La designación de Sergio Pinto como subrogante del Juzgado Federal 1 (JF1) a partir de la vacancia que dejará el juez federal, Ricardo Bustos Fierro, reavivó una fuerte interna en los tribunales federales, con alineamientos que no dejan de asombrar.
En la Cámara Federal de Apelaciones, el acuerdo no fue por unanimidad. Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi cuestionaron, en primer término, que se elija un reemplazo cuando todavía no se concretó la jubilación de Bustos Fierro. Luego, objetaron que se proponga a Sergio Pinto porque es juez federal de Bell Ville. Para ellos, debió seleccionarse a Alejandro Sanchez Freytes (JF2) o a Miguel Hugo Vaca Narvaja (JF3) porque pertenecen a la jurisdicción territorial donde se produce la vacante.
La mayoría que se constituyó para designar a Pinto no compartió ese criterio. Son los vocales Eduardo Avalos, Liliana Navarro e Ignacio Vélez Funes. Primero, porque sin acuerdo del Senado Nacional se extingue el mandato de Bustos Fierro y, en un año electoral, urge decidir el reemplazo. Para proponer y votar a Pinto ponderaron el perfil activo del juez para gestionar las causas y las estadísticas de su juzgado.
Dicen que los números son uno de los elementos más contundentes –no los únicos-para mostrar el trabajo desarrollado. Respecto a la jurisdicción territorial explicaron que se refiere a la Cámara Federal (toda la provincia de Córdoba, excepto La Rioja porque ahí también hay competencia electoral), y no al juzgado que produce la vacante (sólo la ciudad de Córdoba).
Según la última información oficial, a fines de 2019 el Juzgado de Bustos Fierro tenía 108.325 causas en trámite; el de Sánchez Freytes acumulaba 113.998 y el de Vaca Narvaja, 94.450.
El análisis que hizo la mayoría de los vocales fue el siguiente: Vaca Narvaja no podrá asumir la investigación de todas las causas de lesa humanidad de las que fue apartado por orden judicial y Sánchez Freytes –quien ya fue subrogante durante años del JF3- tiene el mayor número de causas pendientes. Recordaron, además, que en aquel momento en que estuvo a cargo de los dos tribunales de primera instancia también fue presidente del Consejo de la Magistratura; es decir que afrontó el trabajo de dos tribunales más la carga del organismo nacional.
A diferencia de lo que señaló en su voto Sánchez Torres sobre que son solo dos los expedientes por delitos de lesa humanidad en los que no puede intervenir Vaca Narvaja, las causas de las que fue apartado son más de medio centenar. La semana pasada, el abogado querellante en muchas de ellas, Claudio Orosz, presentó un certificado con la nómina de 52 expedientes con centenares de víctimas y otros tantos de imputados.
¿Podría ser designado un juez que se tendrá que inhibir de investigarlas porque ya fue apartado? Es una cuestión que debe ser analizada y prevista con antelación para evitar lo que ya ocurrió: años de demora en la tramitación de los expedientes por la discusión sobre la competencia primero y, luego, sobre la disponibilidad de los recursos humanos. El efecto de aquella controversia fue el traslado de gran parte de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado de Vaca Narvaja al de Bustos Fierro.
¿Podrá ser designado un juez que luce en su juzgado el mayor caudal de expedientes que evidencian que no alcanza a resolverlos con celeridad?
PERFIL CÓRDOBA consultó a los dos jueces de Córdoba. Vaca Narvaja confirmó que pedirá avocación a la Corte. Se deduce que discrepa con la designación de Pinto por mayoría de la Cámara. Y Sánchez Freytes no respondió a la consulta. También este medio envió una al camarista Abel Sánchez Torres, quien en su voto advirtió que plantearía también la avocación a la Corte Suprema pero se excusó de emitir opiniones. Su posición quedó asentada en su voto.
¿Qué hay detrás de la discusión para subrogar el juzgado federal más poderoso de Córdoba?
Hay quienes especulan que la competencia electoral desvela a más de uno por el poder gravitante que otorga en años electorales. Para otros intérpretes de la interna de los tribunales federales hay otros intereses en juego. Bustos Fierro fue el juez que catapultó sistemáticamente su imagen por causas con intereses económicos potentes en juego.
Hay otro elemento que puede persuadir a más de uno. El suplemento de sueldo que se cobra por las subrogancias: un 30% más al haber mensual. Y, en el caso particular del juez electoral, percibe otro plus por la competencia especial. Cabe aclarar que será la Cámara Nacional Electoral la que termine otorgando la competencia a Pinto o a otro magistrado.
