La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, anuló una resolución que había rechazado la prescripción de la acción penal respecto de cuatro imputados en la causa por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ocurrida en 2018. El fallo cuestionó duramente el análisis del juez de la instancia anterior y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
La decisión beneficia a Sabrina Celiz Adduci, Lucía Heber, Anuk Morandini y Emiliano Ventura Pereira, patrocinados por la defensora oficial Mercedes Crespi, para quienes el Juzgado Federal 1 de Córdoba había desestimado el planteo de prescripción el 5 de junio de 2024. Casación entendió que esa resolución no se ajustó a las constancias reales del expediente y, por lo tanto, carece de validez como acto jurisdiccional.
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Cronología del caso y discusión por la prescripción
Los hechos se remontan al 28 de agosto de 2018, cuando un grupo de personas ingresó y ocupó el hall central del Pabellón Argentina. La fiscal federal Graciela López de Filoñuk y el juez federal Hugo Vaca Narvaja fueron el lugar y constataron la toma del edificio y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para su desocupación. La situación se extendió durante 31 días, hasta el 28 de septiembre de 2018.
El 9 de febrero de 2020, el Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio de los acusados por el delito de usurpación por despojo y turbación de la posesión, cuya escala penal en abstracto va de seis meses a tres años de prisión. El auto de elevación a juicio fue dictado el 21 de abril de 2021.
Posteriormente, se presentaron como amicus curiae el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las decanas de las Facultades de Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales y Artes de la UNC.
En el año 2024, las defensas plantearon la prescripción de la acción penal, al sostener que desde la citación a juicio —21 de mayo de 2021— había transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 62 inciso 2 del Código Penal.
La solución fue compartida por el fiscal. Es decir que no hubo controversia entre las partes.
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El error del juez y la orden de Casación
El juez subrogante del Juzgado Federal 1-en ese momento Pablo Montesi- declaró la prescripción para todos los acusados, salvo para cuatro. El argumentó era que éstos habían suscripto acuerdos de suspensión de juicio a prueba, lo que —según el artículo 76 ter del Código Penal— habría suspendido el curso de la prescripción. Sin embargo, la Cámara de Casación advirtió que ese razonamiento no coincide con las constancias del expediente.
En realidad las partes firmaron acuerdos de conciliación y no acuerdos de suspensión del juicio a prueba. Se trata de institutos jurídicos distintos: solo la probation suspende expresamente el plazo de prescripción, no así la conciliación. Ahí radicó el error de análisis en que incurrió el juzgado.
Por ese motivo, Casación concluyó que la resolución impugnada “no se ajusta estrictamente a las constancias de la causa” -tal como lo planteó la defensora- y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo, aplicando correctamente la normativa y los antecedentes del caso.
Esa definición se espera para el inicio de actividades en los tribunales federales, tras la feria judicial veraniega. Así quedará cerrado definitivamente el caso por la toma del Pabellón Argentina.
