La Cámara Federal de Apelaciones confirmó los procesamientos de los integrantes de una banda que fue señalada como la responsable de transportar, desde Misiones hacia nuestra ciudad, un cargamento de más de 500 kilos de picadura de marihuana.
La particularidad es que la habían escondido en bolsas de plástico negras que fueron introducidas en el interior de 10 neumáticos de un semirremolque, de un camión Mercedes Benz.
El vehículo de gran porte fue interceptado en Córdoba el 4 de junio del año pasado en una estación de servicios ubicada en la intersección de las calles General Manuel Savio y Pedro Conde. De ese modo, se abortó la entrega del cargamento. Los investigadores habían obtenido los datos por escuchas telefónicas en las que se coordinó el operativo para traer la singular mercadería.
En su resolución, el tribunal de alzada ratificó los procesamientos por los delitos de transporte de estupefacientes y comercialización en grado de tentativa; y de organización para el transporte de la droga; en relación con Arnoldo Aníbal Koch, Alejandro Martín Corvalán, Federico Alejandro Corvalán Ferreyra, Cristián Matías Corvalán Ferreyra, Mauricio Ángel Díaz, Valeria Liliana Alvarez y Marcelino Ramón Álvarez.
Cada uno de ellos ocupó diferentes roles en la organización. En efecto, durante la etapa previa al procedimiento en el que se detuvo al camión con el cargamento, personal de Gendarmería Nacional realizó pesquisas. En las redes sociales y en la página web de Rentas se constataron las relaciones familiares. Alejandro Martín Corvalán es padre de Federico Alejandro y Cristian Matías Corvalán Ferreyra; como también se comprobó que Marcelino y Valeria Alvarez son hermanos.
Por las conversaciones telefónicas intervenidas, fue posible reconstruir la función que ocupaba cada uno en la red. Las defensas de los acusados formularon cuestionamientos a la instrucción realizada por el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro y el fiscal, Enrique Senestrari.
Entre otras cosas, la defensora pública de los integrantes de la familia Corvalán Ferreyra y de Mauricio Díaz objetó que se los incluyera en una organización delictiva cuando en realidad no participaron del hecho por ser subalternos y no tenían injerencia en las decisiones. Sin embargo, la sala A i nteg rada por Edua rdo Avalos, Graciela Montesi e Ignacio Vélez Funes consideró que, con roles específicos, también aportaron a la actividad delictiva por lo que correspondía confirmar sus responsabilidades penales.
