelización con otras y concentración de compañías que den lugar a prácticas anticompetitivas”, señala la normativa.
Al margen de este encuadre legal que existirá ahora, lo cierto es que desde hace años, los datos de la realidad son más que contundentes respecto de lo que está pasando en la estructura productiva y de servicios del país.
Por ejemplo: las 100 firmas líderes de la industria tienen una participación del 41% en el valor bruto de la producción nacional, según una investigación realizada por los investigadores Daniel Azpiazu, Martín Schorr y Pablo Manzanelli, titulado “Concentración y extranjerización”.
Por otro lado, un estudio de la consultora Abeceb señala que un 57% del negocio del retail está en manos de las primeras tres cadenas. Mientras la rentabilidad de los productores de alimentos y bebidas es del 18%, los supermercados aseguran que no superan el 4%, lo que no está nada mal considerando que en Europa es del 2,4% y el promedio mundial es del 3%.
LEY DE GÓNDOLAS
En agosto de este año, el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, anticipó una línea de investigación que ahora derivó en una propuesta del oficialismo (junto al Frente Renovador) para crear una “Ley de Góndolas”.
En ese momento, Greco advirtió: “Tenemos indicios de problemas en las relaciones entre proveedores y consumidores, y dificultad de los proveedores más chicos, Pymes, de poder acceder a los consumidores finales a través de los canales de retail o distribución masiva". Para dar solución a este tema, una comisión integrada por representantes del Ministerio de la Producción, de la Comisión de Defensa de la Competencia y del Congreso redactará un proyecto de ley, en un plazo de 180 días. El objetivo es garantizar que las Pymes productoras de bienes de consumo masivo tengan un espacio en los escaparates de los súper.
“Las góndolas no son de goma”, afirma el presidente de la Cámara de Supermercados de Córdoba, Benjamín Blanch. “Muchas Pymes tienen problemas para abastecernos por falta de stock, de código de barras o de facturación; a la vez, las grandes marcas invierten mucho en publicidad y marketing, la gente los busca y, al final, lo que todos los supermercados queremos es vender más”, señala.
La perspectiva de Blanch encuentra puntos de contacto con la visión del experto en retail Miguel Angel Boggiano, de Carta Financiera, para quien “la idea de que las Pymes tengan un espacio en góndolas, suena bien, pero el impacto es muy dudoso. En general, no tienen la escala para abastecer a un supermercado y tampoco tienen la financiación para hacerlo. Es una propuesta enteramente demagoga”, asegura.
El tema anticipa una disputa entre el Gobierno y los supermercados, los que ya se pusieron en pie de guerra, reclamando se acelere la reducción impositiva y el combate a la informalidad.
