La detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, involucrado en una causa por presuntos delitos de grooming y abuso sexual contra adolescentes en Villa de María del Río Seco, volvió a poner a la Legislatura de Córdoba bajo presión. Villarreal sigue figurando como asistente del legislador departamental por Río Seco, Ramón Flores (PJ), y su situación derivó en un pedido de informes de la bancada radical para conocer desde cuándo estaba contratado, qué funciones cumplía y si continúa vinculado al Poder Legislativo.
El caso se inscribe en una investigación judicial por un hecho de extrema gravedad ocurrido en el norte provincial, que involucra a tres adolescentes de 13 y 14 años. Nueve personas permanecen detenidas, entre ellas Villarreal, en la cárcel de Cruz del Eje. Algunas están imputadas por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, mientras que otras enfrentan acusaciones vinculadas exclusivamente con esta última figura.
La situación de Villarreal vuelve a colocar el foco sobre un punto que excede su caso particular: los mecanismos de selección, control y seguimiento de los asesores contratados por los legisladores. La pregunta que se plantea es quién verifica efectivamente qué tareas cumplen esos agentes, dónde las realizan y qué controles existen sobre su situación administrativa.
En la nómina oficial de personal contratado publicada en el portal de datos abiertos de la Unicameral, correspondiente al 7 de mayo de 2026, Villarreal aparece como asistente legislativo de Flores, integrante del bloque oficialista.
Flores reconoció públicamente que Villarreal era su asesor, aunque sostuvo que sus tareas eran fundamentalmente territoriales y que no concurría habitualmente a la sede legislativa. En declaraciones a Cadena 3, explicó que se trataba de tareas de asistencia social en el departamento y aseguró que fue desafectado luego de conocerse su detención.
Córdoba vuelve a tener ministerio de Producción: asumió Fernando Sibilla
“Trabajaba con nosotros. A partir de que pasó esto, el día 31, llamé a Córdoba solicitando la baja del chico que estaba a cargo nuestro aquí en el departamento. Hacía tareas de asistencia en la zona ante necesidades como inundaciones o entrega de insumos”, sostuvo el legislador.
Flores también afirmó que Villarreal había presentado oportunamente el certificado de antecedentes y que no registraba antecedentes penales. “Nos conocemos todos en el pueblo, somos 7.000 habitantes. Cuando nos enteramos solicitamos la baja urgente hasta que se esclarezca todo”, manifestó.
Sin embargo, declaraciones del parlamentario peronista a La Voz generaron ruido interno al relativizar su vínculo directo: “Fue empleado del bloque, pero ya no está vinculado. No era empleado mío, sino del bloque”. Ante la situación, Perfil Córdoba intentó comunicarse con Flores, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.
Las “zonas grises”
La explicación del legislador sobre las funciones de Villarreal abre otro frente de discusión. Flores las definió como tareas “en zonas grises” y de asistencia territorial, vinculadas, entre otras cuestiones, con situaciones de emergencia, inundaciones y entrega de insumos.
Sin embargo, en Río Seco circulan señalamientos acerca de que Villarreal también habría cumplido tareas privadas vinculadas con campos y propiedades del parlamentario oficialista. Esas versiones no fueron acreditadas oficialmente, pero alimentan el reclamo opositor para que se precise qué funciones tenía asignadas y dónde las desarrollaba.
El planteo tampoco se limita al caso Villarreal. En Río Seco existen cuestionamientos políticos sobre otros asesores contratados por Flores que, según denuncias públicas recogidas en la zona, no tendrían una presencia habitual en la Legislatura ni funciones públicas fácilmente verificables.
Por eso, el reclamo opositor pone el foco en Flores y apunta a que el legislador explique qué tareas cumple cada uno de sus asesores y cómo se controla la utilización de los recursos públicos destinados al funcionamiento de los despachos.
Reclamo vigente
En este marco, la bancada UCR ingresó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría General, para que responda en un plazo de diez días sobre la situación administrativa de Villarreal. La iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión de ayer.
El proyecto solicita precisar desde qué fecha presta servicios en la Legislatura, bajo qué modalidad fue designado, cuál es su categoría, qué régimen de contratación tiene, qué renovaciones registró y si hubo modificaciones en su situación laboral.
También exige determinar si, al momento de responder el informe, Villarreal continúa prestando funciones en la Legislatura o si fue objeto de una licencia, suspensión preventiva, desafectación o cualquier otra medida administrativa.
Otro de los puntos sensibles está relacionado con los antecedentes penales. La UCR pidió conocer cuándo fue la última vez que Villarreal presentó el certificado correspondiente, qué normativa regula ese requisito y con qué periodicidad se realizan esos controles.
El pedido busca, además, establecer si la Legislatura cuenta con procedimientos específicos para verificar periódicamente los antecedentes penales del personal de planta permanente, no permanente, contratado y de los asesores legislativos.
Escala el conflicto judicial entre la Municipalidad de La Calera y la recolectora de basura Landwork
En los fundamentos, los radicales sostienen que la aparición de Villarreal en la nómina oficial “torna necesario” que el Poder Legislativo informe sobre su situación administrativa, las funciones que desempeñaba y los mecanismos de control aplicados sobre el personal dependiente de los distintos despachos.
Para la UCR, mientras esa información no llegue formalmente por los canales institucionales, el pedido de informes continúa vigente. En el oficialismo generó malestar la iniciativa, aunque en los pasillos de la Unicameral también comenzó a instalarse una definición incómoda: cada legislador debe hacerse responsable de los asesores que designa y de las tareas que les asigna.
Voz deloredista
La legisladora radical Alejandra Ferrero planteó el eje político de la discusión: determinar si Villarreal fue efectivamente desafectado y garantizar que no continúe vinculado a la Legislatura.
“Nosotros queremos saber si está desafectado concretamente. Principalmente, que no siga vinculado”, sostuvo Ferrero, y apuntó directamente a la responsabilidad política de Flores: “Cada legislador es responsable de los asesores que pone. Se hará cargo Flores del asistente que incorporó a la Legislatura”, afirmó.
La legisladora puso además el foco en el uso de fondos públicos: “Lo que me interesa es que la Legislatura no siga pagándole el sueldo a una persona que está acusada en una investigación judicial por delitos de extrema gravedad”.
Ferrero insistió en que la responsabilidad no se agota en la designación. “Cada legislador es responsable de los asesores que pone, porque los elige. Y si trabajan o no, también es responsabilidad del legislador”, expresó a Perfil Córdoba.
El caso Villarreal llega a la Unicameral cuando todavía permanece fresco el impacto político de otros episodios. Uno de ellos fue el escándalo por la contratación de la “empleada fantasma” Virginia Martínez, que involucró al dirigente del PJ cordobés Guillermo Kraisman.
En el ámbito municipal, otro caso resonante es el de Claudio Barrelier, quien se encuentra detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
El principal sospechoso del brutal asesinato de la menor había sido becario municipal y tenía posibilidades de incorporarse a la planta de contratados de la Municipalidad de Córdoba. Además, fue vinculado al dirigente y edil del PJ capitalino Ricardo Moreno, quien terminó renunciando en medio de la presión política y la exposición pública del caso.
Con este nuevo episodio, se reabre una discusión que trasciende el caso particular. Y coloca a Flores, pero también a la propia Unicameral, frente a una pregunta concreta: qué controles existen sobre los asesores legislativos y quién garantiza que los recursos públicos destinados a esos cargos se utilicen efectivamente para cumplir funciones públicas.
