Dentro de una semana, el Gobierno cumplirá el primer aniversario de su gran triunfo político que fue el resultado de las elecciones PASO del 11 de agosto de 2019.
La siguiente jornada financiera fue la de la sorpresa y la corrida de los ahorristas e inversores hacia los pocos salvavidas para mantenerse a flote: activos dolarizados seguros. Una devaluación de facto de 30%, un acto fallido del mismo presidente Macri retando a los votantes y una certeza: el próximo Presidente sería Alberto Fernández.
Habiendo sido el endeudamiento un tema central en la campaña electoral, llamó la atención que recién seis meses más tarde se visibilizó el inicio de la negociación que ayer pareció coronarse con un acuerdo de hecho con los principales acreedores.
Quizás fue necesario un trabajoso acuerdo interno en la coalición gobernante antes de sentarse a la mesa con los representantes de los acreedores. Lo que al principio era una operación compleja por la atomización de tenencias, con el transcurso del tiempo se fue simplificando por las compras que los fondos más grandes fueron realizando y, algo esencial, el diálogo se transformó en una normalidad y no en la excepción.
Con la certeza de un nuevo horizonte consensuado con los bonistas, queda todavía la renegociación del principal acreedor institucional de la Argentina que es el Fondo Monetario Internacional.
Economistas destacan el acuerdo pero advierten que ahora se deberán corregir los números macro
Con las tasas más bajas y más permeable a la presión política, se suponía que la buena sintonía de la cúpula del instituto facilitará la otra pata de este acuerdo, luego del cuál el ministro Guzmán se habrá sacado, finalmente, la pesada mochila con la que cargó desde que asumió.
Pero, el Gobierno, con él u otro ministro, deberá, ahora sí, contradecirse una vez más y diseñar un plan creíble para ponerle pies sobre la tierra a la emisión de los nuevos bonos que cristalizan el acuerdo.
En medio de la crisis del Covid y con una caída de todos los indicadores económicos, las tareas para el hogar son clave para darle “sustentabilidad” a lo firmado y no sea una sucesión de medidas convenientes, pero inconsistentes entre sí:
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Reelaborar un nuevo presupuesto para el año 2020 y empezar a pensar el del año 2021, habida cuenta que ya se sabe cuánto deberá pagarse a los acreedores de todo tipo. En esta ley de leyes deberían confluir los demás planes y las mencionadas “60 medidas” para dotarlas de un alcance sistemático.
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Un plan fiscal y de emergencia para lo que resta del año, con una caída de la actividad económica y el empleo, recaudación fiscal disminuido en los tres niveles (nacional, provincial y hasta municipal). La instauración de un nuevo impuesto
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Definir la relación con las provincias: previendo cubrir los baches con los ATN como hasta ahora, deberá planificarse para no estar corriendo detrás de cada pedido. Sobre todo, considerando que las partidas salariales de educación, seguridad, justicia y salud; son todas actividades esenciales.
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Replanteo de la política de subsidios a los servicios públicos: con el congelamiento de tarifas, el crecimiento de los costos interno y las necesidades de inversión, la variable de ajuste podría recaer en la cuantía del subsidio y su impacto fiscal.
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El agujero previsional: dado que constituyen más del 50% del gasto público nacional, la decisión de qué tipo de ajuste se hará, también tiene un alto impacto en la cuenta de la Tesorería, mirada muy de cerca por los auditores de los acreedores.
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Reprogramación de la obra pública: inevitable consecuencia de una restricción real al gasto, habrá que decidir postergaciones y cambio de prioridades para poder cumplir ordenadamente con la asignación de fondos y la financiación ya comprometida de parte de organismos internacionales.
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Asistencia a empresas: la muleta de los ATP debería redefinirse para poder mantener la actividad y el trabajo en PYMEs, agobiadas ya sea como préstamos a tasa cero o subsidios directos. También para medir su impacto fiscal y se vinculará con la postergación de plazos en la reforma de leyes concursales.
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Empleo: la eventual reconversión del IFE en un plan de ingreso universal, tendría que ser analizado para configurar el acceso y el monto involucrado, como su coordinación con las demás prestaciones sociales.
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Programación monetaria 2020: lejos de la utopía de la emisión cero, en este caso se trata de un control de daños, ya que la emisión fue la única vía para cerrar la brecha ante la emergencia. De ella saldrían la previsión de ciertas variables clave, como la tasa de interés, la refinanciación de letras de corto plazo y el valor del dólar.
