Las "contradictorias" metas con el FMI: atender a los sectores vulnerables con superávit y caída del PBI

Tras cerrar la séptima revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional publicó el staff report, una "hoja de ruta" en donde, entre otros aspectos de la economía en general y del programa en particular, analizó las metas y los objetivos del gobierno de Javier Milei en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, para los analistas hay aspectos que son "contradictorios", considerando las propias variables desarrolladas por el organismo y la política económica que busca llevar adelante la gestión de La Libertad Avanza.

Es que el Directorio Ejecutivo del organismo respaldó el que catalogó como "el ambicioso plan de consolidación fiscal", con una meta de superávit primario del 2% del PBI en 2024, implementado desde el ministerio de Economía por Luis Caputo.

El mismo, según detalló el escrito del Fondo, "se centra en el establecimiento de un fuerte ancla fiscal", con un "gran ajuste inicial de alrededor de 5 puntos del PBI" este año, junto a "acciones clave para reconstruir las reservas, impulsar la balanza comercial, corregir grandes y amplios desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del banco central y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado".

Sin embargo, en el informe se asegura que "también prevé la ampliación de la asistencia social para proteger a los más vulnerables", algo que el FMI considera "necesario" dada la "delicada situación social" y que, aclara, "los esfuerzos de estabilización tardarán en materializarse".

Es que el propio organismo sostiene que, mientras esto se lleva adelante, la Argentina sufrirá una contracción del PBI del 2,8% en 2024 y un fuerte crecimiento de la inflación en el corto plazo, con un IPC que, en diciembre pasado, alcanzó el 25,5%, la cifra más alta en tres décadas. 

Estas variables, sumadas al ajuste en el gasto público para alcanzar la meta fiscal, tendrán, según los expertos, impacto en el poder adquisitivo, con salarios reales "un 23% por debajo de los niveles del 2016", según expresa el trabajo del FMI, y en los niveles de pobreza, actualmente en 40,1%, según datos del INDEC del primer semestre del 2023, y con proyecciones al alza para el cierre del año pasado y los seis meses iniciales del año.

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"Objetivos contradictorios"

En base a esto, y para el Director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, "está claro que los objetivos son contradictorios para la política económica de este gobierno" ya que "no es posible pensar en que haya una mejora en el gasto social y, a la vez, una mejora en el resultado fiscal porque, justamente, la licuación del gasto social es buena parte de la reducción del déficit fiscal".

"Las jubilaciones, los planes sociales y el empleo público están perdiendo poder adquisitivo. El sector privado también, pero justamente eso no es gasto público para el Gobierno. Entonces parte del objetivo de este paquete de medidas es reducir el poder adquisitivo de los salarios para tener una contracción económica que modere la demanda de importaciones y, eventualmente, moderar la inflación, algo que es muy difícil que ocurra mas allá de las expectativas del Ejecutivo", dijo, en diálogo con PERFIL.

A su vez, sostuvo que "es poco probable que el equilibrio fiscal se obtenga" ya que "estaríamos hablando, con bastante diferencia, del mayor ajuste fiscal en la historia moderna mundial" sino que, también, la "recesión también juega en contra a partir de la menor recaudación tributaria" a partir, entre otras, de una caída del consumo.

Por su parte, Manuel Cerdan, analista de Invecq, coincidió en que "la consolidación fiscal depende más que nada de la licuación del gasto, que va a afectar principalmente a las jubilaciones". Esto es relevante considerando que la propia Kristalina Gueorguieva pidió "salvaguardar el valor real de las pensiones". En la actualidad, el haber mínimo es de $105.713, apenas por arriba de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), de $77.890 en enero, y muy por debajo de la Canasta Básica Total, de $160 mil, que mide el índice de pobreza.

Mientras que el economista y docente universitario, Pablo Tigani, fue contundente al afirmar que "una cosa son las metas, otra cosa son los objetivos y otra, la realidad". "Cuando vos tenes una economía que se esta desacelerando, desde diciembre, a una velocidad impresionante, entrando en una recesión de una profundidad inmensa, es muy difícil mantener la recaudación, por lo que el esfuerzo fiscal, por el lado del gasto, está en riesgo de no ser útil mientras, en el medio, existe la posibilidad de un estallido social de magnitud", expresó.

Esto es algo que puede suceder, tal y como reconoció el propio Fondo Monetario Internacional, en caso de que no haya una asistencia "adecuada y bien focalizada" en medio del panorama adverso. "No se pueden descartar los riesgos de malestar social", remarcó.

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En las últimas semanas, esto se pudo ver materializado, por mencionar, en las calles del Congreso Nacional, con el reciente paro general por parte de la CGT y las movilizaciones en el marco del debate en Diputados del proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. 

Por ello, en este marco, el FMI pidió "medidas anticipadas y simultáneas para mitigar las consecuencias" del ajuste. Aunque, en el medio, reveló que el Gobierno aplicaría, desde febrero, aumentos del 200% en las tarifas de electricidad y del 150% en las del gas. Esto, mientras busca reducir los subsidios energéticos en 0,5% del PBI, lo que no es más que otro reflejo de las discrepancias planteadas por los expertos entre los objetivos consensuados y el contexto que vive el país y, sobre todo, los argentinos.