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domingo 24 febrero, 2019

Una semana que expuso el descontrol de la seguridad del Servicio Penitenciario

En pocos días, un preso ingresó con un arma blanca a Tribunales, robaron un auto en Bouwer y dos reclusos murieron. Profundos cuestionamientos de funcionarios judiciales.

Mariano Nievas

VOX POPULI. Las críticas al sistema de seguridad de las cárceles y tribunales se intensificaron en los pasillos del Poder Judicial. Foto: Cedoc Perfil

El episodio con un preso que sacó un arma en pleno juicio encendió todas las alarmas y puso en el ojo de la tormenta a las autoridades del Servicio Penitenciario y del Ministerio de Justicia de la Provincia. El pasado 8 de febrero el interno Juan Carlos Muñoz (23) recorrió casi 21 km y pasó no menos de cuatro controles, tres en la cárcel de Bouwer y uno en la alcaldía de Tribunales y nadie advirtió que llevaba consigo un cuchillo tumbero de 6 centímetros de hoja y 6 centímetros de mango. La seguridad de los presos está a cargo íntegramente del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Sin embargo, Muñoz llegó a la sala de audiencias de la Cámara 8° con la intención de reflejar sus propios temores dentro del penal pero también dejando al descubierto las serias y peligrosas falencias en los sistemas de controles y requisas que tienen en la cárcel.

El director del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier, si bien se manifestó “preocupado y ocupado” por lo sucedido, ensayó una defensa al decir que el recluso pudo salir del penal con el arma porque la llevaba en la “cavidad anal” y, por tal motivo, fue imposible detectarlo. Bouvier también se defendió al decir que por año el SPC realiza unos 30 mil traslados de presos desde Bouwer hasta los tribunales y que esta es la primera vez que sucede algo de esta magnitud. En diálogo con PERFIL CORDOBA, el fiscal Marcelo Hidalgo advirtió: “Hace falta una gestión de los controles mucho más profunda y mucho más eficiente, teniendo en cuenta que no pueden ser vejatorios entonces con más razón hace falta tecnología e inversión”. Hidalgo, además, hizo un recorrido por la innumerable cantidad de causas en la que se juzgan a internos por delitos cometidos desde la cárcel con el uso de teléfonos celulares.

En ese sentido, aseguró que en una sentencia le pidieron al SPC que extremara las medidas de seguridad para que se impida la circulación de teléfonos dentro de los penales. “Si no pueden controlar que en la población penitenciaria haya o no celulares, entonces que tengan los medios tecnológicos para impedir que entren y salgan llamadas con inhibidores. Siempre es más barato prevenir”, remarca el fiscal. También aseveró que es una situación casi “instalada” en los juicios, escuchar que los internos admitir que siguen consumiendo drogas en la cárcel. En tanto, el viernes se produjo un encuentro entre los integrantes del Tribunal de la Cámara 8°, presidido por el vocal Dr. Juan Manuel Ugarte e integrado por los vocales Dr. Eugenio Pablo Pérez Moreno y Dr. Marcelo Nicolás Jaime, con el Jefe del SPC, Juan María Bouvier. En ese marco, los magistrados le pidieron a Bouvier que “se extremen todos los recaudos materiales y humanos para que no se vuelva a repetir” el ingreso de un interno armado a una sala de audiencia.

 

La seguridad en Tribunales II, también con cuestionamientos

 

“Acá entra y sale cualquiera, nadie controla. En Tribunales no tenemos buen nivel de seguridad. Es una locura”. Así lo asegura un funcionario judicial que hace años trabaja en el edificio de Barrio Observatorio. Luego de lo sucedido en la Cámara 8° con el preso que sacó un arma, todos cuestionan y ponen de manifiesto la vulnerabilidad del sistema de seguridad tanto de la cárcel como de Tribunales. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia le confirmaron a PERFIL CORDOBA que en los próximos días licitarán un sistema nuevo de ingreso, que incluiría molinetes, tarjetas de acceso, acreditación y escaners portátiles.

