El Gobierno de Javier Milei no realizó transferencias a las empresas energéticas para financiar los subsidios durante enero. Así se desprende de un informe sobre los gastos devengados en el mes pasado, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El reporte reflejó que, en el inicio del año, el superávit financiero del 77,2% real superior al obtenido en el mismo mes del 2023 se dio por "un mayor retroceso en los gastos, básicamente vinculados a las prestaciones sociales", entre las que se destacan las transferencias devengadas a la energía, que se redujeron a cero.
Esta tendencia también se pudo ver con los fondos destinados a las productoras de gas, en el marco del Plan Gas, así como en la ausencia de transferencias a diversas empresas públicas, como Correo Argentino, por $2.500 millones, Radio y Televisión S.E. ($1.540 millones), Fabricaciones Militares ($653 millones) y la agencia de noticias Télam ($254 millones).
Esta medida va en línea con la intención del Gobierno Nacional de reducir los subsidios energéticos en 0,5% del Producto Interno Bruto, como parte de la promesa efectuada al Fondo Monetario Internacional como parte de las negociaciones por la séptima revisión del acuerdo por la deuda.
En 2023, los subsidios representaron el equivalente a 2,1% del PIB, de los cuales la energía sumó 1,6 puntos porcentuales, aproximadamente unos U$S9.683 millones de dólares, según calculó el FMI y la consultora Economía & Energía. La meta para 2024 es disminuirlos hasta 1,3% en general y 1,1% en energía, respectivamente.
Una medida que impactará en las empresas en medio de los aumento de tarifas
El impacto de esta determinación recién se empezará a sentir desde marzo, ya que el Gobierno realiza las transferencias en un plazo de 60 días. Sin embargo, como contrapartida para las arcas públicas, en las próximas semanas también se comenzará a percibir el recorte de subsidios, por los aumentos dispuestos para las tarifas de luz que alcanzan a los usuarios de ingresos altos, comercios e industrias.
A inicios de febrero, se dispuso una suba de hasta el 120% para los sectores de mayores ingresos. Según dispuso la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirilo, a través de la Resolución 7/2024, publicada en el Boletín Oficial, se trata de un fuerte incremento en el precio mayorista, que impactará solamente sobre los usuarios residenciales que están catalogados como "Nivel 1" de la segmentación, que representa aproximadamente a un 30% del total de los hogares, y que renunciaron o no pidieron los subsidios a la energía.
Mientras tanto, "para evitar impactos bruscos", especifica la resolución, continuará por tres meses más, hasta mayo, el congelamiento para los usuarios de "Nivel 2" (ingresos bajos) y de "Nivel 3" (ingresos medios), "hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor". Estos segmentos mantendrán más del 90% del costo con la subvención estatal.
En la disposición, el Gobierno enumeró una larga lista de motivos que lo llevaron a tomar la decisión de subir el precio mayorista, entre los que se destacan la política de la gestión de Alberto Fernández de, aseguran, “no transparentar los costos reales del suministro eléctrico, provocando graves trastornos en el crecimiento y funcionamiento del sistema".
LT