 

 

 

Controles, requisas y problemática carcelaria

 

En diciembre del 2014, el Juez Federal N°3 Hugo Vaca Narvaja ordenó al SPC que se abstenga de realizar requisas denigrantes a quienes visiten a los detenidos a disposición de la Justicia Federal, porque resultaban violatorias de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por Argentina. En ese momento, el magistrado hizo lugar a un habeas corpus colectivo en representación de todos los detenidos a disposición de la Justicia Federal y declaró inconstitucional el artículo 11, punto b, de la Disposición N°649, del SPC, que autoriza el "registro completo” para las visitas. Ya en esa resolución, el Juez le recomendó al SPC "la adquisición y puesta en funcionamiento de medios detectores de estupefacientes y elementos peligrosos que no resulten lesivos de la intimidad y del pudor de las personas". "Las denominadas 'requisas profundas' no se ajustan a las normas constitucionales y tratados internacionales que rigen la materia e implican un avance significativo sobre la intimidad y la dignidad de las personas que ingresan al establecimiento penitenciario para visitar a las personas privadas de su libertad", esgrimió el juez. En diálogo con PERFIL CORDOBA, el Juez Vaca Narvaja afirmó que en esa resolución privilegió el derecho a la intimidad. “Yo vi que el derecho a la intimidad es más importante que la posible búsqueda de una bolsa de droga o un celular”, analizó. No obstante, recordó que en esa resolución le pidieron al gobierno provincial que se provea de materiales modernos de control. De todos modos Vaca Narvaja puso el foco en las condiciones de alojamiento de los presos. Reveló que hoy por hoy en Bouwer hay tres internos por celda, cuando debería haber uno solo. “La capacidad del servicio penitenciario de Córdoba está saturada, excedida”, señaló. Además, expresó: “para que no pase esto tiene que haber inversión y políticas carcelarias más profundas”. Según estadísticas oficiales de la Procuraduría General de la Nación, la tasa de reincidencia delictiva en la Argentina ronda el 33%, aunque otros informes la ponen cercana al 50%. C

 

 

Robo de camioneta y muertes

 

Cuando todavía desde el Servicio Penitenciario intentaban dar alguna explicación racional de cómo un preso había llegado armado a un juicio, tuvieron que salir a justificar el robo de una camioneta de la propia playa de estacionamiento de Bouwer. La víctima fue Héctor Luna, vicepresidente de la Cámara de Comercio Mayorista de Córdoba. Todo ocurrió a la vista de varios guardiacárceles, Bouvier reconoció que el control y seguridad de esa playa de estacionamiento le corresponde al SPC. Luna denunció que llegó al penal el jueves a las 14 junto a su hija, en su camioneta Fiat Toro color negra y que cuando salió a las 17 se encontró con la desagradable sorpresa de ver despejado y vacío el espacio donde había dejado su vehículo. Los investigadores analizan varias cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes. La investigación está a cargo del fiscal Guillermo González. Hasta el momento no hay ningún efectivo del servicio apartado o sancionado. Ayer se conoció que la camioneta robada fue encontrada en la zona de la villa el quemadero. Los fallecidos. También en las últimas horas ocurrió un hecho violento y poco claro en el Establecimiento Penitenciario N.º 3. En el módulo para mujeres fue encontrada sin vida una interna de 30 años de edad, se trata de Rosel Janet López, quien -según información oficial- se habría suicidado en el dormitorio 2 del Sector F1. Por su parte, la directora del Penal de Mujeres, Marisa Alé desmintió un trascendido que aseguraba que a raíz de la muerte de Rosel Lopez, se habría originado en el sector un intento de motín y además la funcionaria negó haber víctima de algún tipo de agresión por parte de las internas. En otro episodio, se investiga la muerte de un preso en la cárcel de Cruz del Eje. Se trata de Roberto Enrique Boj, de 37 años. La muerte ocurrió en pleno horario de visitas a la vista de todos, incluidos los guardiacárceles. Boj sufrió un feroz ataque con un arma blanca por parte de otro recluso.

 


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